​Sin embargo, el transcurso del siglo XXI ha ido desarticulando esta premisa. La religión ha demostrado no ser un vestigio arcaico en vías de extinción, sino una fuerza viva, maleable y de un inmenso poder estructurante. Su resurgimiento la ha posicionado como un vector determinante que moldea la política exterior, siendo inclusive un justificador de los conflictos contemporáneos, redefiniendo las identidades culturales. Para comprender este fenómeno, es imperativo abandonar la mirada puramente materialista y adentrarse en las complejas dinámicas del poder simbólico, la psicología de la violencia y las identidades civilizacionales.

Escrito por Franco Nahuel Nunes Insaurralde*

​El paradigma macroestructural: Huntington y el mapa de las civilizaciones

​Un punto de partida ineludible para cartografiar el papel de la religión en la era contemporánea es el marco teórico propuesto por Samuel P. Huntington. A principios de la década de 1990, Huntington desafió el optimismo liberal al diagnosticar que las fuentes fundamentales de conflicto en el nuevo orden mundial ya no serían primordialmente ideológicas ni económicas, sino de carácter profundamente cultural (Huntington, 1993). En su análisis, la humanidad post-Guerra Fría se divide en grandes bloques o civilizaciones —tales como la occidental, la islámica, la hindú, o la ortodoxa—, postulando que la religión constituye el núcleo duro e inmutable que define a cada una de estas grandes identidades colectivas, siendo estas diferencias mucho más profundas y menos transigibles que las diferencias políticas tradicionales (Huntington, 1996).

​ Por lo tanto, el autor pronosticó que los conflictos del futuro estallarían en las llamadas “líneas de falla” (o fault lines), aquellas fronteras geográficas y simbólicas donde las grandes placas tectónicas civilizacionales colisionan(Huntington, 1993).

​Si bien la tesis de Huntington proporcionó un mapa macroscópico que pareció cobrar una vigencia aterradora tras los atentados del 11 de septiembre y las posteriores guerras en Medio Oriente, su enfoque presenta limitaciones analíticas al tratar a las civilizaciones como bloques monolíticos destinados fatalmente a chocar.

​La anatomía de la violencia sagrada: De la disputa terrenal a la “guerra cósmica”

​Cuando se observa la ferocidad de los conflictos bélicos contemporáneos, el extremismo radical y la proliferación del terrorismo asimétrico, el mapa estático de las civilizaciones de Huntington resulta insuficiente para explicar el resorte psicológico y moral de los combatientes. Para entender verdaderamente el papel de la religión en las guerras modernas, es necesario descender al nivel de la motivación interna.

Es en este punto donde el análisis de Mark Juergensmeyer se vuelve fundamental. Su estudio exhaustivo sobre la violencia religiosa desentraña el mecanismo mediante el cual la religión dota a los conflictos terrenales de una justificación absoluta, volviéndolos innegociables.

​El académico americano argumenta que la religión, por sí sola, rara vez es la causa fundacional de un conflicto armado. Las guerras y los actos de terrorismo suelen tener raíces políticas e históricas muy palpables: disputas por territorio, asimetrías económicas crónicas, exclusión política o humillaciones postcoloniales. Sin embargo, cuando estos agravios terrenales y mundanos son codificados a través de un lenguaje teológico, el conflicto sufre una mutación psicológica radical y se convierte en lo que él denomina una “guerra cósmica” (Juergensmeyer, 2000).

​En una guerra cósmica, el enfrentamiento político tradicional se eleva a una batalla metafísica entre las fuerzas del bien absoluto y el mal absoluto. Esta sacralización del conflicto tiene consecuencias devastadoras y tangibles para la paz internacional ya que al insertar a Dios en la disputa territorial o política, el enemigo deja de ser un simple adversario humano con el que se puede negociar un alto el fuego, para convertirse en una encarnación demoníaca que debe ser erradicada a cualquier costo (Juergensmeyer, 2000).

​Además, el autor explica de manera contundente que esta dinámica teológica anula por completo los mecanismos diplomáticos occidentales tradicionales.

Así, la religión dota de un inmenso poder simbólico y motivacional a grupos marginados o actores no estatales, justificando el terrorismo o el sacrificio extremo no como un acto de crueldad irracional, sino como un mandato sagrado, una defensa legítima de la fe y un deber moral (Juergensmeyer, 2000).

​La profundidad estratégica: La religión como poder geopolítico y de Estado

​Mientras Huntington observa a la religión como una falla tectónica incontrolable que empuja a las civilizaciones al abismo del choque, y Juergensmeyer la analiza como el combustible psicológico que justifica la violencia asimétrica extrema, Ahmet Davutoğlu introduce una dimensión diametralmente opuesta, racional y profundamente estatal

Davutoğlu no observa a las civilizaciones y sus identidades religiosas únicamente como condenas bélicas, sino como zonas naturales de influencia y bases orgánicas para la proyección de poder nacional. ​A través de su aclamada doctrina de la “profundidad estratégica” sostiene que el peso, la relevancia y la hegemonía de un Estado en la política internacional no se miden exclusivamente por su Producto Interno Bruto o su número de ojivas nucleares (Davutoğlu, 2001). El verdadero poder geopolítico emana de la capacidad de un Estado para capitalizar su ubicación geográfica cruzada con su acervo histórico-cultural y religioso. Los Estados que son herederos de grandes imperios o antiguas civilizaciones poseen una ventaja geopolítica intrínseca —una profundidad estratégica— si logran articular su política exterior contemporánea en torno a esa identidad compartida con sus regiones vecinas.

​Bajo su prisma teórico, la religión abandona su rol de mera fuerza espiritual incontrolable y se transforma en un sofisticado instrumento de soft power. Lejos de encerrarse en fronteras rígidas a la espera del fatal choque descrito por Huntington, los Estados modernos pueden —y deben— utilizar su herencia religiosa común para reingresar en sus antiguos territorios de influencia. A través de la diplomacia cultural, la financiación de instituciones religiosas, la educación compartida y los lazos espirituales, un Estado puede tejer alianzas comerciales sólidas, mediar en conflictos regionales y expandir su hegemonía sin necesidad de disparar un solo misil (Davutoğlu, 2001).

​En sus trabajos, el ex primer ministro turco (2014-2016) sostiene que la identidad religiosa civilizacional, cuando es administrada estratégicamente y con frialdad desde las cancillerías gubernamentales, es una herramienta de cohesión y un activo geopolítico de primer orden. Los líderes estatales, por lo tanto, no son meros rehenes de pasiones religiosas o de líneas de falla deterministas, y son, en cambio, actores sumamente racionales que instrumentalizan la teología y la historia para fortalecer su posición en el tablero de ajedrez mundial, redibujando alianzas, proyectando poder territorial y desafiando la hegemonía tradicional de las superpotencias laicas.

Conclusión

​El papel de la religión en el siglo XXI desafía cualquier categorización simple y rechaza la etiqueta de fenómeno irracional o periférico. Lejos de haber sido aplastada por el avance de la modernidad secular, la religión ha demostrado una capacidad de adaptación asombrosa, convirtiéndose en el lenguaje dominante del conflicto y el poder contemporáneo. Como se extrae de la conjunción de estos grandes marcos analíticos, la fe y la identidad cultural operan de manera simultánea en múltiples niveles de la realidad humana e institucional.

​Funciona simultaneamente a escala macroscópica como la gran falla tectónica que delimita identidades a nivel global y redibuja los mapas de alianzas tras el fin de la Guerra Fría (Huntington, 1993, 1996); opera a nivel microscópico y psicológico como el combustible discursivo que eleva los reclamos políticos a intransigentes guerras cósmicas, justificando la violencia asimétrica y el terrorismo al amparo de un mandato divino (Juergensmeyer, 1987, 2000), y, al b mismo tiempo, en el más alto nivel de la administración pública, la religión es moldeada por los Estados como una herramienta racional de poder blando y profundidad estratégica para recuperar esferas de influencial (Davutoğlu, 1993, 2001), por lo que quedarse con una sola arista de análisis resultaría en un diagnóstico erróneo para la geopolítica necesaria en el siglo XXI.

​Bibliografía

Davutoğlu, A. (1993). Alternative Paradigms: The Impact of Islamic and Western Weltanschauungs on Political Theory. University Press of America.

​Davutoğlu, A. (2001). Stratejik Derinlik: Türkiye’nin Uluslararası Konumu [Profundidad Estratégica: La posición internacional de Turquía]. Küre Yayınları.

​Huntington, S. P. (1993). The Clash of Civilizations?. Foreign Affairs, 72(3), 22-49.

​Huntington, S. P. (1996). The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. Simon & Schuster.

​Juergensmeyer, M. (1987). The Logic of Religious Violence. En D. C. Rapoport (Ed.), Inside Terrorist Organizations (pp. 172-193). Columbia University Press.

​Juergensmeyer, M. (2000). Terror in the Mind of God: The Global Rise of Religious Violence. University of California Press.

* Estudiante avanzado de la Licenciatura en Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Católica Argentina

Artículo editado por Ámbar Ibarra.

Artículo coordinado por Candelaria Bechara

Esta exclusión suele leerse, de manera apresurada, como producto inevitable de una cultura inmodificable. Sin embargo, reducirla a un “choque de civilizaciones” oculta el verdadero problema: la instrumentalización política del dogma para perpetuar un modelo de control.

Proponemos abordar esa tensión a partir de tres dimensiones: distinguir la ideología de una facción político-militar de la complejidad histórica y política de un pueblo; cuestionar los discursos occidentales que, bajo la premisa de la liberación de las mujeres, reproducen lógicas paternalistas y habilitan sus usos políticos; y por último, reconocer que la resistencia femenina, desde las aulas clandestinas hasta la disputa por el sentido de la propia fe, ya está ocurriendo.

Escrito por Zoe Camargo Sánchez*¹ y Sasha Serrano*²

¿La modernidad exige una separación entre religión y política?

Analizar la relación entre religión y política exige ir más allá de lo que un culto prescribe en sus textos sagrados. Lo decisivo no es el dogma abstracto, sino quien la interpreta, desde que posición de poder y con qué consecuencias prácticas para los derechos de los ciudadanos.

Para ordenar esa discusión, el sociólogo Jose Casanova (1994, p. 21) nos propone desagregar el concepto de secularización en tres dimensiones independientes: la disminución de las creencias y prácticas religiosas, el repliegue de la religión a la esfera privada y la autonomía del Estado, la economía y la ciencia frente a las instituciones religiosas.

Separar estos procesos tiene una consecuencia decisiva: el aspecto moderno de una sociedad deja de medirse por el lugar que ocupa la religión en la vida pública. Las diferencias reales entre sociedades ya no radican en el grado de religiosidad de su población, sino en el vínculo que establece el culto con las estructuras de poder.

Este enfoque ofrece, además, un criterio para evaluar las prácticas religiosas en las democracias contemporáneas. Para Casanova (1994), un discurso o una práctica religiosa puede ser legítimamente cuestionada desde principios democráticos, pero nunca por el mero hecho de tener una fuente religiosa. Lo que se cuestiona, más bien, son sus efectos políticos y sociales, fuertemente ligados a la protección de las minorías y el pluralismo.

Cuando una interpretación religiosa se convierte en política oficial de Estado, como ocurre bajo el régimen talibán en Afganistán, corre el riesgo de dejar de ser parte de la identidad y expresión unánime de una sociedad; para pasar a constituir una forma específica de dominación autoritaria donde la religión opera como aparato de control político.

El caso afgano

Los talibanes consisten en un movimiento político-religioso islamista que surgió en Afganistán a comienzos de la década de 1990, en el contexto de la guerra civil posterior a la retirada soviética. Su nombre deriva del término ṭālib, que en pastún significa “estudiante”, en referencia a sus orígenes en escuelas religiosas islámicas.

Este régimen gobernó Afganistán entre 1996 y 2001, sentando las bases de un sistema de exclusión de género que en la actualidad se reafirma. En agosto de 2021 retornaron al poder tras la retirada de las tropas estadounidenses y aliadas después de veinte años en el país.

Aunque el movimiento surgió principalmente de comunidades pastunes y fundamenta su autoridad en una interpretación religiosa específica, sus posiciones no representan necesariamente al conjunto de la población afgana ni a la totalidad de las comunidades musulmanas. Desde entonces, la exclusión de las mujeres de la vida pública escaló abruptamente: desde la educación y el trabajo, hasta el espacio público.

En septiembre de 2021, el régimen cerró el Ministerio de Asuntos de la Mujer y lo reemplazó por el Ministerio para la Promoción de la Virtud y la Prevención del Vicio, que funciona como policía moral y aplica buena parte de los edictos dirigidos a las mujeres. Un informe del Instituto de Paz de Estados Unidos (USIP, 2024) contabilizó más de 118 decretos restrictivos contra las mujeres y niñas en los primeros tres años de gobierno. Las niñas quedaron fuera de la escuela secundaria desde 2021 y de manera formal desde marzo de 2022. Y en diciembre de ese año se prohibió el ingreso de las mujeres a las universidades.

En 2024, el proceso dio un salto cualitativo. En agosto de ese año, el ministerio publicó una Ley de la Virtud y Vicio compuesta por 114 páginas y 35 artículos, la cual prohíbe la exposición de la voz y el rostro de las mujeres en espacios públicos, siendo ratificada por el líder supremo Hibatullah Akhundzada. El punto clave de esto es, que lo que hasta entonces eran decretos dispersos se transformaron en un sistema legal centralizado con un organismo coercitivo exclusivo para aplicarlo.

Los efectos sobre la educación son plenamente mensurables: Según la UNESCO (2026), 2,4 millones de niñas no tienen acceso a la educación secundaria y la cifra podría acercarse a cuatro millones en 2030 si la prohibición se mantiene, frente al casi millón de niñas que estaban matriculadas en 2021.

Los dirigentes talibanes sostienen que estas normas se apoyan estrictamente en su interpretación de la Sharia. Esta lectura, sin embargo, no es unánime ni incuestionada: diversos clérigos islámicos han criticado públicamente las restricciones, y el régimen mantiene las prohibiciones pese a los reclamos de Naciones Unidas, organizaciones humanitarias y múltiples países de mayoría musulmana, a los que responde catalogando la situación como un asunto interno.

Al ser medidas aprobadas discrecionalmente por el líder supremo y ejecutadas por un Ministerio de la Moral, se evidencia como una interpretación teleológica particular y se impone coactivamente desde el aparato estatal, configurando una clara instrumentalización política del dogma.

Ahora bien, la violacion de derechos humanos en el territorio afgano no opera en el vacío global; sino que interpela directamente a una comunidad internacional que observa y juzga. Lo que nos lleva a preguntarnos es:

Contra el esencialismo y la narrativa salvacionista

A partir de la retirada de Estados Unidos y el retorno al poder de los talibanes, la situación de las mujeres afganas ha sido foco de la agenda mediática occidental.

Es moneda corriente encontrarse con posteos en redes sociales vinculados a las condiciones de vida de estas niñas y mujeres. Muchas de estas publicaciones alternan imágenes entre el antes y el después del régimen talibán, mostrando fotografías de mujeres con el rostro descubierto acudiendo a la universidad o ejerciendo alguna profesión, todo acompañado por canciones conmovedoras que intensifican la escenificación dramática.

Ahora bien, detrás de la difusión de este contenido mediático que, a simple vista, parece sólo querer visibilizar la dura y cruel realidad de un país, se esconde una narrativa salvacionista en la que la mujer musulmana debe ser rescatada. Este discurso no es nuevo, sino que se trata de una herramienta política utilizada por décadas para llevar adelante proyectos coloniales. Un ejemplo de ello se identifica cuando el Gobierno de Estados Unidos manifestó publicamente que “la lucha en contra del terrorismo es también una lucha por los derechos y la dignidad de las mujeres” (The White House, 2001, traducción propia).

Esta forma de representar a las mujeres afganas se encuentra dentro de un entramado de prácticas y discursos que Edward Said califica como orientalismo. Said (2019) sostiene que “la forma en la que se aborda a Oriente se basa exclusivamente en el lugar especial que este ocupa en la experiencia occidental” (p.1). Es decir, Oriente juega para Occidente el papel del “otro”, pero ese “otro” no es más que una colección de sueños, imágenes y vocabulario que tienen que ver más con el imaginario occidental a que con la idiosincrasia oriental.

Por supuesto que estas representaciones no son neutrales, sino que están atravesadas por relaciones históricas de poder y contribuyen a legitimar formas de dominación e intervención. En este marco, las imágenes de las mujeres afganas como víctimas de una cultura esencialmente opresiva pueden reproducir una mirada que reduce la complejidad de sus sociedades y sitúa a Occidente en el lugar de quien observa, juzga y eventualmente rescata.

El problema no reside en el ímpetu de visibilizar la pérdida progresiva de los derechos de las afganas, sino en seguir difundiendo creencias que sobredeterminan el rol de las mujeres a cuestiones relativas a su cultura y religión, concluyendo que su emancipación sería imposible hasta que no se “liberen” del islam. Entonces, a pesar de que en gran parte el apartheid de género está vinculado con la interpretación que los talibanes hacen del Corán y de su carácter intolerante y segregacionista, no podemos ignorar los factores históricos, políticos y sociales que propiciaron la instalación de esas medidas.

En este sentido, como sostiene Carolina Bracco, Dra. en culturas Árabe y Hebrea (2021), “es necesario historizar la violencia de género por fuera del análisis coyuntural —apurado, dicotómico— y de las miradas sesgadas que absuelven a una amplia gama de perpetradores, así como las complicidades y silencios históricos evidenciados en las representaciones contemporáneas de la violencia de género en Afganistán” (p.8).

Repostear publicaciones sin informarse es también una forma de ser cómplice de esta narrativa y de sus posibles usos políticos. Además, la noción de la mujer afgana como alguien que necesita ser salvada es profundamente problemática y hasta incluso peligrosa, ya que “cuando salvas a alguien, das a entender que la salvas de algo, pero, al mismo tiempo, la estás conduciendo hacia otra cosa (...) Los proyectos destinados a salvar a otras mujeres dependen de y refuerzan un sentido de superioridad por parte de los occidentales; una forma de arrogancia que merece ser cuestionada. (Abu-Lughod, 2002, pp. 788, traducción propia).

Cuestionar esta narrativa no significa negar la violencia ejercida contra las mujeres afganas. Por el contrario, implica reconocer la gravedad de esa situación sin reducirla a una supuesta incompatibilidad entre el islam y la emancipación femenina, ni convertir el sufrimiento de estas mujeres en una justificación para futuras formas de dominación. En definitiva, visibilizar una injusticia también exige preguntarse desde dónde la miramos, qué explicaciones construimos sobre ella y a qué intereses pueden servir esas representaciones.

Resistencia y educación alternativa

A pesar de que las restricciones respecto a los derechos de las mujeres cada vez sean más preocupantes, podemos encontrar distintas iniciativas tanto por parte de organizaciones internacionales pero sobre todo por activistas afganas que buscan resistir ante el arrebato de derechos por parte del régimen talibán.

Según la UNESCO (2025), entre las distintas formas de resistencia encontramos redes clandestinas de educación alternativa por medio de escuelas secretas e improvisadas en línea. También, agencias de Naciones Unidas como la UNESCO, UNICEF y el Banco Mundial, junto con otras ONGs internacionales, coordinan el Marco de Apoyo al Sector Educativo (AESSP) y el clúster de educación para sostener servicios básicos. Es menester mencionar que muchas de ellas han sufrido recortes en sus presupuestos, perjudicando la labor de las mismas.

En relación al activismo, encontramos desde mujeres que denuncian el sistema de exclusión en conferencias internacionales, hasta docentes y estudiantes que siguen reclamando por su derecho a la educación en el territorio, pero que por la intimidación, el acoso y la restricción, actúan con cuidado y generalmente en anonimato.

Entre las mujeres activistas en el ámbito público, podemos mencionar a Shabana Basij-Rasikh, cofundadora y presidenta de SOLA, escuela fundada en Kabul que fue trasladada a Ruanda tras el regreso de los talibanes. Shabana no solo ayudó a trasladar a toda la comunidad escolar (256 personas), sino que hasta hoy en día continúa llevando decenas de chicas desde Afganistán y prepara un programa online para aquellas que no puedan asistir (Blanco, 2023). También encontramos a Pashtana Durrani, fundadora de LEARN Afganistán, una organización sin fines de lucro, donde se cargan materiales didácticos y planes de cursos a los que se accede sin necesidad de conexión a internet (Cifuentes, 2021).

De esta forma confirmamos entonces que las mujeres afganas asumen un papel central respecto a la defensa del derecho a la educación, a pesar de las restricciones impuestas por el régimen.

En definitiva, estas iniciativas clandestinas no deben leerse como una actitud heroica ni definitiva, sino como formas de resistencia cotidiana ante la asfixia de un régimen totalitario. Al sostener la educación en la clandestinidad, las mujeres afganas asumen un costoso rol político: desafían el control talibán, evidenciando que su emancipación no es un regalo occidental, sino una disputa tensa y desigual dada desde el interior de su propia realidad.

Entonces, ¿debemos salvar a las afganas?

Reflexionar críticamente sobre la situación de las mujeres afganas exige rechazar cualquier falsa disyuntiva. No se trata de elegir entre denunciar el autoritarismo teocrático del regimen talibán o cuestionar el sesgo de las narrativas occidentales; ambas dimensiones operan de manera simultánea y requieren una mirada compleja. Por un lado, la conversión de una interpretación religiosa en politica oficial del Estado demuestra que la opresión de genero no es la expresión cultural de un pueblo, sino el producto de una dominación coactiva que instrumentaliza el dogma para consolidar el control politico. Por el otro, subsumir esa realidad en el mito de “la mujer musulmana pasiva que necesita ser rescatada” invisibiliza las organizaciones locales, descontextualiza el conflicto y reproduce miradas paternalistas.

Frente a la asfixia institucional y la pretensión totalitaria de borrar la presencia femenina del espacio publico, las mujeres afganas no necesitan ser salvadas por una tutela exterior. Sin embargo, la violación de sus derechos debe interpelar a toda una comunidad internacional que, en vez de articular un respaldo activo, sostener el asilo, y condenar diplomáticamente, ha aprendido a convivir con el régimen talibán.

En última instancia, la resistencia ya está ocurriendo. Desde las aulas clandestinas y las redes digitales hasta la disputa por el sentido de la fe, son las propias mujeres afganas quienes lideran la defensa de sus derechos. Reconocerlas como actoras políticas indispensables implica que la comunidad internacional acompañe ese proceso desde el respeto, la escucha y un compromiso genuino, erradicando por completo toda pretensión de convertirse en sus salvadores.

*¹ Zoe Camargo Sánchez: Estudiante avanzada en Derecho - Universidad Nacional de Córdoba

*² Sasha Serrano: Licenciada en Relaciones Internacionales - Universidad Católica de Córdoba

Editado por: Ambar Ibarra

Coordinado por: Candelaria Bechara

Referencias bibliográficas

Abu-Lughod, L. (2002). Do Muslim women really need saving? Anthropological reflections on cultural relativism and its others. American Anthropologist, 104(3), 783–790.

Bracco, C. (19 de agosto de 2021) ¿Tenemos que salvar a las afganas? Revista Anfibia. https://www.revistaanfibia.com/afganistan-mujeres/

Blanco, P. R. (26 de septiembre de 2023). Shabana Basij Rasikh, activista afgana: “Mi familia se arriesgó y me envió a una escuela secreta vestida de niño”. El País. https://elpais.com/planeta-futuro/2023-09-26/shabana-basij-rasikh-activista-afgana-mi-familia-se-arriesgo-y-me-envio-a-una-escuela-secreta-vestida-de-nino.html

Casanova, J. (1994, p.21). Public religions in the modern world. University of Chicago Press.

Cifuentes, C. (23 de agosto de 2021). Pashtana Durrani, profesora y activista afgana: “Los talibanes no nos han aceptado como parte de la civilización”. La Tercera. https://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/pashtana-durrani-profesora-y-activista-afgana-los-talibanes-no-nos-han-aceptado-como-parte-de-la-civilizacion/OLJAZUPRTFDNBICXNN4V3AGWF4/

Said, E. W. (2019). Orientalism. Penguin Classics.

The White House. (17 de noviembre de 2001). Radio address by Mrs. Bush. https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2001/11/text/20011117.html

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. (2025). Banned from education: A review of the right to education in Afghanistan. https://www.unesco.org/en/articles/banned-education-review-right-education-afghanistan

United States Institute of Peace [USIP]. (2024). Afghanistan context / restrictive decrees report. USIP.

Escrito por Lic. Agustín Chiaffredo1

Los mayores disturbios se registraron en Francia, Italia y Albania; a su vez, en Bélgica, España y Portugal también se manifestaron las personas. Aunque los movimientos tienen orígenes diferentes, comparten un denominador común: estudiantes, sindicatos, inquilinos y transportistas encabezan buena parte de las movilizaciones. La tensión que atraviesa este artículo surge de la dicotomía entre mayores exigencias de seguridad y demandas de protección social. En ese marco, la pregunta es: ¿en qué medida las exigencias geopolíticas internacionales tensionan las capacidades de los Estados europeos para sostener el Estado de bienestar?

Los casos de Francia, Bélgica, Italia, España y Portugal fueron seleccionados porque allí las protestas adquirieron mayor magnitud y muestran causas distintas, aunque comparables.

El retorno de la seguridad como prioridad

Desde 2022 Europa atraviesa una guerra que modificó el equilibrio económico construido desde los años noventa. La Unión Europea importaba de Rusia más del 40% del gas que consumía; las sanciones y la necesidad de dejar de financiar a un país enfrentado con un aliado obligaron a buscar nuevos proveedores más costosos. Noruega pasó a liderar las exportaciones de gas natural y Estados Unidos las de Gas Natural Licuado, del cual Europa compra más del 53% de sus importaciones.

A ello se sumaron la crisis del Estrecho de Ormuz y la escalada en Bab el-Mandeb, que interrumpieron alrededor del 20% del suministro mundial de energía, elevando aún más los precios.

La presión estadounidense, particularmente el pedido de Donald Trump de elevar el gasto en defensa al 5% del PIB, profundizó el debate presupuestario europeo. Bajo una lectura realista inspirada en Morgenthau, algunos gobiernos interpretan que más defensa significa más seguridad. Mientras que otros sostienen que preservar el Estado de bienestar continúa siendo indispensable para garantizar la estabilidad interna.

En el plano fiscal, Portugal fue el único de los países analizados que mantuvo superávit desde el año 2023. Bélgica presenta el mayor déficit (-5,2% del PIB), seguida por Francia (-5,1%), Italia (-2,9%) y España (-2,2%) (Eurostat, 2026). Estos desequilibrios ayudan a explicar por qué las manifestaciones adquieren mayor intensidad precisamente donde la situación económica resulta más frágil.

El dilema de las prioridades públicas

En la Unión Europea, la protección social absorbe cerca del 20% del PIB y el 40% del gasto público (Yanatma, 2026). Las pensiones son su mayor componente —superan el 40% del gasto social en Francia, España e Italia—, seguidas por la sanidad.

Los países analizados destinan entre el 22% del PIB en Portugal y el 31% en Francia a prestaciones sociales. Francia y Bélgica combinan déficits elevados con tensiones fiscales; Italia arrastra la mayor deuda pública; España y Portugal muestran mejores indicadores fiscales, aunque persisten desafíos sociales, como el desempleo español del 10,5%.

En 2025, la OTAN acordó elevar la inversión en defensa al 5% del PIB para 2035. Para la Eurozona, pasar del 2% al 3,5% implicaría más de 45.000 millones de euros adicionales por año (ESM, 2026). El gasto europeo en defensa subió de 418.000 a 454.000 millones de euros (+8,6%) en un año; la inversión alcanzó niveles históricos y el empleo del sector creció un 20% entre 2021 y 2024.

El ESM denomina self-financing al retorno de parte del gasto militar mediante mayor producción, empleo y recaudación fiscal. Sin embargo, advierte que el efecto depende de cómo se financie: los impuestos laborales o el desplazamiento de inversiones de otros sectores pueden debilitar esa retroalimentación positiva.

Este proceso refleja un viraje hacia prioridades militares, impulsado por necesidades estratégicas y la presión estadounidense. En Francia, Bélgica e Italia, el aumento del gasto en defensa convive con tensiones sobre educación, transporte y otros servicios públicos.

Aquí vuelve a cobrar relevancia Morgenthau:

En un entorno internacional marcado por Ucrania, Medio Oriente, Ormuz, Bab el-Mandeb y el ascenso de China, la supervivencia estatal adquiere un peso creciente en la definición de prioridades.

Entonces ¿Qué pasa realmente?

Francia requiere un análisis más detallado: allí comenzaron las protestas y se registró la mayor escalada de violencia. Las movilizaciones empezaron el 17 de septiembre en el Liceo Saint-Exupéry de Créteil. Docentes denunciaban la falta de personal y estudiantes cuestionaban la selectividad universitaria y el deterioro educativo, en un contexto en el que PISA registró el peor desempeño francés desde 2000.

Las protestas se extendieron rápidamente e incorporaron sindicatos, trabajadores públicos, transportistas, docentes y sectores afectados por el costo de vida. Los chalecos amarillos reaparecieron en esta última ola.

El pico se alcanzó el 17 de octubre: más de 500.000 manifestantes en ciudades como París, Lyon, Marsella y Limoges; casi 2.000 detenidos; más de 500 policías heridos y ataques contra más de 3.000 comercios. También hubo daños en edificios históricos, como el ayuntamiento de Limoges.

El conflicto trascendió la cuestión educativa y expresó un rechazo político al gobierno de Emmanuel Macron, de cara a las presidenciales de 2027. El malestar se agrava por el bajo crecimiento, la elevada deuda, el déficit público y el encarecimiento energético: entre enero y octubre, la nafta subió un 30% y el diésel, un 46%. Además de que el presupuesto de 2026 sumó más de 6.000 millones de euros para Defensa, reforzando la percepción de competencia entre rearme y gasto social.

La expansión

Una vez iniciadas las protestas en Francia, la oleada se extendió hacia otros países europeos, aunque con reclamos particulares.

En España y Portugal, las movilizaciones se concentraron principalmente en la crisis de la vivienda y el encarecimiento del suelo residencial. En España, los manifestantes salieron a las calles en septiembre tras el desalojo de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años cuyo alquiler aumentó un 230% después de que un fondo de inversión adquiriera la propiedad. Falleció dos semanas después en el hospital.

El alquiler medio español se estima en 15 euros por metro cuadrado, casi el doble que en 2016, según Associated Press. Además, más del 25% de los inquilinos destinan alrededor del 40% de sus ingresos al alquiler. Ante la escalada del conflicto social, el presidente Pedro Sánchez anunció elecciones anticipadas para el 29 de noviembre.

En Italia, más de 10.000 personas se manifestaron en la Piazza Leonardo Da Vinci, en Milán, principalmente contra el gobierno de Meloni y la derecha política. El gobierno respondió desplegando más de 500 soldados para respaldar a los más de 5.000 policías presentes. Según la policía de Milán, la mayoría eran jóvenes, entre los que destacaban naturalizados de segunda generación, es decir, hijos de inmigrantes. Esto podría relacionarse con las políticas de Meloni orientadas a limitar el cupo de extranjeros en las escuelas y prohibir el velo islámico en esas instituciones.

Por su parte, los portugueses denuncian el encarecimiento de las viviendas y las dificultades económicas. Las rentas aumentaron un 124% en los últimos diez años, más del doble que el promedio europeo. Las protestas también cobraron impulso tras una reforma gubernamental que contempla facilitar los desalojos por falta de pago. Se prevé una manifestación en toda la península ibérica para el 11 de noviembre, junto con organizaciones españolas.

Finalmente, en Bélgica, la movilización del 17 de octubre respondió a recortes en educación, policía y gobierno federal. Las protestas, inicialmente pacíficas, derivaron en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. En Bruselas fueron arrestadas 150 personas, más de 30 por lanzamiento de proyectiles, y la mitad de estos últimos eran menores de edad. Los principales protagonistas fueron jóvenes y estudiantes que cuestionan el aumento de los costos educativos, las reformas que podrían limitar el acceso a la educación superior y los recortes presupuestarios.

¿Una crisis de legitimidad del Estado de bienestar?

Claus Offe, en Contradictions of the Welfare State (1984), examina las tensiones entre la organización capitalista de la economía, la intervención estatal y la necesidad de sostener la legitimidad política. Para este autor, el Estado de bienestar debe mantener las condiciones que permiten funcionar a la economía y, al mismo tiempo, responder a las necesidades sociales para conservar el apoyo y la estabilidad política (Some Contradictions of the Modern Welfare State, 1982). Desde esta perspectiva, la protección social busca reducir los conflictos de la sociedad capitalista y contener los riesgos sociales, contribuyendo a la paz de las democracias de posguerra.

Los elevados niveles de gasto público de los Estados analizados contribuyen a sostener ese orden social. Sin embargo, los recortes y las modificaciones presupuestarias pueden generar descontento entre los sectores más desfavorecidos. Los gobiernos deben equilibrar contradicciones persistentes, ya que

Esto no implica que toda protesta sea violenta. En sus primeras etapas, muchas movilizaciones fueron pacíficas y expresaron reclamos concretos; luego, algunos grupos más radicalizados las aprovecharon para manifestar su rechazo. La conocida afirmación de Offe resume esta contradicción:

“Capitalism cannot coexist with the welfare state, neither can it exist without the welfare state”.

La crisis de legitimidad se hace visible cuando el Estado no logra garantizar el acceso a la vivienda, se deterioran los servicios educativos, las políticas no resuelven conflictos y la sociedad pierde confianza en las instituciones. Estos fenómenos no son equivalentes ni ocurren en un orden fijo: se gestan a medida que el Estado pierde capacidad de respuesta.

¿Cómo sostener la seguridad externa sin debilitar la cohesión interna?

Los Estados analizados enfrentan la dicotomía entre seguridad externa y cohesión interna. Las protestas comparten preocupaciones materiales, como el costo de vida, las pensiones y el acceso a la vivienda, pero no constituyen un movimiento uniforme ni responden a una única causa. Comprender sus diferencias permite identificar los desafíos de los gobiernos europeos. A modo de interpretación, aunque el contexto internacional afecta a cada país de manera distinta, también contribuye a conectar las movilizaciones.

El índice de confianza de la OCDE (2026) refleja esa diversidad: Francia perdió 12 puntos desde 2023 y Bélgica, 6; Italia mantuvo su nivel, mientras que España y Portugal lo aumentaron. Por eso, las manifestaciones no pueden reducirse a un simple rechazo político. Aun así, más del 40% de los ciudadanos europeos identifica la inflación y el costo de vida como la principal prioridad que debería atender el Parlamento Europeo (2026), un denominador común entre las protestas.

La evidencia más clara de una posible competencia entre defensa y gasto social aparece en Francia y Bélgica. Ambos aumentaron la inversión militar, pero Francia apenas incrementó el gasto social, mientras que Bélgica restringió prestaciones por desempleo y reformó su sistema previsional para compensar el aumento del gasto en defensa (Comisión Europea, 2026). En Italia, España y Portugal, la evidencia es menos concluyente.

La presión internacional del propio bloque también condiciona la búsqueda de equilibrio fiscal. En este contexto, más del 40% de los ciudadanos europeos considera que la inflación, el aumento de los precios y el costo de vida deberían ser la prioridad del Parlamento (Parlamento Europeo, 2026).

Desde una perspectiva realista, la seguridad es una preocupación central del Estado en un entorno internacional competitivo y conflictivo. Sin embargo, como permite interpretar Offe (1984), la capacidad estatal también depende de responder a las demandas sociales y sostener la legitimidad política. El desafío europeo consiste, por tanto, en conciliar la seguridad externa con las necesidades de cohesión interna.

Las protestas analizadas expresan ese desafío, aunque no conforman un movimiento uniforme ni permiten atribuir sus causas exclusivamente al aumento del gasto en defensa. Si bien los casos de Francia y Bélgica muestran tensiones entre las prioridades presupuestarias, la evidencia disponible no permite establecer una relación causal generalizable al conjunto de los países estudiados. En definitiva,

Referencias Bibliográficas

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Ámbito. (2026, octubre). Francia en llamas y protestas en Europa: las claves de una revuelta que va más allá del reclamo estudiantil. https://www.ambito.com/mundo/francia-llamas-y-protestas-europa-las-claves-una-revuelta-que-va-mas-alla-del-reclamo-estudiantil-n6334999

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La Nación. (2026, 20 de octubre). Portugal queda sacudido por las protestas y la policía desaloja un acampe en una plaza emblemática. https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/portugal-queda-sacudido-por-las-protestas-y-la-policia-desaloja-un-acampe-en-una-plaza-emblematica-nid20102026/

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Morgenthau, H. J. (1948). Politics among nations: The struggle for power and peace. Alfred A. Knopf.

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Revista Mercado. (2026, octubre). ¿Por qué hay protestas en Europa y qué reclaman los manifestantes? https://revistamercado.do/money-invest/daily-news/por-que-hay-protestas-en-europa-y-que-reclaman-los-manifestantes/

Yanatma, S. (2026, 16 de septiembre). ¿Dónde gasta Europa su dinero? Un análisis del gasto público en el continente. Euronews. https://es.euronews.com/2026/09/16/donde-gasta-europa-su-dinero-analisis-del-gasto-publico-en-el-continente

TN. (2026, 20 de septiembre). Giorgia Meloni anunció que prohibirá el uso del velo islámico en las escuelas y limitará la cantidad de extranjeros en las aulas. https://tn.com.ar/internacional/2026/09/20/giorgia-meloni-anuncio-que-prohibira-el-uso-del-velo-islamico-en-las-escuelas-y-limitara-la-cantidad-de-extranjeros-en-las-aulas/

Artículo editado por Ambar Ibarra.

Escrito por Ambar Alfonsina Ibarra Portanda.

La expansión de las redes sociales modificó la manera en que las personas se conocen, se comunican y acceden a oportunidades laborales. Al mismo tiempo, estas plataformas ofrecen herramientas que pueden ser aprovechadas por redes criminales para identificar potenciales víctimas, establecer contacto y construir relaciones de confianza antes de iniciar un proceso de explotación. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, 2019) señala que Internet puede intervenir en distintas etapas de la trata de personas, desde el reclutamiento hasta el control y la explotación. Las tecnologías digitales permiten ampliar el alcance de los tratantes y establecer contacto con potenciales víctimas sin que necesariamente exista un encuentro presencial.

Esto no significa que las redes sociales sean, por naturaleza, espacios peligrosos ni que todo contacto con un desconocido constituya una amenaza. El problema aparece cuando las herramientas de comunicación se utilizan para engañar, manipular o aprovecharse de la vulnerabilidad de otra persona.

Para comprender esta dinámica, es necesario precisar ¿qué entendemos por trata de personas?.

El Protocolo de Palermo establece que este delito comprende determinadas conductas, como la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, realizadas mediante ciertos medios, como el engaño, la coerción o el abuso de una situación de vulnerabilidad, con fines de explotación (Naciones Unidas, 2000).

En Argentina, la Ley 26.364 y su modificación mediante la Ley 26.842 establecen el marco legal para la prevención y sanción de la trata de personas y la asistencia a sus víctimas (Congreso de la Nación Argentina, 2008, 2012).

Esta distinción es fundamental: la trata de personas no se define por el uso de una plataforma digital ni por la existencia de un engaño aislado, sino por los elementos que configuran el delito. Las redes sociales pueden facilitar la captación, pero su utilización, por sí sola, no demuestra que exista trata.

Del perfil público al engaño: las nuevas estrategias de captación.

Uno de los principales cambios que introduce el entorno digital es la posibilidad de establecer contacto con personas a partir de la información que comparten públicamente. Fotografías, intereses, proyectos profesionales y publicaciones sobre la vida cotidiana pueden ofrecer pistas sobre sus rutinas, aspiraciones o necesidades.

Según la UNODC (2019), los tratantes pueden utilizar la información disponible en Internet para localizar potenciales víctimas, conocer sus vulnerabilidades y adaptar sus estrategias de reclutamiento. De esta manera, el contacto inicial puede producirse mediante un comentario, una solicitud de amistad, un mensaje privado o una propuesta aparentemente legítima. Entre las modalidades documentadas se encuentran las falsas ofertas laborales. Los anuncios pueden prometer salarios elevados, alojamiento gratuito, viajes financiados o condiciones laborales extraordinarias. En algunos casos, quienes los publican utilizan identidades ficticias o se hacen pasar por empresas legítimas para generar confianza.

El Informe mundial sobre la trata de personas 2024 de la UNODC analiza las distintas modalidades de explotación y las características de las redes involucradas, y destaca la importancia de comprender las transformaciones de este fenómeno para mejorar las respuestas institucionales (UNODC, 2024).

Otra modalidad consiste en construir vínculos personales con fines de manipulación. A través de conversaciones frecuentes, demostraciones de afecto o promesas de una relación, una persona puede intentar generar dependencia emocional y aprovecharla para ejercer control. También existen casos en los que las supuestas oportunidades profesionales, como propuestas de modelaje o trabajos relacionados con la imagen, se utilizan para solicitar fotografías íntimas y posteriormente amenazar con divulgarlas. Estas conductas pueden formar parte de situaciones de extorsión o de procesos de captación orientados a la explotación, aunque no constituyen automáticamente trata de personas.

Las señales de alerta y los límites de la prevención individual.

Frente a estas modalidades, la prevención requiere prestar atención a determinadas conductas sin convertir la desconfianza permanente en una forma de vida. No existe una lista de señales que permita identificar de manera infalible a un tratante, pero sí hay situaciones que justifican detenerse, verificar la información y buscar asesoramiento.

Entre ellas se encuentran las ofertas laborales que exigen viajar rápidamente sin proporcionar información verificable sobre la empresa; las propuestas que prometen ingresos extraordinarios sin explicar las tareas que deben realizarse; las solicitudes de entregar documentos personales bajo presión; y los intentos de aislar a una persona de sus familiares o amistades.

También merecen atención las situaciones en las que alguien insiste después de una negativa, amenaza con divulgar información privada o intenta imponer condiciones que limitan la libertad de decisión. La preocupación aumenta cuando estas conductas se combinan con engaños, intimidación, control de los movimientos o dependencia económica.

Sin embargo, la responsabilidad por la captación y la explotación recae en quienes cometen esos actos, no en quienes publican fotografías, confían en alguien o aceptan una propuesta creyendo que es legítima. Ninguna medida individual garantiza que una persona no vaya a ser víctima de un delito.

Si alguien se siente perseguido, amenazado o presionado para trasladarse a un lugar contra su voluntad, la prioridad es buscar un espacio seguro y solicitar ayuda a las autoridades locales o a personas de confianza. Si el hecho ocurre en el extranjero, la asistencia consular puede ofrecer orientación adicional.

Un delito transnacional que exige respuestas más allá de las pantallas.

La dimensión digital de la trata de personas plantea desafíos que exceden la capacidad de respuesta individual. Cuando la captación se realiza mediante perfiles falsos, mensajes privados o anuncios publicados desde distintos países, identificar a los responsables puede requerir investigaciones especializadas y cooperación entre jurisdicciones. La UNODC (2019) señala que la actividad digital puede dejar rastros relevantes para las investigaciones, como comunicaciones, publicaciones e información asociada a las cuentas utilizadas. Sin embargo, obtener y analizar esos datos requiere procedimientos adecuados, capacidades técnicas y coordinación entre las autoridades competentes.

A esto se suma la dimensión transnacional. Una persona puede ser captada mediante una plataforma, contactada por alguien que opera desde otro país y trasladada a un tercero con fines de explotación. En estos escenarios, las diferencias legislativas, los obstáculos para acceder a evidencia digital y los tiempos de cooperación judicial pueden dificultar la investigación.

El Protocolo de Palermo reconoce la importancia de la cooperación entre los Estados para prevenir y combatir la trata de personas, proteger a las víctimas y promover respuestas coordinadas (Naciones Unidas, 2000). Este enfoque resulta especialmente relevante cuando las comunicaciones digitales permiten que determinadas actividades criminales superen las fronteras nacionales.

La tecnología no creó la trata de personas, pero sí amplió las herramientas disponibles para captar, engañar y controlar a potenciales víctimas. Enfrentar este fenómeno exige combinar educación digital, prevención, investigación criminal, protección de los derechos humanos y cooperación internacional.

Las redes sociales forman parte de la vida cotidiana y ofrecen oportunidades reales de comunicación, aprendizaje y trabajo. El desafío no consiste en abandonar esos espacios, sino en comprender cómo pueden ser utilizados para cometer delitos y desarrollar respuestas que estén a la altura de esa transformación. Porque, en un entorno donde el primer contacto puede producirse a través de una pantalla, prevenir la trata de personas exige mirar más allá del perfil, verificar las promesas y construir instituciones capaces de actuar antes de que el engaño se convierta en explotación.

Referencias bibliográficas.

• Congreso de la Nación Argentina. (2008). Ley 26.364: Prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas. Boletín Oficial de la República Argentina. https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-26364-140100/texto

• Congreso de la Nación Argentina. (2012). Ley 26.842: Prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas. Modificación de la Ley 26.364. Boletín Oficial de la República Argentina. https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-26364-140100/actualizacion

• Ministerio de Justicia de la Nación. Línea Nacional, Gratuita y Anónima 145. https://www.argentina.gob.ar/justicia/politicacriminal/trata-de-personas/linea-nacional-gratuita-y-anonima-145

• Naciones Unidas. (2000). Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/ProtocolonTrafficking.pdf

• Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. (2019). Tecnología que facilita la trata de personas. Educación para la Justicia. https://sherloc.unodc.org/cld/es/education/tertiary/tip-and-som/module-14/key-issues/technology-facilitating-trafficking-in-persons.html

• Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. (2024). Global report on trafficking in persons 2024. https://unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/2024/GLOTIP24_special_points_final.pdf

Escrito por Lisandro Decoud Linkedin

¿Convicción política o cálculo electoral?

No es la primera vez que el presidente brasileño apunta contra las bets. En octubre de 2024 advirtió que si la regulación no conseguía contener la adicción y el endeudamiento, su gobierno podría avanzar hacia medidas concretas. La preocupación reapareció con mayor certeza en abril de 2026, “Si depende de mí, cerramos las bets”. En septiembre, el Gobierno comenzó a evaluar su prohibición. Finalmente, la amenaza dejó de ser retórica y se convirtió en una decisión concreta.

La elección tiene una inevitable lectura electoral: Lula prohibió las bets apenas nueve días antes de la elección general, sobre una actividad que tiene un fuerte rechazo social. En agosto de 2026, Datafolha había registrado que el 56% de los brasileños apoyaba su prohibición. AtlasIntel reveló un número mayor: el 75%. Otra señal positiva apareció en las redes sociales: después del anuncio, un relevamiento de AP Exata encontró una recepción positiva de la medida, aunque el 68,2% de las publicaciones analizadas ni siquiera mencionaban al presidente. Al menos en las encuestas y también en el espacio digital, había un terreno social favorable para la restricción.

Ahora bien, si la prohibición de las apuestas buscaba un rédito electoral inmediato, lo ocurrido en la elección general obliga a poner en duda su eficacia. Aunque las últimas encuestas ubicaban a Lula por encima de Bolsonaro (40% frente al 36%, según Datafolha), las urnas invirtieron el resultado: 47,03% para Bolsonaro y 45,16% para Lula.

¿La elección significa que la prohibición de las bets perjudicó a Lula? No, en el voto confluyeron otras cuestiones. Atribuir el resultado a la prohibición de las bets sería simplificar un escenario electoral mucho más complejo.

Lo que sí merece atención es el momento elegido del anuncio. Lula lleva años advirtiendo sobre las consecuencias sociales de las apuestas online, pero avanzó contra ellas en plena recta final de la campaña. No se trataba, además, de una causa impopular. Antes de las elecciones, Ipsos-Ipec reveló que el 24% de los brasileños tendría mayor predisposición a votar por un candidato que defendiera restricciones a las apuestas.

Pero hay una razón que ayuda a entender los límites de la medida: Bolsonaro no se paró en la vereda contraria. En lugar de defender el negocio, sostuvo que los casinos online debían terminarse y diferenció esas plataformas de las apuestas deportivas, que propuso mantener bajo regulación. Además, Bolsonaro aprovechó el timing elegido por el presidente para acusarlo de actuar por conveniencia electoral después de que su propio gobierno reglamentó el mercado en 2023.

cc: Las acusaciones de corrupción y la inseguridad marcaron el primer debate entre Lula y Flávio Bolsonaro antes del balotaje en Brasil, 2026, Infobae.

De esta manera, la elección no enfrentó a un candidato decidido a limitar las apuestas con otro dispuesto a defenderlas. Ambos cuestionaban sus consecuencias y proponían soluciones diferentes. Por eso, las bets no marcaron una división clara entre sus electorados: votar a Lula o a Bolsonaro no suponía elegir entre prohibirlas o mantenerlas. De está forma, la medida contó con respaldo social, pero no le sirvió al presidente para marcar diferencias frente a su rival.

En consecuencia, la medida, que ocupó un lugar central en la agenda pública antes de la elección general, perdió protagonismo durante la campaña previa al balotaje. Ambos candidatos evitaron el tema y Lula, a quien muchos daban por derrotado, consiguió la reelección. Pero esa es otra historia, que excede nuestro análisis.

El juego: un problema que nunca desaparece

Pero lo que hizo el gobierno de Brasil, ya lo intentó Albania. En 2018, el gobierno del primer ministro Edi Rama impulsó el cierre de los juegos de casino y las apuestas deportivas. El argumento fue claro: los costos sociales asociados al juego eran mayores que los ingresos que las apuestas generaban para el Estado. Sin embargo, la prohibición duró muy poco. En 2024, el gobierno albanés dio marcha atrás y las apuestas deportivas volvieron a ser legales. Durante 2026 otorgó licencias para controlar a los operadores. El mismo Edi Rama que había definido a las casas de apuestas como organizaciones mafiosas y criminales, años después, fue quien volvió a permitirlas.

Aunque pocos gobiernos lo intentaron, prohibir las apuestas es posible. Lo difícil es hacer desaparecer el juego. Cuando una actividad pasa a la clandestinidad, se producen consecuencias no previstas de la acción social (Merton, 1936). Surgen al menos tres riesgos: el fraude, porque los apostadores están expuestos a plataformas que pueden retener sus ganancias o desaparecer con el dinero depositado; la criminalidad, ya que las organizaciones son ilegales y muchas veces pueden utilizar las apuestas para lavar dinero y financiar otras actividades delictivas; y la evasión fiscal, las plataformas clandestinas operan al margen del sistema tributario, evitan el pago de impuestos y privan al Estado de la recaudación.

¿Por qué seguimos apostando?

Desde hace siglos, el juego como problema forma parte de la condición humana. En Pensamientos, Pascal fue uno de los primeros en reflexionar sobre el entretenimiento y la distracción: Buscamos actividades que nos permitan escapar del aburrimiento, la angustia y de nuestra propia condición. Dostoyevski (1866). —quien sufrió ludopatía en carne propia— llevó el problema todavía más lejos en El jugador. Alexéi no juega simplemente para enriquecerse: lo seduce la posibilidad de que un instante transforme su existencia. Aunque parezca contradictorio, muchas veces quien apuesta no lo hace por el premio, sino por la expectativa de ganar.

Caillois (1986) suma otra dimensión: en la alea, acepta que el resultado dependa de algo que no controla. Decide apostar, pero todo lo define la suerte. En las apuestas deportivas esa frontera es más difusa. Los jugadores tienen conocimientos sobre lo que apuestan: conocen a los equipos, a los deportistas y sus estadísticas. Esa información genera una sensación de poder sobre el resultado.

“Ganar es lo peor que te puede pasar, especialmente al principio. Porqué pensás que lo lograste porque sabés mucho de fútbol y que tenés el control”

La experiencia de Sergio, un hombre con ludopatía, dialoga directamente con la idea de Caillois: el conocimiento puede alimentar la sensación de controlar el juego. Sin embargo, nunca logra suprimir el principio de cualquier casino: La casa siempre gana.

El Estado como participante y regulador

En el siglo XIX, John Stuart Mill abordó está discusión. Para Mill, cada individuo debía ser libre de decidir sobre su propia vida, incluso cuando sus decisiones implicarán riesgos. La intervención estatal sólo estaría justificada, cuando esas acciones pudieran causar daño a terceros.

Sin embargo, las apuestas no son decisiones individuales. Detrás de cada persona que apuesta existe una industria cuyos ingresos dependen de mantener a cada jugador en el sistema. Con estrategias de persuasión- y a veces de manipulación- las empresas influyen sobre la voluntad de los apostadores. ¿Hasta qué punto podemos hablar de decisiones libres cuando existen intereses económicos que la condicionan?

cc: Un maradona con IA promociona apuestas y dispara críticas en Argentina, 2026, El País.

En los últimos años, la timba ha ganado cada vez más terreno en el mundo del deporte. En Argentina las casas de apuestas se convirtieron en los principales patrocinadores de muchas disciplinas. Pero su presencia más fuerte es en el fútbol: solo los cinco grandes recibieron alrededor de 17,5 millones de dólares en 2026. En Brasil, las cifras son mayores: las bets suministran más de 200 millones de dólares en patrocinios al Brasileirão.

cc: ‘Proibir não é proteger’: o que significa a frase nas camisas de Flamengo e Fluminense? 2026, Sporting News.

Está dependencia económica de los clubes sobre los casinos online, intensificó los reclamos sobre la decisión de Lula: 23 clubes acudieron a la Justicia y varios perdieron a su main sponsor. Durante los partidos aparecieron mensajes de protesta e incluso plantearon suspender el torneo.

Pero el deporte no es el único que desarrolló una dependencia económica alrededor del juego. El propio Estado también obtiene recursos del mismo. No interviene sólo como regulador de la actividad: también participa de los ingresos que genera.

En Argentina, por ejemplo, las apuestas online están alcanzadas por un impuesto nacional que equivale al 5% del valor neto depositado por los apostadores, mientras que la explotación del juego está sujeta a otros gravámenes nacionales y provinciales.

En Córdoba, aportes provenientes de la actividad financian programas de asistencia e inclusión social; en Santa Fe, el 3% del producto neto de los juegos explotados por la Lotería provincial se destina al Fondo Provincial del Deporte; en Mendoza, el 1% de lo recaudado por concesiones y licitaciones de juegos de azar integra el fondo destinado al deporte y la recreación; y en Río Negro, una parte de los recursos del juego se distribuye entre salud, educación (77%) políticas sociales (7%) y deporte (4%).

La paradoja es difícil de soslayar: reducir las apuestas significa ajustar recursos que financian políticas públicas. El Estado debe contener los daños asociados al juego mientras, al mismo tiempo, parte de esas políticas depende de los ingresos que la propia actividad genera. Esto crea un problema de incentivos: se le exige al mismo actor que recauda sobre el juego que diseñe políticas capaces de reducir el número de personas que apuesta.

El fin de las apuestas: una solución colectiva

De esta forma, el Estado cumple una doble función: es regulador y recaudador de la actividad. Sin embargo, exigirle que prohíba las apuestas no resuelve esta contradicción y empuja el juego hacia la clandestinidad. La solución es otra: reducir gradualmente la dependencia del Estado sobre el juego y limitar su presencia en la cotidianidad.

Pero esto no se logra sólo desde el Estado: también requiere la voluntad de los otros tentáculos: los clubes, las asociaciones deportivas, los medios de comunicación deben buscar otras fuentes de financiamiento y publicidad. El ejemplo del tabaco es claro: durante décadas, su publicidad estuvo presente en el deporte y hoy está vetado debido al reconocimiento de los daños que su consumo provoca en la salud. Con las apuestas debería abrirse una discusión similar ya que la ludopatía es también una adicción, que exige prevención, regulación y tratamiento.

Licenciado en Ciencia Política por la Universidad Nacional del Litoral (UNL).

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Referencias:

-Agencia de Recaudación y Control Aduanero. (s. f.). Impuesto indirecto sobre apuestas y juegos online: Sujetos del país. https://www.afip.gob.ar/juegosdeazar/impuesto-indirecto-apuestas-juegos-online/sujetos-pais.asp?utm_source=

-Albanian Daily News. (2024, 2 de abril). Online betting law officially into force. https://albaniandailynews.com/news/online-betting-law-officially-into-force?utm_source=

- Caillois, R. (1986). Los juegos y los hombres: La máscara y el vértigo. Fondo de Cultura Económica.

-BOL. (2026, 17 de agosto). 56% aprovam proibição de bets, aponta pesquisa; mulheres são mais favoráveis a banimento. UOL. Consultar noticia

- Câmara dos Deputados. (2026, 28 de septiembre). Medida provisória proíbe o funcionamento de bets no Brasil. https://www.camara.leg.br/noticias/1306939-medida-provisoria-proibe-o-funcionamento-de-bets-no-brasil?utm_source=

- Dostoievski, F. (1866/2013). El jugador. Alianza Editorial.

-Focus Gaming News Latinoamérica. (2026, 9 de abril). Lula redobla su postura contra las plataformas de apuestas: “Si depende de mí, las cerramos”. https://focusgn.com/latinoamerica/lula-redobla-su-postura-contra-las-plataformas-de-apuestas-si-depende-de-mi-las-cerramos

- Koleka, B. (2018, 25 de octubre). Albania aprueba una ley que prohíbe las apuestas deportivas y los juegos de azar online. https://finance.yahoo.com/news/albania-passes-law-banning-sports-161529954.html?utm_source=

- Mill, J. S. (1859). Sobre la libertad. Alianza Editorial.

-Merton, R. K. (1936). The unanticipated consequences of purposive social action. American Sociological Review, 1(6), 894–904.

- Nassif, T. (2026, 1 de octubre). Datafolha: 78% dizem ser favoráveis à proibição das bets, e 18% se dizem contra. Folha de S.Paulo.https://www1.folha.uol.com.br/poder/2026/10/datafolha-78-dizem-ser-favoraveis-a-proibicao-das-bets-e-18-se-dizem-contra.shtml?utm_source=

- Pascal, B. (1670/2015). Pensamientos. Alianza Editorial.

Atento tanto a la historización como a la teorización de las religiones, Appleby introdujo el concepto de “la ambivalencia de lo sagrado” para traer a la discusión las paradojas que surgen de vivir las religiones (2000). Appleby identificó estas paradojas, en particular, en dos tipos de militantes religiosos: los extremistas, que llevan a la práctica sus creencias e interpretaciones religiosas de formas que son responsables de varios de los actos más salvajes en el mundo; y los agentes religiosos a favor de la paz, que ponen en práctica su fe, así como sus preceptos religiosos y éticos, para orientar e inspirar a las sociedades hacia la paz (Gopin, Review of R. Scott Appleby’s The Ambivalence of the Sacred, 2001, 157).

Escrito por Sofía Landa Areses.*

La ambivalencia de lo sagrado, hoy

Al plantear esta idea Appleby ofreció lo que se ha denominado una “historia compensatoria”. Su obra situó la religión en el radar de los responsables de políticas, educadores y fundaciones en el ámbito secular, presentándola no solo como una fuente de problemas, sino también como una pieza clave en la prevención y resolución de conflictos, así como en la transformación y consolidación de la paz en contextos de posconflicto (Hesburgh, “Foreword.” en The Ambivalence of the Sacred, 2000).

Más allá de reconocer su importancia histórica a la hora de replantear las consideraciones conceptuales y políticas en torno a la religión, la noción de la ambivalencia de lo sagrado merece nuestra atención hoy en día porque, como toda gran herramienta conceptual, trascendió su contexto de origen. En la actualidad, cuando poco se cuestiona la capacidad de acción de las religiones o su presencia a escala global (Berger, 1999; Albright, 2007), la ambivalencia de lo sagrado cobra especial relevancia porque reconoce tanto la capacidad de agencia de los actores religiosos como también las responsabilidades que tienen. En este sentido, el concepto ofrece recursos valiosos para un análisis abierto y una reflexión sobre el papel de las comunidades religiosas, además de ayudar a identificar los límites de aquellos enfoques académicos que pretenden explicar toda la fenomenología religiosa a partir de un único paradigma teórico.

Si en el pasado la ambivalencia de lo sagrado nos permitió superar el parroquialismo secularista y modernista en el estudio de la religión, hoy sirve para contrarrestar una tendencia surgida dentro de esas mismas corrientes teóricas que intentaron cuestionar o rechazar el paradigma secularista en el estudio de la religión y la política: la de críticas que presentan el secularismo como el componente central de la modernidad occidental, así como a aquellas que lo analizan como un lenguaje político que configura y justifica el poder de los Estados modernos.

¿En contra del secularismo?

Siguiendo la concepción del poder de Michel Foucault, todos estos críticos plantean el secularismo como la modalidad de poder que rige el mundo moderno, incluido el ámbito de las tradiciones y la vida religiosa. La noción de la ambivalencia de lo sagrado ofrece un contrapunto a tales perspectivas al exigir que todo análisis de la religión se contextualice e historicice, y al mantener la atención puesta en las religiones a partir de sus singularidades. Enmarcar las ideas de los mencionados críticos del secularismo dentro de la noción de la ambivalencia de lo sagrado implica reconocer que dichos análisis críticos tienden a percibir a los actores religiosos únicamente en una relación de confrontación con el discurso del secularismo, ante el cual inevitablemente terminan sucumbiendo.

Además, abordar la idea de Appleby (2000) en relación con los enfoques críticos del secularismo implica comprender que, al limitar a priori el alcance de la agencia religiosa, tales enfoques también niegan la responsabilidad de los actores religiosos de replantear y reconfigurar el ámbito de la política, en lugar de limitarse a constituirlo mediante su participación en guerras culturales, ya sean nacionales o globales. A diferencia de aquellos análisis que pretenden afirmar las religiones pero, en la práctica, las confinan, la noción de “ambivalencia de lo sagrado” amplía las perspectivas analíticas e interpretativas: permite a los investigadores identificar múltiples configuraciones de tradiciones religiosas dentro de un mismo contexto, así como explorar las formas complejas en que se habitan y se ponen en práctica las subjetividades religiosas; formas que no pueden ser determinadas ni siquiera por los regímenes políticos y culturales más secularizados.

Uno de los resultados más relevantes de este énfasis en la agencia religiosa es que pone de relieve hasta qué punto los actores religiosos son responsables de la manera en que despliegan sus tradiciones y creencias en un contexto determinado: ya sea orientando sus tradiciones a justificar y avivar enemistades preexistentes, o bien aspirando a la paz y contribuyendo a forjar una cultura de pluralismo profundo. Así, la idea de Appleby, aparte de servir como herramienta analítica, también conlleva implicaciones normativas para la teorización y el análisis de la religión al ayudarnos a desvelar los vínculos entre la agencia y la responsabilidad de los actores religiosos en la vida política. En este sentido, dicha noción se perfila como un marco de análisis crítico pertinente en nuestro “momento post-secular”, una etapa en la que las religiones han recuperado la confianza, buscan formar parte del espacio público y reivindican el derecho a definirlo y gobernarlo (Stoeckl, 2012; Mufti, 2013; Barbieri, 2014).

Religión y nacionalismo

Por las mismas razones, la noción de la ambivalencia de lo sagrado resulta fundamental para responder a los proyectos teóricos y políticos de las críticas poscoloniales y posmodernas a la modernidad y el secularismo. Dichas críticas muchas veces endiosan las tradiciones y prácticas religiosas como “herramientas de lucha” y de oposición al colonialismo y a la modernidad occidental (Lloyd y Viefhues-Bailey, 2015); sin embargo, no aplican el mismo prisma crítico al examinar las tradiciones religiosas cuando estas promueven impulsos hegemónicos y excluyentes (Mufti, 2015).

Con el objetivo de ilustrar las posibilidades de vincular explícitamente las implicaciones analíticas y normativas de la idea de «la ambivalencia de lo sagrado» iremos al análisis de un problema que, una vez más, exige nuestra atención con una renovada urgencia: la relación entre religión y nacionalismo.

En los diversos escenarios teóricos y conceptuales de los que se disponen —tanto en el ámbito de las relaciones internacionales y las ciencias sociales en general, como en el campo de los estudios religiosos—, el examen de los vínculos entre religión y nacionalismo suele conducir a la idea de que tales conexiones corrompen las tradiciones religiosas debido a su politización y secularización; procesos mediante los cuales las tradiciones religiosas terminan inevitablemente supeditadas a ideologías nacionalistas (Philpott, 2009; Appleby, 2020). Con frecuencia, este tipo de análisis va acompañado de argumentos que sostienen que las religiones y los actores religiosos deberían mantenerse al margen de cualquier forma de nacionalismo, pero al abordar el análisis de la religión y el nacionalismo a través de la noción de la ambivalencia de lo sagrado, podemos permanecer atentos a la posibilidad de que las religiones —incluso cuando están asociadas a nacionalismos— sigan ejerciendo su propia capacidad de acción (agencia), no solo subvirtiendo el carácter excluyente de dichos nacionalismos, sino, lo que es más importante, transformando sus límites y sus formas de expresión.

El aporte de Appleby, en otras palabras, puede mantenernos atentos a aquellos casos de comunidades religiosas que asumen la responsabilidad de configurar narrativas de identidad colectiva más amplias; narrativas que definen los límites de un grupo, pero que permanecen alerta ante las injusticias que estos pueden conllevar, manteniéndose críticas frente a ellas.

Agentes religiosos por la paz, en diálogo

Aquí surge, además, el segundo aspecto de la obra de Appleby al que nos referiremos: aquel que conecta sus primeras reflexiones sobre los agentes religiosos que trabajan por la paz con sus planteamientos más recientes sobre el diálogo interreligioso. Este enfoque trasciende las perspectivas habituales con las que se abordan las cuestiones de poder en el estudio de la religión y la política.

En su análisis reciente del diálogo interreligioso como una de las vías para la consolidación de la paz, Appleby describe la situación actual de las religiones como «internamente plural (étnica, cultural y políticamente); internamente sujeta a disputas... e internamente inquieta… ante el rumbo que ha tomado el mundo» (“‘The Truth is an Encounter’: Dialogue as a Self-Critical, Self-Transformative Risk”, 2016). Todo ello influye en la manera en que los actores religiosos abordan el diálogo con otras tradiciones (religiosas y seculares) en un contexto marcado por múltiples programas de modernidad en pugna (Appleby, 2016). Lo más importante es que Appleby no concibe el diálogo interreligioso como un concepto etéreo que se limita al plano de un encuentro “íntimo”, sino como un acto capaz de realizar contribuciones significativas a la formulación de políticas.

El argumento de Appleby sobre la necesidad de mantener una disposición constante a la autocrítica como elemento constitutivo del diálogo interreligioso, al igual que sus reflexiones iniciales sobre los actores religiosos que construyen la paz, sugiere la posibilidad —y la necesidad— de que las manifestaciones más poderosas de la construcción religiosa de la paz no tengan que ver, en última instancia, con el ejercicio del poder, sino con actos de suspensión del poder.

Ciertamente, las tradiciones religiosas siguen desempeñando un papel crucial a la hora de empoderar a quienes se encuentran marginados, oprimidos o explotados. No obstante, aunque los actos de suspensión del poder puedan resultar contraintuitivos en un mundo donde muchos de nosotros hemos llegado a aceptar la premisa de la visión schmittiana de la política que la reduce al binario amistad/enemistad (Schmitt, 1932), fundamentar tales actos en la autorreflexión y la autocrítica puede generar consecuencias políticas sumamente radicales y duraderas; especialmente cuando estos actos surgen en el seno de comunidades religiosas que han ocupado una posición mayoritaria.

Quizás lo más importante sea que los actos de renuncia al poder, inspirados por la religión, podrían señalar un camino hacia una visión de la política distinta a la que todos estamos viviendo actualmente: una política centrada menos en el poder y más en las aspiraciones; menos en la lucha por el dominio y más en la labor constante de intentar construir sociedades justas.

*Estudiante avanzada de la Licenciatura en Relaciones Internacionales en la Universidad Catòlica de Còrdoba.

Referencias

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• Stoeckl, K. (2012). “Defining the Postsecular.” Recuperado el 20 de octubre de 2026. https://synergia-isa.ru/wp-content/uploads/2012/02/stoeckl_en.pdf

Escrito por Luciana Sarapura

Desnudar artificialmente a una persona a partir de una fotografía cotidiana ya no exige conocimientos técnicos ni dinero. Esa democratización de la capacidad de dañar, sumada a la circulación instantánea en plataformas, produjo una agresión nueva en su escala y antigua en su lógica: la apropiación del cuerpo de las mujeres como instrumento de humillación y dominación.

La pregunta que organiza este trabajo es doble: cómo responde la comunidad internacional ante ese daño y por qué la Argentina, con una tradición multilateral en derechos humanos, aparece hoy sola frente a casi todo el sistema de Naciones Unidas. La tesis es que ese aislamiento no obedece a una objeción técnica, sino a una premisa ideológica: el rechazo a toda norma supranacional, incluso cuando regula una conducta que daña directamente a terceros.

Los datos, aunque provisorios, convergen. El Diálogo Global sobre Gobernanza de la IA de la ONU señaló que el 99 % de los deepfakes disponibles es sexual y que el 96 % apunta a mujeres y niñas, con un aumento marcado del material de abuso sexual infantil generado por IA (ONU, 2026). UNICEF informó en febrero de 2026 que al menos 1,2 millones de niños y niñas de once países vieron sus imágenes manipuladas para crear deepfakes explícitos durante el último año (UNICEF, citado en Infobae, 2026). En la Argentina, el caso de una escuela de Lomas de Zamora, donde unas cincuenta alumnas fueron víctimas de imágenes manipuladas, volvió visible el problema (Chequeado, 2026).

La naturaleza del daño

El primer error conceptual es tratar estos hechos como una afectación de la privacidad. En una imagen sintética no se filtró información privada: se fabricó una escena que usa la identidad de una persona real para mostrarla en una situación sexual que nunca ocurrió. El bien jurídico protegido es el libre desarrollo de la personalidad, que abarca también la indemnidad sexual: la protección reforzada de las personas menores de edad, o en situación de vulnerabilidad, frente a posibles abusos. Que la imagen sea falsa no atenúa el daño: para quien la ve y para la víctima, la distinción entre lo real y lo fabricado es irrelevante en sus consecuencias sociales.

El daño es, además, estructural. La amenaza recae desproporcionadamente sobre las mujeres y restringe su participación pública: que ONU Mujeres identifique a periodistas, defensoras y políticas como blancos privilegiados (ONU Mujeres, 2026) revela un mecanismo de disciplinamiento, pues el miedo a ser expuestas lleva a muchas a callar o a retirarse del debate. A ello se suma una asimetría de costos: producir la imagen es casi gratuito, mientras que removerla, litigar y reparar el daño reputacional y psicológico recae sobre la víctima.

El marco argentino presenta un vacío parcial. El artículo 128 del Código Penal sanciona a quien produzca, publique o distribuya representaciones de menores de 18 años dedicados a actividades sexuales explícitas, o de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales, pero no existe una figura específica para los deepfakes sexuales de niñas, niños y adolescentes. En 2025, la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Zárate-Campana interpretó, en el caso «D.O.P.», que ese artículo alcanza también las representaciones manipuladas con IA, aunque se trata de una interpretación judicial y no de una norma expresa.

Lo que la ONU construye

Aunque se habla de un «régimen de control internacional» de la IA, los instrumentos existentes son de otra naturaleza. En 2024, la Asamblea General adoptó por consenso su primera resolución sobre IA (A/78/L.49), que promueve sistemas seguros y fiables para el desarrollo sostenible y menciona a mujeres y niñas entre los grupos a proteger. Ese mismo año, el Pacto Digital Global (A/RES/79/1) fijó una visión compartida para un entorno digital abierto, seguro e inclusivo. En agosto de 2025, la Asamblea creó, también por consenso, un panel científico internacional que evalúa los avances de la IA y un Diálogo Global anual para discutir su gobernanza (A/RES/79/325; Infobae, 2025). Ninguno es un tratado vinculante ni crea una autoridad sancionatoria: se discuten estándares, no un regulador global. La oposición argentina no apunta, entonces, a un régimen coercitivo, sino a la mera existencia de un marco común. Esa distancia ya se había manifestado cuando la Argentina retiró su apoyo al panel científico alegando referencias al Pacto del Futuro, del que se ha «disociado» (Infobae, 2025).

El voto argentino

El 14 de noviembre de 2024, la Argentina fue el único país en votar en contra de la resolución «Intensificación de los esfuerzos para prevenir y eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas: la violencia facilitada por la tecnología». Hubo 170 votos a favor, 13 abstenciones y uno en contra (CNN en Español, 2024). Estados Unidos e Israel, aliados prioritarios del gobierno de Milei, votaron a favor.

El gobierno argumentó que el texto contiene términos ambiguos, como «discurso de odio» y «desinformación», que podrían usarse para restringir la libertad de expresión. El entonces secretario de Culto y Civilización, Nahuel Sotelo, agregó que el documento tenía un enfoque feminista radical sin evidencia científica (Buenos Aires Herald, 2024). El voto importa menos por su resultado que por lo que revela: rechazar el texto completo, en lugar de proponer precisiones, sugiere que el objeto del rechazo no era una redacción puntual, sino la idea misma de cooperar frente a la violencia digital. Además, al presentar la protección de mujeres y niñas como amenaza a la libertad de expresión, el gobierno desplazó el debate de quienes sufren el daño, a quienes lo producen.

La doctrina de la no regulación

En su discurso del 23 de septiembre de 2026 ante la 81.ª Asamblea General, Milei prometió que la Argentina será «el lugar más competitivo del mundo» para desarrollar IA, con el compromiso de no regular de manera preventiva y con beneficios fiscales y responsabilidad limitada para las empresas del sector. Sostuvo que Occidente debe liderar el desarrollo tecnológico, en línea con Donald Trump, y calificó a la ONU de organización inútil (Infobae, 2026a). Ambos líderes quedaron solos frente a un resto de países que reclamaba, con matices, una gobernanza global (UNQ, 2026).

Una falsa dicotomía

El argumento oficial presupone una oposición entre libertad y regulación, pero la propia tradición liberal ofrece el criterio para resolverla: el principio del daño, formulado por John Stuart Mill en Sobre la libertad (1859) y compartido por el libertarismo contemporáneo, según el cual la libertad individual termina donde comienza la agresión contra terceros. Fabricar y difundir una imagen sexual falsa sin consentimiento no es expresión de ideas, sino una agresión a la integridad y al honor; equipararla con la crítica política es un error de categoría.

El derecho internacional distingue ambos planos. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos protege la libertad de expresión (art. 19), pero admite restricciones previstas por ley, necesarias y proporcionales para proteger los derechos de otros (art. 19.3), y garantiza la protección contra ataques ilegales a la honra y la reputación (art. 17). La preocupación por la vaguedad de «desinformación» es legítima, pero la respuesta coherente era exigir precisión en la redacción.

La posición también contradice el orden interno. La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer goza de jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22), y el país es parte de la Convención de Belém do Pará y de la Convención sobre los Derechos del Niño; la Ley Olimpia (27.736) reconoce la violencia digital como modalidad de violencia de género. Un Estado que la legisla puertas adentro y la rechaza en el plano internacional se contradice.

Tampoco la alineación con Washington explica el voto: Estados Unidos acompañó la resolución y sancionó en 2025 la Take It Down Act, que penaliza las imágenes íntimas no consentidas, incluidas las generadas con IA, y obliga a las plataformas a retirarlas. La Argentina no solo sigue a su aliado, sino que lo supera en rigidez, lo que indica una convicción ideológica más que un cálculo de poder, con un costo reputacional medible: 170 contra uno. Esa soledad debilita su capacidad de construir coaliciones donde busca respaldo, como en la disputa por Malvinas, defendida en el mismo discurso apelando al derecho internacional. Reclamar normas cuando favorecen el interés nacional y rechazarlas cuando lo contradicen erosiona la credibilidad del reclamo. La coherencia es, en política exterior, un activo escaso.

¿Regular es frenar?

La falsificación sexual con IA es una violencia estructural y de escala global cuya víctima predominante son mujeres y niñas; la gobernanza internacional es incipiente y no vinculante, de modo que la resistencia argentina apunta al principio de cooperación; y los argumentos oficiales no resisten un examen de coherencia.

Existe una alternativa compatible con la agenda de innovación que el gobierno defiende: tipificar expresamente la creación y difusión no consentida de material sexual sintético, con especial gravedad cuando involucra a menores; exigir a las plataformas el retiro rápido de ese contenido, sin imponerles responsabilidad editorial general; y acompañar en los foros multilaterales los textos sobre violencia digital, con precisiones técnicas en lugar de votos en contra. Legislar no es frenar el progreso, sino fijar reglas para una tecnología que avanza más rápido que nuestra capacidad de anticipar hasta dónde puede llegar, y cuyos vacíos pagan siempre las víctimas. El retiro rápido responde, además, a un límite de las vías actuales: en las injurias y calumnias, la retractación pública exime de pena (Código Penal, art. 117), una reparación pensada para un autor identificable y un alcance acotado, que no sirve cuando una imagen falsa se replica en segundos y de forma anónima. Proteger a las mujeres y niñas del abuso digital no obstruye la innovación; lo que sí obstruye es la falta de credibilidad de la posición argentina.

Bibliografía

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Fuente: rehmat batth. (s. f.). city [Fotografía publicada en Pinterest]. Pinterest. Enlace

Escrito por Sofia Reinoso

Nueva York, una de las principales ciudades globales, se convirtió durante 2026 en escenario de una confrontación entre las políticas migratorias federales y las protecciones municipales.

Nueva York se consolidó como uno de los principales centros económicos, políticos y culturales del mundo. Su condición de ciudad global, en términos de Saskia Sassen (2005), responde a su papel estratégico en la articulación de redes económicas transnacionales y en la concentración de funciones de coordinación de la economía mundial. A esta centralidad su carácter cosmopolita se refleja en la pluralidad cultural de su población, conformada por comunidades de diversas nacionalidades, tradiciones e identidades que conviven e interactúan en un mismo espacio urbano. Sin embargo, su apertura internacional y su capacidad de integración social no se traducen necesariamente en una mayor autonomía política frente al Estado nacional.

Esta tensión se intensificó durante 2026. Mientras la administración de Donald Trump profundizó su política de control migratorio, el alcalde Zohran Mamdani defendió las políticas municipales de protección de los inmigrantes y cuestionó las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Un punto crítico ocurrió el 8 de octubre de 2026, cuando agentes federales hirieron com una bala a Oscar Belgal, de 28 años, durante un operativo en Marble Hill. Su hijo de cinco años, presente en el vehículo, resultó ileso. Según Jessica Tisch, la Policía de Nueva York no participó del procedimiento (New York City Mayor’s Office, 2026). El episodio evidenció las tensiones migratorias entre ambos niveles de gobierno y los límites de intervención municipal frente a operativos federales.

En este contexto, cabe preguntarnos:

Nueva York: una ciudad global que trasciende fronteras

Las ciudades globales constituyen espacios estratégicos para la economía mundial, donde convergen instituciones financieras, empresas y redes transnacionales. Sin embargo, como advierte Sassen (2005), esta concentración económica también produce desigualdades y depende de una amplia diversidad de trabajadores, entre ellos numerosos inmigrantes que sostienen actividades esenciales para el funcionamiento urbano.

Nueva York refleja esta realidad: según el Departamento de Planificación Urbana de la ciudad (2026), aproximadamente 3,1 millones de sus habitantes habían nacido en el extranjero en 2023, lo que representaba el 37,5 % de su población. La contradicción es evidente: mientras la inmigración constituye una parte fundamental de su estructura económica y social, las condiciones legales de ingreso y permanencia siguen determinadas principalmente por el Gobierno federal.

Esta tensión exige distinguir dos conceptos: ser una ciudad global no implica necesariamente ser una ciudad cosmopolita. El primero describe su integración en las redes mundiales; el segundo plantea interrogantes sobre los derechos, la pertenencia y las responsabilidades políticas hacia quienes la habitan.

Cosmopolitismo y ciudadanía: ¿quién tiene derecho a pertenecer?

El cosmopolitismo político plantea que los derechos y las responsabilidades hacia las personas no deberían depender exclusivamente de su nacionalidad. Benhabib (2004) identifica una tensión fundamental: los Estados democráticos defienden principios universales de igualdad y dignidad humana, pero mantienen mecanismos jurídicos que distinguen entre ciudadanos y extranjeros.

En ciudades como Nueva York, esta contradicción se refleja en las relaciones locales, nacionales y transnacionales que atraviesan la experiencia migratoria (Glick Schiller & Çağlar, 2011). Aunque las autoridades municipales pueden promover políticas de integración, facilitar servicios y brindar protección institucional, estas medidas no garantizan el derecho legal de residencia, cuya regulación corresponde al ámbito federal.

Trump y el retorno de la soberanía migratoria al centro del debate

El 20 de enero de 2025, Donald Trump firmó la Orden Ejecutiva 14159, Protecting the American People Against Invasion, que priorizó el control migratorio federal por razones de seguridad nacional y pública (Executive Order No. 14159, 2025).

La tensión con Nueva York aumentó en julio de 2026, cuando el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) modificó la regulación de public charge (carga pública), ampliando la discrecionalidad para considerar la dependencia de asistencia estatal en solicitudes migratorias, sin que recibir beneficios implique un rechazo automático (Department of Homeland Security [DHS], 2026).

El 14 de septiembre de 2026, Nueva York y otras ciudades demandaron esta regulación por considerar que podía generar temor entre los inmigrantes y desalentar el acceso a servicios públicos, incluso entre quienes tenían derecho a recibirlos (New York City Mayor’s Office, 2026).

NUEVA YORK FRENTE A WASHINGTON

Figura 1: Fuente: Getty Images. (2025, 20 de enero). Donald Trump firma órdenes ejecutivas en el Despacho Oval de la Casa Blanca [Fotografía]. BBC News.President Donald Trump signs executive orders in the Oval Office of... News Photo - Getty Images

Figura 2: Fuente: Murphy, R. (2026, 8 de octubre). El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, durante una conferencia de prensa en el lugar de un tiroteo de ICE en el Bronx [Fotografía]. Getty Images. Bloomberg. https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-10-11/mamdani-says-new-york-will-investigate-ice-shooting-in-the-city

Dos escalas de gobierno, dos prioridades:

Las ciudades santuario: ¿autonomía o resistencia institucional?

Las diferencias entre el Gobierno federal y las autoridades de Nueva York también se reflejan en las denominadas políticas de ciudad santuario. Estas políticas establecen restricciones a ciertas formas de colaboración entre las agencias estatales o municipales y las autoridades federales de inmigración.

Su fundamento jurídico se relaciona con la distribución constitucional de competencias y con la doctrina estadounidense de anti-commandeering (prohibición de imposición federal), según la cual el Gobierno federal no puede obligar a las autoridades estatales a ejecutar sus políticas. El 6 de febrero de 2026, Mamdani firmó la Orden Ejecutiva 13, Protecting New Yorkers from Abusive Immigration Enforcement.

La medida constituye una expresión concreta de autonomía local, aunque limitada a las facultades de la administración municipal. Su implementación tampoco está exenta de dificultades. Un informe del Departamento de Investigación de Nueva York (2025) examinó el cumplimiento de las leyes santuario por parte de la policía municipal e identificó problemas que motivaron recomendaciones institucionales.

Esto demuestra que la protección de los residentes no depende únicamente de la existencia de normas, sino también de su aplicación efectiva.

Marble Hill: cuando la confrontación institucional llega a las calles

El 8 de octubre de 2026, agentes federales hirieron de bala en el cuello a Oscar Belgal, dominicano de 28 años, durante un operativo en Marble Hill. Según la comisionada Jessica Tisch, un agente disparó siete veces sin participación de la NYPD, mientras que el DHS defendió el procedimiento y cuestionó las políticas santuario (Associated Press, 2026).

El alcalde Zohran Mamdani condenó el operativo, reclamó el fin de las actuaciones de ICE en la ciudad y reivindicó la identidad cosmopolita de Nueva York al describirla como «the world’s city», la ciudad del mundo (New York City Mayor’s Office, 2026, sección de preguntas y respuestas; traducción propia).

El episodio refleja una tensión entre las competencias federales en materia migratoria, que deben respetar los derechos constitucionales de todas las personas, y las autoridades municipales, que pueden cuestionar estas medidas y promover políticas de protección sin impedir su aplicación legítima.

Así, Marble Hill refleja los límites de la autonomía municipal y las tensiones entre el proyecto cosmopolita de Nueva York y la política migratoria de Washington.

La respuesta de Nueva York

Mamdani condenó el operativo y reclamó el fin de las actuaciones de ICE en la ciudad. Durante su conferencia, describió a Nueva York como “the world’s city” - la ciudad del mundo (New York City Mayor’s Office, 2026, sección de preguntas y respuestas; traducción propia).

Sus declaraciones postulan que la identidad cosmopolita de Nueva York se convierte en un argumento político frente a las políticas migratorias federales. Esta postura se hizo aún más evidente días después, cuando Mamdani criticó la actuación de los agentes vestidos de civil y comparó las imágenes del operativo con las de atacantes armados (Aouga, 2026). Sus palabras expresaron un fuerte cuestionamiento político a los métodos utilizados por ICE, sin constituir una valoración jurídica de la actuación de los agentes.

El episodio provocó protestas y profundizó el debate sobre el uso de la fuerza, la identificación de los funcionarios federales y la seguridad de los residentes.

MARBLE HILL Y MAMDANI

Fuente: ABC News. (2026, 9 de octubre). Mamdani blasts ICE shooting of man in New York City [Video]. Enlace

El caso de Marble Hill permite comprender hasta dónde llega la autonomía política e institucional de Nueva York frente al Gobierno federal. Si bien Mamdani podía cuestionar públicamente el operativo, exigir explicaciones, impulsar investigaciones y defender las políticas municipales de protección a los inmigrantes, no tenía autoridad para impedir unilateralmente la actuación de ICE en la ciudad. De esta manera, el episodio dejó en evidencia que la capacidad de respuesta política de un gobierno local no siempre se corresponde con sus competencias legales.

Ciudad global y Estado nacional: una contradicción de escalas

Las tensiones entre Mamdani y Trump van más allá de sus diferencias políticas. Reflejan un problema más profundo: ¿hasta qué punto una ciudad con proyección internacional puede decidir sobre asuntos que siguen bajo la autoridad del Estado nacional?

Benhabib (2004) analiza la tensión entre los derechos universales, la pertenencia política y la soberanía estatal. Desde esta perspectiva, Nueva York refleja cómo una ciudad puede promover la integración y una identidad cosmopolita, mientras las decisiones migratorias permanecen principalmente bajo autoridad federal. Esto no implica que cosmopolitismo y soberanía sean incompatibles, sino que la tensión surge cuando distintos niveles de gobierno sostienen posiciones contrapuestas sobre los derechos y la permanencia de una misma población.

Por lo tanto, la disputa entre Nueva York y Washington no se limita a las diferencias políticas entre Trump y Mamdani, sino que refleja una tensión de alcance internacional: mientras las grandes ciudades se consolidan como espacios cada vez más diversos, abiertos e interconectados, se observa una tendencia hacia el endurecimiento de las políticas migratorias y el fortalecimiento de los controles fronterizos por parte de numerosos Estados nacionales. Esta contradicción evidencia los desafíos que enfrenta el cosmopolitismo en un contexto en el que la soberanía nacional y el control de las fronteras vuelven a ocupar un lugar central en la agenda política.

Reflexiones finales: ¿De quién es la ciudad? ¿Quién puede pertenecer a ella?

Nueva York, símbolo de la globalización y el cosmopolitismo por su diversidad cultural y proyección internacional, enfrenta una contradicción central: su influencia global no le otorga autonomía para definir la política migratoria, competencia del Gobierno federal.

Kraft-Roland, K. A. (s. f.). Nueva York al atardecer, con la Estatua de la Libertad y el Empire State Building [Fotografía publicada en Pinterest]. Pinterest.

El caso de Marble Hill evidencio justamente los límites de la autoridad municipal frente al gobierno federal. A su vez, la controversia sobre public charge mostró cómo las decisiones de Washington pueden incidir en las condiciones de acceso a servicios y en la relación entre los residentes y las instituciones locales.

Ambos episodios demuestran que lo que está en juego va más allá del control migratorio. En el fondo, la disputa plantea preguntas sobre seguridad, pertenencia y, especialmente, sobre quién tiene la autoridad para decidir el futuro de quienes viven en la ciudad.

Nueva York representa una de las mayores expresiones de la globalización, sin embargo, esa misma ciudad que se presenta como símbolo de diversidad e inclusión encuentra límites cuando sus políticas entran en conflicto con las decisiones del Gobierno federal.

En un escenario internacional marcado por el endurecimiento de las políticas migratorias y el renovado protagonismo de las fronteras nacionales, el caso de Nueva York invita a reflexionar sobre los límites del cosmopolitismo. El desafío no consiste necesariamente en elegir entre apertura y soberanía, sino en encontrar formas de compatibilizar ambas sin debilitar los derechos de las personas.

Porque, en definitiva, ¿qué significa pertenecer a una ciudad que te reconoce como parte de ella, pero que no tiene la autoridad para garantizar tu permanencia?

Referencias bibliográficas

Associated Press. (2026, 9 de octubre). ICE officer shoots a man while making an arrest in New York, officials say. https://apnews.com/article/c0fd349ab75c176f15fc410df1d59814

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Esta crisis humanitaria convive con la ineficaz respuesta institucional, donde la omisión estatal, la colusión del crimen organizado y la impunidad estructural han dado lugar a la naturalización de una práctica sistemática de despojo humano, donde los principales voceros de la problemática son aquellos organismos de Derechos Humanos, quienes constatan la falta de prevención y exponen aquella fractura institucional que atraviesa a la sociedad mexicana.

Escrito por Delfina Jamiolkowski.*

La emergencia nacional no se constituye como un hecho aislado, sino de un ciclo de reclamos no resueltos que traspasan sucesivas administraciones. La piedra angular de la tragedia mexicana se traza a partir de aquella estrategia de militarización en el año 2006, con la llamada “guerra contra el narcotráfico”. Desde entonces, la falta de operatividad e investigación judicial, incluso ante logros legislativos en la creación de Comisiones Locales de Búsqueda, trasladaron el peso hacia las propias familias en el costeo de herramientas ante el abandono institucional, reactivando movilizaciones públicas y la exigencias de garantías desde el plano internacional.

Bajo la coyuntura del Mundial 2026, la histórica disputa cobró visibilidad internacional: como aquel video que recorrió el mundo en 1978, donde Madres de Plaza de Mayo fueron las portavoces para proyectar la realidad de lo que estaba ocurriendo en Argentina, el Estado Azteca fue el escenario donde las Madres Buscadoras de México tuvieron el protagonismo para alertar sobre la dicotomía de seguridad que se estaba desplegando: la implementación del Plan Kukulcan como estrategia de seguridad y para proteger a turistas y delegaciones de fútbol, marcó el abandono financiero hacia las comisiones de búsqueda, exponiendo el desbalance estatal.

En este escenario, el conflicto desborda la anécdota local y activa una disputa doctrinal en torno a los límites de la soberanía y el régimen internacional. El pasado 11 de mayo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el informe temático Desapariciones en México, dictaminando que la responsabilidad del Estado es ineludible por falta de debida diligencia. Y es que la persistencia de estos actos cometidos por agentes estatales o por grupos de crimen organizado, en coordinación o con aquiescencia (tolerancia) por parte de las autoridades, implica que es el mismo Estado quien vulnera sus propias obligaciones internacionales ante la falta estructural de operacionalización y la consecuente impunidad judicial.

La respuesta por parte de la administración de Claudia Sheinbaum se articula desde la soberanía defensiva, asegurando que aquellos crímenes de Estado no existen bajo su mandato, y que las actuales desapariciones forzadas son consumadas exclusivamente por bandas criminales organizadas. De esta manera, alega que las conclusiones de los organismos como la CIDH se vuelven “tendenciosas” y sin rigor jurídico que equipare la violencia criminal con la responsabilidad gubernamental directa.

El conflicto por las desapariciones se sitúa en un punto de quiebre estructural: la consecuente falta de capacidades técnicas y la desconfianza hacia las instituciones, la carga probatoria y la tarea de rastrear fosas clandestinas fue trasladada directamente hacia las familias y colectivos de madres buscadoras. Ahora, el Estado debe decidir si persistir con la negativa discursiva y la contención policial de la protesta, o asumir el costo político de transparentar la complicidad institucional para lograr una reforma integral. En su insistencia por blindar su administración, la crisis de legitimidad logró erosionar de forma definitiva, no solo los canales internacionales, sino el propio diálogo interno con la ciudadanía.

Ante la fricción ineludible entre mantener la legitimidad internacional mediante la narrativa pública, por sobre el escrutinio de los organismos regionales, la encrucijada del Estado mexicano se bifurca en dos rutas posibles: una escalada de litigio internacional y presión multilateral –hacia foros extraordinarios de Naciones Unidas o incluso ante tribunales regionales de crímenes de lesa humanidad–, o una apertura forzada a la cooperación técnica internacional y la reforma de protocolos de justicia penal.

*Estudiante avanzada de la Licenciatura en Relaciones Internacionales por la Universidad Católica de Córdoba.

Referencias Bibliográficas

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Figura X. (s.f.) Registro de personas desaparecidas en México. Adaptado de Informe Nacional de personas desaparecidas, por el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia. Red Lupa https://imdhd.org/redlupa/informes-y-analisis/informes-nacionales/informe-nacional-de-personas-desa parecidas/

Guillén, B. (11 de mayo de 2026). El informe sobre desapariciones de la CIDH vuelve a enfrentar a colectivos con el Gobierno de Sheinbaum. El País. https://elpais.com/mexico/2026-05-11/el-informe-sobre-desapariciones-de-la-cidh-vuelve-a-enfrentara-colectivos-con-el-gobierno-de-sheinbaum.html

Es en este contexto y junto a este interrogante, están quienes establecen que el control de los recursos naturales constituye no solamente una cuestión económica, sino también una herramienta de política exterior y una dimensión que permite crear márgenes de soberanía estatal.

Esta contradicción resulta particularmente relevante para los países del Sur Global, cuya inserción histórica en la economía internacional estuvo frecuentemente vinculada a la exportación de materias primas y a la importación de productos industrializados. Desde esta perspectiva, surge así la posibilidad de que los países del sur global, puedan establecer condiciones sobre la explotación y comercialización de los recursos naturales permitiendo ampliar los márgenes de autonomía respecto a los demás países, aunque también esta decisión puede generar tensiones con los intereses de empresas transnacionales, Estados importadores y organismos internacionales.

Tal dinámica permite vislumbrarse en la estrategia que lleva adelante Indonesia, luego de que el país se convirtió en el actor central del mercado mundial del níquel, un mineral utilizado tanto en la producción de acero inoxidable como en determinadas tecnologías de almacenamiento energético. Frente a esta posición estratégica, el gobierno indonesio impulsó restricciones a la exportación de mineral sin procesar con el objetivo de promover su transformación industrial dentro del territorio nacional y capturar una mayor proporción del valor agregado.

Esta estrategia nacional sobre el níquel, constituye un intento de ampliar la autonomía económica mediante el control de las condiciones de comercialización de sus recursos frente a un escenario dual: mientras las potencias buscan asegurar el abastecimiento de recursos estratégicos y diversificar sus cadenas de suministro, los países productores procuran utilizar esas mismas ventajas para fortalecer sus capacidades industriales y mejorar su posición en el sistema internacional.

El níquel: el arma de la autonomía de Indonesia.

La expansión de las tecnologías energéticas, la electrificación del transporte y la competencia por desarrollar capacidades industriales avanzadas incrementaron el interés de los Estados por asegurar el acceso a materias primas estratégicas. En consecuencia, los recursos naturales dejaron de ser considerados únicamente insumos productivos para adquirir una dimensión de arma geopolítica cada vez más visible.

El níquel ocupa un lugar relevante en este escenario. Además de su utilización tradicional en la fabricación de acero inoxidable, determinadas variedades y compuestos del mineral se emplean en baterías recargables, incluidas algunas utilizadas en vehículos eléctricos. No obstante, su importancia no se limita a la transición energética: la demanda industrial tradicional continúa siendo un componente fundamental de su mercado.

Indonesia al poseer las mayores reservas probadas de níquel del mundo -entre el 20% y el 22% del total global- según la Agencia Internacional de la Energía, el país representó más del 60 % de la producción minera mundial de níquel en 2024. Esto le permitió convertirse en un país proveedor fundamental para numerosas cadenas industriales y reforzó su capacidad potencial de negociación frente a los Estados y las empresas que necesitan acceder al recurso.

Sin embargo, la distribución geográfica de la extracción no equivale necesariamente una distribución equivalente del poder económico. Un país puede concentrar la producción de una materia prima y, al mismo tiempo, depender de inversiones, tecnología, financiamiento y mercados externos para desarrollar su industria.

Esta distinción permite comprender la estrategia indonesa. En lugar de limitarse a exportar mineral sin procesar, el gobierno buscó incentivar la instalación de plantas industriales y trasladar una parte mayor de la cadena productiva al territorio nacional. El objetivo consistía en incrementar el valor agregado de las exportaciones, atraer inversiones y fortalecer las capacidades industriales del país.

En el escenario de la pelea por los recursos naturales estratégicos, Indonesia no constituye simplemente un territorio proveedor dentro de una disputa entre grandes potencias sino que también es un Estado que intenta aprovechar su posición para modificar las condiciones de su participación en la economía mundial. Su estrategia plantea, así, una cuestión fundamental: ¿pueden los países productores transformar sus ventajas naturales en capacidades industriales y mayores márgenes de autonomía?

Si, si pueden

Pero existen limitaciones y presiones internacionales, más aún, para los países del sur global.

La estrategia indonesa de transformar las ventajas naturales en capacidades industriales sobre el níquel no surgió exclusivamente como respuesta a la actual competencia internacional por los recursos naturales, sino que sus antecedentes se remontan a una política de industrialización que buscó modificar el papel del país en las cadenas globales de producción.

Un punto de partida fundamental fue la Ley de Minería de Minerales y Carbón N.º 4 de 2009, que estableció un marco para promover el procesamiento nacional de los recursos minerales. Esta orientación comenzó a materializarse con mayor fuerza en enero de 2014, cuando Indonesia implementó restricciones a la exportación de minerales sin procesar con el objetivo de incentivar a las empresas mineras a invertir en instalaciones de procesamiento dentro del país, en lugar de continuar exportando el mineral en su estado original.

Sin embargo, la aplicación de la política no siguió una trayectoria completamente lineal. En 2017, el gobierno flexibilizó parcialmente las restricciones y permitió determinadas exportaciones de mineral de níquel de baja ley bajo condiciones específicas, vinculadas, entre otros requisitos, al desarrollo de capacidad de procesamiento nacional. Esta modificación mostró que la estrategia también debía responder a las necesidades de inversión, a las capacidades industriales disponibles y a las dificultades de implementar una transformación productiva de manera inmediata.

La restricción volvió a endurecerse con la prohibición de exportar mineral de níquel sin procesar desde enero de 2020. Con esta decisión, Indonesia profundizó su apuesta por trasladar etapas de procesamiento al territorio nacional y consolidar una industria vinculada al níquel. La medida contribuyó a impulsar inversiones en fundición y refinación, así como a ampliar la producción de materiales intermedios utilizados, principalmente, en la industria del acero inoxidable y, de forma creciente, en cadenas relacionadas con las baterías.

El objetivo, por lo tanto, no consistía solamente en restringir las exportaciones, sino en modificar los incentivos económicos para que una mayor parte de la transformación del recurso ocurriera dentro del país. La política procuraba generar empleo, ampliar la capacidad industrial y mejorar los ingresos derivados de la explotación del níquel.

Esta estrategia también expresa una determinada concepción de la inserción internacional.

Indonesia no renunció a participar en los mercados globales, sino que intentó modificar las condiciones bajo las cuales lo hacía. La apertura a las inversiones extranjeras continuó siendo importante, pero el Estado buscó orientar esas inversiones hacia actividades productivas localizadas en su territorio.

Pero esta estrategia nacional de Indonesia comenzó a enfrentar cuestionamientos internacionales cuando sus restricciones a las exportaciones entraron en conflicto con las normas del sistema multilateral de comercio y los intereses de las grandes potencias. El caso más significativo fue la controversia iniciada por la Unión Europea ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), que permite observar las tensiones entre los objetivos nacionales de industrialización, las obligaciones comerciales asumidas por los Estados y los intereses del norte global.

El 22 de noviembre de 2019, la Unión Europea solicitó la celebración de consultas con Indonesia. La reclamación cuestionaba, entre otras medidas, la prohibición de exportar mineral de níquel, los requisitos de procesamiento dentro del país y determinadas condiciones relacionadas con la comercialización y las licencias de exportación. Desde la perspectiva europea, estas restricciones podrían resultar incompatibles con el artículo XI.1 del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (el GATT establecido en 1994), que prohíbe, como regla general, las restricciones cuantitativas a las exportaciones e importaciones.

La posición de Indonesia, por su parte, se vinculaba con la necesidad de desarrollar su industria nacional y administrar sus recursos minerales. Durante el proceso de consultas, el gobierno sostuvo que las medidas podían justificarse bajo determinadas excepciones previstas en las normas comerciales. Entre sus argumentos, invocó disposiciones relacionadas con la prevención de una escasez crítica de productos esenciales y con la necesidad de garantizar el cumplimiento de ciertas normas nacionales.

En noviembre de 2022, el grupo especial de la OMC concluyó que la prohibición de exportar mineral de níquel y los requisitos de procesamiento nacional cuestionados eran incompatibles con el artículo XI.1 del GATT. También consideró que Indonesia no había demostrado que las medidas quedasen amparadas por las excepciones invocadas. En consecuencia, recomendó que el país adecuase las medidas tomadas a nivel nacional a sus obligaciones comerciales internacionales.

Indonesia notificó su apelación el 8 de diciembre de 2022. Sin embargo, el funcionamiento del mecanismo ordinario de apelación de la OMC se encontraba paralizado por la falta de un Órgano de Apelación operativo. Por eso, este caso no debe presentarse como si hubiera concluido con una resolución definitiva de apelación que confirme o revoque el informe del grupo especial.

Esta controversia pone de manifiesto una tensión central para los países que buscan industrializarse en el sistema internacional. Si bien las normas de la OMC no tienen como objetivo explícito impedir estos procesos, el caso permite observar cómo las reglas y los mecanismos de los organismos internacionales se inscriben en una estructura de poder desigual. Esto evidencia las dificultades que enfrentan los países productores al intentar transformar su posición en las cadenas globales de valor, cuyas posibilidades no dependen únicamente de sus recursos y políticas nacionales, sino también de las restricciones y asimetrías que atraviesan el sistema multilateral de comercio.

Límites de la estrategia de autonomía indonesia

La experiencia de Indonesia muestra que los países productores pueden utilizar sus recursos naturales para ampliar sus capacidades industriales y modificar, al menos parcialmente, su posición en la economía mundial. Las restricciones a la exportación de níquel sin procesar contribuyeron a impulsar inversiones en procesamiento y a consolidar a Indonesia como un actor central de la producción mundial de níquel refinado. Sin embargo, estos resultados no implican que el país haya alcanzado una autonomía económica plena.

En este sentido, la soberanía sobre los recursos naturales no se limita a la titularidad de los yacimientos, sino que también comprende la capacidad estatal de establecer condiciones para su explotación y aprovechamiento. El desafío consiste en determinar si esa intervención logra traducirse en capacidades industriales duraderas o si, por el contrario, reproduce dependencias bajo nuevas formas. Esta cuestión adquiere especial relevancia para los países del Sur Global, cuya capacidad para sostener procesos de industrialización se encuentra condicionada por las asimetrías económicas, tecnológicas y productivas que caracterizan su inserción internacional.

Aunque las instalaciones de procesamiento se localicen en Indonesia, una parte importante de las inversiones, la tecnología y las capacidades empresariales permanece en manos extranjeras. De esta manera, el país puede aumentar el valor de sus exportaciones y, al mismo tiempo, mantener dependencias respecto de los actores que aportan capital, conocimientos técnicos y acceso a los mercados internacionales. A ello se suman los costos ambientales y sociales asociados a la expansión de la actividad minera, que también deben considerarse al evaluar los resultados de esta estrategia.

Desde esta perspectiva, el caso indonesio no constituye una solución definitiva a las desigualdades de la economía internacional, sino una experiencia que permite reconocer tanto las oportunidades como las contradicciones de las políticas de industrialización basadas en recursos naturales. La abundancia de estos bienes puede convertirse en una herramienta de negociación internacional, pero sus beneficios dependen de la capacidad estatal para orientar las inversiones, fortalecer las capacidades productivas nacionales y avanzar hacia una estructura económica más diversificada.

En definitiva, Indonesia demuestra que los países del Sur Global pueden disputar las condiciones de su inserción en la economía mundial, aunque esa posibilidad no elimine las asimetrías que limitan su margen de acción. La cuestión no pasa únicamente por quién posee los recursos, sino por quién controla su transformación, quién captura el valor generado y quién, en última instancia, tiene la capacidad de decidir sobre el rumbo de esa producción. Es en esa disputa donde la riqueza natural puede convertirse en una herramienta de autonomía, pero también donde se evidencian los límites de esa transformación.

Bibliografía
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Cada 12 de octubre, la memoria histórica de dos continentes enfrenta una pregunta que excede la conmemoración de la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492 ¿fue descubrimiento, conquista o invasión?

La discusión no es meramente semántica, ya que el uso de las palabras con las que se construye e interpreta un acontecimiento histórico expresan también una forma de comprenderlo, de establecer sus protagonistas y de determinar qué experiencias merecen ser reconocidas.

Hablar de ‘América descubierta’ supone preguntarse ¿descubierta para quién? Si en 1492 el continente ya estaba habitado ¿qué significa afirmar que fué descubierto? Lejos de tratarse de una simple disputa sobre cómo nombrar el pasado, esta cuestión permite revisar la manera en que se construyó la historia de América, las relaciones de poder que atravesaron ese proceso y las consecuencias que todavía persisten en la identidad latinoamericana.

¿El descubrimiento?

La idea de descubrimiento presupone un territorio ignoto y deshabitado, y el actual territorio argentino la desmiente. Cuando Colón llegó al Caribe en 1492, estas tierras llevaban milenios pobladas, las pinturas de Cueva de las Manos, en Santa Cruz, tienen más de nueve mil años.

En el noroeste, diaguitas, omaguacas y atacamas habitaban pueblos como Quilmes o el Pucará de Tilcara, y la región había sido incorporada al Kollasuyu, la porción meridional del Tawantinsuyu. El Qhapaq Ñan la atravesaba, y varios de sus tramos en Salta y Jujuy se conservan hasta hoy.

Hacia el sur y el este vivían guaraníes, comechingones, huarpes, wichí, qom, tehuelches y pueblos del mundo mapuche, con formas propias de gobierno, de relación con el territorio y de comprensión del mundo.

La llegada europea a estas tierras no fue un hallazgo pacífico, sino un proceso de más de tres siglos de resistencia. Juan Díaz de Solís —considerado como el primer europeo en llegar al Río de la Plata— falleció a manos de pueblos originarios en el Río de la Plata en 1516 y la primera ‘expedición’ Buenos Aires, fundada en 1536, fue abandonada ante la hostilidad que enfrentó. En el noroeste, las guerras calchaquíes se prolongaron más de cien años y su desenlace fue el desarraigo de los Quilmes, deportados en 1666 hacia las cercanías de Buenos Aires tras una marcha de más de mil kilómetros. Como dato a tener en cuenta, la ciudad bonaerense que lleva su nombre es el recuerdo de esa derrota.

El término descubrimiento, además, funcionó como herramienta jurídica, mediante las bulas papales de 1493 y el Tratado de Tordesillas se repartieron entre Castilla y Portugal territorios habitados, sin consultar a sus pobladores, y el Requerimiento de 1513 legitimaba la guerra contra quienes no aceptaran la autoridad de la Corona. Esa lógica pervivió como doctrina del descubrimiento hasta bien entrado el siglo XIX.

La crítica latinoamericana ha desmontado esta narrativa, por su parte Edmundo O’Gorman (1958) sostuvo que América fue más una invención europea que un hallazgo; Enrique Dussel (1992) propuso hablar de encubrimiento del otro, y por otra parte Aníbal Quijano (1992) mostró que la conquista instauró la clasificación racial como principio organizador del poder, un patrón que perduró tras el fin del dominio colonial.

Las consecuencias del pasado colonial alcanzaron al actual territorio argentino de modo directo, por ejemplo, el noroeste se integró al circuito económico de Potosí, y Salta funcionó como nodo de la feria de mulas que abastecía a las minas. Para el espacio rioplatense y chaqueño, el efecto fue una ocupación lenta y violenta que se extendió hasta fines del siglo XIX.

La huella colonial

La llegada de los europeos no fue simplemente un encuentro entre dos mundos diferentes, fue también el inicio de un proceso de conquista que combinó apropiación territorial, explotación económica, imposición religiosa y violencia. La expansión colonial estuvo acompañada por guerras, desplazamientos de población, trabajo forzado y sistemas de dominación que modificaron profundamente las estructuras sociales de los territorios americanos.

La búsqueda de metales preciosos y de nuevas fuentes de riqueza impulsó buena parte de la expansión europea; la extracción de plata y oro, la reorganización de la producción y el sometimiento de las poblaciones indígenas contribuyeron a la acumulación de riqueza en las metrópolis. En muchos territorios, las estructuras económicas coloniales se organizaron en función de intereses externos, subordinando las necesidades de las comunidades locales a las demandas de los imperios.

A esta transformación económica se sumó la dimensión cultural y religiosa, ya que la evangelización acompañó la expansión colonial y, en numerosos casos, implicó la persecución de prácticas espirituales, la destrucción de espacios ceremoniales y la desvalorización de los conocimientos y las tradiciones indígenas.

Sin embargo, reducir la historia de la conquista a una imposición unilateral también sería una simplificación. Los pueblos originarios no fueron actores pasivos ni meros espectadores de su propia historia, cabe destacar que resistieron militarmente y buscaron preservar sus territorios, sus formas de vida y sus márgenes de autonomía. Reconocer esta capacidad de acción permite recuperar una historia más compleja, en la que los pueblos originarios aparecen como sujetos políticos capaces de actuar, resistir y transformar las circunstancias que enfrentaban.

Continuidad y exclusión en los Estados latinoamericanos

Las consecuencias de aquel proceso no quedaron encerradas en el siglo XVI pues la colonización contribuyó a configurar estructuras sociales jerárquicas, economías orientadas hacia el exterior y relaciones de poder atravesadas por distinciones étnicas y culturales.

Referirse a la independencia en singular, sin embargo, encubre procesos muy distintos. La argentina tuvo una particularidad, se gestó desde Buenos Aires, pero se sostuvo en buena medida con las poblaciones del norte. Indígenas, afrodescendientes y sectores populares integraron los ejércitos y las milicias revolucionarias, como las gauchadas que Güemes comandó en Salta.

El propio Congreso de Tucumán publicó su declaración de 1816 también en quechua y aymara, lo que muestra que se reconocía a esas poblaciones como parte del nuevo sujeto político. Ese mismo año, Belgrano llegó a proponer una monarquía constitucional encabezada por un descendiente de los incas, proyecto que las élites porteñas rechazaron. Hubo, además, medidas igualitarias, como la abolición de la mita, el yanaconazgo y el tributo por la Asamblea del Año XIII, aunque su aplicación fue limitada y el trabajo servil subsistió durante décadas.

No obstante, el proyecto de nación que terminó imponiéndose fue otro, dominando la oposición entre ‘civilización y barbarie’ de Sarmiento y la máxima alberdiana de que ‘gobernar es poblar’ orientaron un Estado concebido como moderno y europeo.

La Constitución de 1853 encargaba al Congreso conservar el trato pacífico con los indios y promover su conversión al catolicismo, es decir, los pensaba como sujetos de evangelización y no como ciudadanos. Sin embargo, la Conquista del Desierto (1878-1885) y las campañas posteriores sobre el Chaco incorporaron vastos territorios y desarticularon a numerosas comunidades.

La violencia continuó en el siglo XX, con la masacre de Napalpí (1924), en Chaco, y la de Rincón Bomba (1947), en Formosa. La justicia federal declaró a Napalpí crimen de lesa humanidad recién en 2019, y la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas obtuvo reconocimiento constitucional en 1994, marcando un hito normativo al incorporar en el Artículo 75, inciso 17, la obligación del Congreso de:

• Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos.

• Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural.

• Reconocer la personería jurídica de sus comunidades y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan.

• Regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano.

• Ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos.

¿El mito del crisol de razas?

La inmigración europea masiva consolidó el relato de un país blanco, que los datos contradicen: los estudios genéticos estiman en cerca de un 16 % la ancestría amerindia promedio de los argentinos, y el Censo de 2022 registró más de un millón de personas que se reconocen indígenas o descendientes de pueblos indígenas.

Frente a ese camino, el vecino Brasil siguió el suyo. La corte portuguesa se trasladó a Río de Janeiro en 1808, y la independencia de 1822 fue proclamada por Pedro, heredero de la propia dinastía, sin ruptura del orden social. El país fue monarquía hasta 1889 y conservó la esclavitud hasta 1888, siendo el último del continente en abolirla. Mientras Argentina imaginó una nación blanca y negó a sus pueblos originarios, Brasil celebró el mestizaje con el mito de la “democracia racial” sin alterar la jerarquía racial vigente; dos formas distintas de ocultar una misma desigualdad.

Estas trayectorias moldearon nuestra cosmovisión, cuando el Estado liberal argentino procuró construir una ciudadanía homogénea mediante la escuela pública, el idioma único y la historia oficial desvalorizó las lenguas originarias y relegó a lo folclórico saberes como la reciprocidad andina o la relación con la Pachamama.

La desigualdad estructural actual no puede atribuirse exclusivamente al período colonial de la conquista; responde también a las decisiones históricas que el Estado argentino tomó sobre esa herencia al definir qué sectores integrarían el proyecto de nación y cuáles serían excluidos. Los reclamos contemporáneos por la restitución territorial, la preservación de las lenguas y el reconocimiento de los saberes ancestrales visibilizados en normativas como la Ley 26.160 de relevamiento territorial dan cuenta de que esta tensión sigue vigente.

Entonces… ¿fué América descubierta?

La respuesta depende de qué entendemos por descubrimiento y de quién ocupe el centro de nuestra mirada. En 1492, los europeos llegaron a territorios que desconocían y establecieron un contacto que transformó la historia mundial. Pero América ya existía, con sus pueblos, sus conocimientos, sus conflictos y sus propias trayectorias históricas.

Cada 12 de octubre ofrece, por eso, una oportunidad para revisar el pasado sin convertirlo en una narración cerrada.No se trata de juzgar la historia desde categorías simplificadoras ni de reemplazar un relato único por otro, sino de ampliar las perspectivas, reconocer las voces silenciadas y comprender cómo las relaciones de poder influyen en la construcción de la memoria colectiva.

Porque la historia no es solamente aquello que ocurrió, también es la manera en que decidimos contarlo, los protagonistas que reconocemos y las preguntas que estamos dispuestos a formular.

Referencias

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Quijano, A. (1992). Colonialidad y modernidad/racionalidad. Perú Indígena, 13(29), 11-20.

Esta tensión puede pensarse como una forma de dependencia bioeconómica donde las flotas pesqueras de larga distancia o Distance Water Fishing (DWF), concentradas principalmente en unas pocas potencias pesqueras, cuentan con capacidades tecnológicas, logísticas y financieras que les permiten operar a gran escala y desplazarse hacia zonas alejadas de sus estados de origen (Oviedo, 2023).

Desde esta perspectiva, la problemática puede abordarse entendiendo el papel del tercer mundo -tomando como punto de partida a la Argentina- en la distribución de recursos y la concentración de la riqueza por un lado, y la distancia entre la titularidad formal de un derecho y las libertades/capacidades reales para ejercerlo por otro, discutiendo el extractivismo que se ejerce en los límites de la milla 201.

Extractivismo y dependencia en la plataforma continental Argentina

Desde una perspectiva estructuralista, se intenta problematizar la relación desigual entre aquellos actores que controlan los recursos naturales y quienes concentran las capacidades tecnológicas, productivas y comerciales necesarias para transformar dichos recursos en bienes de mayor valor agregado. Esta perspectiva resulta particularmente pertinente para analizar la explotación pesquera del Atlántico Sur, en tanto permite observar cómo la inserción internacional de los países periféricos puede quedar circunscripta a la provisión de materias primas, mientras que las etapas de procesamiento, comercialización y apropiación de los excedentes se desplazan hacia actores con mayores capacidades económicas y tecnológicas.

En concordancia con Oviedo (2023) mientras el país ribereño aporta el recurso biológico originado en su plataforma continental, el valor agregado, procesamiento e ingreso a los grandes mercados globales son capturados por potencias pesqueras (como la Unión Europea vía el puerto de Vigo en España, o China para su mercado interno y reexportación).

Esta asimetría se profundiza cuando se consideran las políticas de apoyo público que sostienen la actividad de las grandes flotas pesqueras, como los subsidios destinados al combustible, la construcción y modernización de buques, los seguros y otros componentes de los costos operativos que incrementan la capacidad de las flotas de operar durante períodos prolongados y a grandes distancias de sus países de origen (Oviedo, 2023). La capacidad financiera y tecnológica respaldada por políticas estatales permite reducir determinados costos de operación y ampliar la escala de explotación, mientras que las empresas periféricas enfrentan mayores restricciones de financiamiento, infraestructura, tecnología y acceso a mercados.

Por otro lado, Gonçalves (2023) advierte que un incremento de la inversión en infraestructura no necesariamente se traduce de manera automática en procesos de desarrollo económico sostenido, dado que sus efectos dependen de las condiciones bajo las cuales se estructura dicha inversión. En particular, la participación predominante de empresas extranjeras en la provisión de insumos, tecnología y mano de obra puede limitar los efectos de derrame sobre las economías locales.

En esta línea, Treacy y Futten (2023, p. 36) señalan que determinadas cláusulas presentes en acuerdos de cooperación pueden restringir la complementariedad, especialmente cuando se exige la contratación de empresas chinas y no se contempla una transferencia tecnológica suficiente. Así, el problema central radica en las condiciones bajo las cuales este se incorpora a la economía nacional y en su capacidad —o incapacidad— para generar encadenamientos productivos, transferencia de conocimientos y desarrollo de capacidades locales.

En consecuencia, tanto la explotación pesquera como determinadas modalidades de inversión e infraestructura pueden ser comprendidas a partir de una misma problemática estructural: la posibilidad de que la participación de un país periférico en los circuitos globales de producción y comercio se limite a aportar recursos, territorio, infraestructura o mano de obra, mientras las capacidades tecnológicas, financieras y comerciales necesarias para apropiarse de las fases de mayor valor agregado permanecen concentradas en actores externos.

De la soberanía de iure a la capacidad de facto

La soberanía puede existir jurídicamente, pero su ejercicio efectivo depende de las capacidades materiales e institucionales disponibles para hacerla realidad, es por ello que contar con una ZEE reconocida por el derecho internacional no garantiza por sí mismo la posibilidad de conocer qué ocurre en ella, controlar sus recursos o desarrollar políticas sostenibles. La diferencia entre derecho y capacidad resulta fundamental.

Por eso, la inversión en tecnología y conocimiento no constituye solamente una cuestión económica o militar; es también una política de soberanía. En este sentido, siguiendo a Almada y De Santis (2025) ‘’prefectura ha desarrollado con éxito estrategias que, basadas en la tecnología aplicada al control en tiempo real (Sistema Guardacostas), la inteligencia marítima y la aplicación de la ley en el mar, persiguen el objetivo de sancionar las actividades ilegales’’.

En paralelo, el Atlántico Sur se ha transformado en un nuevo tablero de ajedrez geopolítico donde miden fuerzas Estados Unidos y China, disputa que se cruza de lleno con el conflicto pesquero, transformando la defensa de los recursos marinos argentinos en un complejo desafío donde la ecología, la economía y las presiones internacionales colisionan en un mismo mar.

La expansión china hacia los mares distantes responde a una estrategia de largo plazo orientada, entre otros objetivos, a garantizar el abastecimiento de recursos pesqueros y sostener la competitividad de su industria mediante distintos mecanismos de apoyo estatal. China posee una de las mayores flotas pesqueras de aguas distantes del mundo y mantiene una presencia significativa en el Atlántico Sur, especialmente durante la temporada del calamar. Frente a los cuestionamientos internacionales sobre determinadas prácticas de su flota pesquera, China ha implementado algunas medidas de regulación y cooperación. Entre ellas se encuentran moratorias temporales para la pesca de calamar en determinadas áreas de alta mar y mecanismos de diálogo bilateral con Argentina, como el Subcomité de Pesca Chino-Argentino. Estos instrumentos constituyen canales de cooperación que permiten abordar cuestiones relacionadas con la conservación de los recursos y el comportamiento de las flotas (Infocielo, 2026).

Por su parte, siguiendo a Eissa (2022) funcionarios del Departamento de Defensa y del Comando Sur de Estados Unidos califican la actividad de la flota pesquera de aguas distantes china como la mayor infractora de la pesca No Declarada y No Reglamentada (INDNR) a escala global. En este contexto, Estados Unidos ha desempeñado un papel relevante en la orientación de las decisiones argentinas en materia de defensa y adquisición de equipamiento militar.

En este marco, la participación de la Cuarta Flota de la Armada estadounidense y las iniciativas orientadas a fortalecer las capacidades de vigilancia y control marítimo adquieren especial relevancia (Revista Puerto, 2026). Así, la cooperación en materia de seguridad puede ser entendida simultáneamente como un mecanismo de fortalecimiento de capacidades nacionales y como un instrumento mediante el cual Estados Unidos sostiene su presencia e intereses estratégicos en una región de creciente importancia geopolítica. En este escenario, el desafío para la Argentina consiste en aprovechar los mecanismos de cooperación disponibles para fortalecer la vigilancia y la conservación de los recursos ante la competencia geopolítica desplegada por Estados Unidos y China.

Soberanía como capacidad bioeconómica

En el caso del Atlántico Sur, la soberanía puede ser entendida también como una capacidad bioeconómica, es decir, como la posibilidad efectiva de controlar, gestionar, transformar y generar valor a partir de los recursos biológicos existentes en los espacios marítimos bajo jurisdicción nacional. Desde esta perspectiva, la existencia de derechos jurídicos sobre los recursos no garantiza por sí misma su aprovechamiento soberano: resulta necesario contar con capacidades materiales, tecnológicas, productivas, científicas y logísticas que permitan ejercerlos de manera efectiva.

Entonces, en la actualidad la soberanía no se reduce a declarar la titularidad sobre un recurso sino que se sostiene en la capacidad de producir conocimiento sobre él, monitorear su explotación, protegerlo, negociar su gobernanza y transformar su riqueza en desarrollo. La verdadera disputa no es únicamente quién puede pescar, sino quién posee las capacidades necesarias para decidir sobre el futuro de los recursos que se encuentran en ese espacio.

Referencias

Almada, S., & De Santis, L. (2025, 5 de junio). El control de la flota pesquera extranjera en la milla 201: Mucho más que presencia en esta frontera marítima. Argentina.gob.ar.

Eissa, S. G. (2022). Ni defensa ni seguridad. El mito de la pesca ilegal china en el Mar Argentino y la implementación de una política interagencial. Anuario Latinoamericano Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, 14, 107–133.

Favot, C. (2026). El poder del espacio azul. Pesca, soberanía y la encrucijada de la Milla 201 en la Argentina. Politicly.

Gonçalves, A.A (2023). Argentina y su adhesión a la Iniciativa de la Franja y la Ruta: oportunidades y desafíos para la complementariedad sinoargentina. Revista de Investigación en Política Exterior Argentina.

Infocielo. (2026, 15 de septiembre). EEUU llama “bien global” al Mar Argentino y crece la polémica por la “cooperación” militar. https://www.infocielo.com/politica-y-economia/eeuu-llama-bien-global-al-mar-argentino-y-crece-la-polemica-por-la-cooperacion-militar

Oviedo, E.D. (2023). Argentina y la pesca ilegal china. Una perspectiva desde las relaciones internacionales. Revista de Investigación en Política Exterior Argentina.

Revista Puerto. (2026, 21 de mayo). Extraño acuerdo militar con Estados Unidos con la milla 201 como excusa. https://revistapuerto.com.ar/

Treacy, M. y Futten, J. P. (2023). Cooperación y dependencia en la relación bilateral de China y Argentina: un análisis de los préstamos y las inversiones chinas en el contexto de la adhesión a la Iniciativa de la Franja y la Ruta. En M. V. Andrés (Coord.), ArgentinaChina 50 años de relaciones diplomáticas. Cooperación, desarrollo y futuro (pp. 26-42). Buenos Aires: Fundación Germán Abdala.

Zona Militar (8 de febrero de 2023). F-16 para la Fuerza Aérea Argentina: la comitiva técnica ya se encuentra en el país. https://www.zona-militar.com/2023/02/08/ya-seencuentra-en-la-argentina-la-comitiva-tecnica-de-f-16/

El domingo, las urnas se abrieron para dar paso a un nuevo proceso democrático en la República Federativa de Brasil. El resultado primario fue favorable para el candidato de la oposición, Flavio Bolsonaro, quien obtuvo un 47,03% de los votos. Lula Da Silva, actual presidente de Brasil y apuntando a un cuarto mandato, consiguió un 45,16%, cifra que lo deja en una posición desfavorable de camino al ballotage el 25 de octubre.

Escrito por Antonia Goette*.

Una jornada tranquila y un resultado inesperado

De los 158.745.502 brasileños habilitados para votar, concurrió a las urnas el 78,92%, es decir, 125.275.835 personas. La abstención superó el 21%, cifra poco común en el espacio electoral brasileño. Los votos en blanco fueron el 1,84% y los nulos el 2,93%.

El resultado sorprendió frente a lo que anticipaban las encuestas, que en general ubicaban al presidente al frente. Flávio Bolsonaro, hijo del ex presidente Jair Bolsonaro y candidato por el Partido Liberal, declaro: “Me alegra muchísimo ver que Brasil quiere un cambio” (La Nación). Lula, actual presidente y líder del Partido de los Trabajadores, reconoció que estaba “convencido de que ganaría en primera vuelta” y anunció que desde el lunes comenzaba “la segunda campaña”. Además, definió a su rival como representante de “la incertidumbre en el país”.

El mapa más allá de la presidencia

El avance del Partido Liberal (PL) no se limitó a la carrera presidencial. Los comicios dejaron un Congreso de mayoría conservadora, con el PL como principal fuerza: se renovaron la totalidad de la Cámara de Diputados (513 bancas) y un tercio del Senado (54 de 81 escaños en total). Veinte gobernadores fueron elegidos en primera vuelta, la mayor cifra en lo que va del siglo. Entre los gobernadores electos por el PL está Sergio Moro, exjuez de la causa Lava Jato, quien en 2017 condeno a Lula a 12 años de prisión por malversación de fondos, sentencia que fue anulada en 2021 por el Supremo Tribunal Federal.

Este escenario legislativo es relevante para lo que viene. En primera instancia, facilitaría al bolsonarismo impulsar una ley de amnistía para Jair Bolsonaro, quien se encuentra en prisión domiciliaria por el intento de golpe de Estado el 8 de enero de 2023 tras perder justamente la presidencia contra Lula.

Además, el próximo presidente tendrá la potestad de designar cargos en instituciones como la Corte Suprema, el Banco Central y los organismos reguladores, ampliando aun mas el margen de acción e influencia para el futuro líder de la república.

Un [viejo conocido]

Luiz Inácio Lula da Silva comenzó su carrera política en el sindicalismo metalúrgico de São Bernardo do Campo, a fines de los años sesenta. Fue senador entre 1987 y 1991 y presidente entre 2003 y 2011, con una reelección en 2007.

En 2017 fue condenado a nueve años de prisión por el entonces juez Sergio Moro en el marco de la Operación Lava Jato. En 2021, el Supremo Tribunal Federal anuló la condena al considerar que Moro no tenía competencia para juzgar esos casos. En 2022 volvió a competir y derrotó en segunda vuelta al entonces presidente Jair Bolsonaro con el 50,9% de los votos. Gobierna desde 2023 y busca ahora un cuarto mandato.

Su plataforma se centra en políticas sociales, inversión pública y reducción de desigualdades. Propone eliminar la jornada laboral de seis días por semana, instaurar una semana de 40 horas sin recorte salarial y crear un Ministerio de Seguridad Pública. También plantea alcanzar la deforestación cero en 2030 (política con mucha injerencia en el cuidado y conservación de la selva amazónica) y una mayor progresividad tributaria.

La continuidad del [Clan Bolsonaro]

Flávio Bolsonaro es el hijo mayor de Jair Bolsonaro. Empezó su carrera política a los 21 años, cuando fue elegido diputado estatal en la Asamblea Legislativa de Río, cargo que renovó durante cuatro mandatos. En 2018 llegó al Senado con 4,38 millones de votos.

Su candidatura se explica en buena medida por la situación de su padre. Jair Bolsonaro fue condenado en 2025 a 27 años y 3 meses de prisión por intento de golpe de Estado, abolición violenta del Estado de derecho y liderazgo de una organización criminal armada, por los hechos posteriores a las elecciones de 2022. Inhabilitado para competir, el expresidente dejó en su hijo la representación del espacio que lideró por tantos años. La candidatura de Flávio también incluye la defensa de un indulto para su padre y para los condenados por los ataques del 8 de enero de 2023.

Siguiendo con el legado político de su padre, Flavio Bolsonaro propone reducir el tamaño del Estado, eliminar al menos diez ministerios y bajar impuestos, bajo el lema “más Brasil y menos Brasilia”. En seguridad, su programa “Brasil sin miedo” plantea declarar organizaciones como el PCC y el Comando Vermelho como grupos narcoterroristas, bajar de 18 a 16 años la edad de imputabilidad para ciertos delitos y construir cinco cárceles federales de máxima seguridad inspiradas en el modelo salvadoreño. También busca limitar las atribuciones del Supremo Tribunal Federal en el juicio de determinadas causas.

El avance de las ultraderechas en América Latina

El resultado brasileño se lee en la región como parte de un fenómeno más amplio. Distintos analistas hablan de una inclinación hacia la ultraderecha: desde 2023 llegaron al poder Javier Milei en Argentina, José Antonio Kast en Chile y Abelardo de la Espriella en Colombia . El bloque regional de derecha se completa con nombres como los de Rodrigo Paz en Bolivia, Santiago Peña en Paraguay y Daniel Noboa en Ecuador.

La campaña brasileña tuvo ese componente regional. En julio, Milei viajó a San Pablo para respaldar el lanzamiento de la candidatura de Flávio Bolsonaro, lo que generó críticas en el Palacio do Planalto, donde se consideró una intervención en la política interna. Tras la primera vuelta, Milei felicitó al candidato en redes. También sostuvo que espera que Argentina y Brasil “sigan siendo grandes socios comerciales, culturales y políticos” (todojujuy)

El lugar de Brasil en el mundo

La elección redefine desde qué lugar Brasil se relaciona con el mundo. Por su escala económica, demográfica y diplomática, es, junto con México, uno de los pocos países latinoamericanos con peso suficiente para sostener una política exterior relativamente autónoma frente a Estados Unidos y China. Ese margen se vio puesto a prueba en los últimos meses.

Lula vincula la autonomía de Brasil con el multilateralismo, los BRICS y la construcción de un mundo multipolar. Su continuidad supondría sostener esa línea, con la fricción con Washington como telón de fondo y una relación bilateral con Argentina deteriorada. Un eventual triunfo, además, tendría que convivir con un Congreso y un mapa de gobernaciones más favorables a la oposición.

Bolsonaro propone alinear a Brasil con aliados como Trump y Milei, presentándolo como una alianza en materia de seguridad y comercio. Los opositores a su modelo advierten que una mayor subordinación a la agenda estadounidense reduciría el margen del país y el de sus vecinos para negociar colectivamente con las grandes potencias.

En ambos escenarios hay un punto en común: el Mercosur y la relación con Argentina, tercer destino de las exportaciones brasileñas, seguirán siendo una pieza central de la política exterior del próximo gobierno.

Lo que queda de cara al 25 de octubre

La segunda vuelta se disputará el domingo 25 de octubre y llega sin favoritos claros. Flávio Bolsonaro encabeza con una ventaja de menos de dos puntos, pero el camino hacia la presidencia dependerá de lo que ocurra con los votantes que no eligieron a ninguno de los dos finalistas y con el 21% del padrón que no concurrió a las urnas. Entre los candidatos que quedaron afuera hay apoyos explícitos, distancias tácitas y rechazos cruzados, lo que vuelve incierta cualquier transferencia automática de votos.

Pero como tal, Brasil no repite una revancha de 2022. Atraviesa una disputa más profunda: la legitimidad de las reglas y los árbitros judiciales. Mientras hace cuatro años se cuestionaba el resultado de las urnas, hoy en el proceso electoral se discute la autoridad de las instituciones encargadas de garantizar democracia, con el Supremo Tribunal Federal en el centro de la escena. El destino judicial de Jair Bolsonaro, la posibilidad de una amnistía y las designaciones que el próximo presidente deberá negociar con un Senado de nuevo signo son parte de esa encrucijada.

Un eventual triunfo de la oposición implicaría un cambio de paradigma. No sería únicamente una alternancia de gobierno, sino la posible redefinición del vínculo entre los poderes del Estado, del modelo económico y de la relación de Brasil con Estados Unidos, con China y con sus vecinos. Una reelección de Lula, en cambio, supondría la continuidad de un proyecto que, con indicadores económicos favorables, no logró traducirlos en una imagen pública positiva y eventual respaldo electoral, y que deberá gobernar con un Congreso y un mapa de gobernaciones que le son mayormente adversos.

En ambos casos, la gobernabilidad será el desafío central. Quien gane el 25 de octubre heredará un sistema fragmentado, un Legislativo con creciente poder sobre el presupuesto y una sociedad atravesada por la desconfianza hacia las instituciones. El resultado en las próximas tres semanas marcará el rumbo interno de Brasil, como también su lugar en una región latinoamericana donde las derechas avanzan y el equilibrio entre autonomía y alineamiento vuelve a estar en discusión.

*Estudiante avanzada de Relaciones Internacionales.

Referencias Bibliográficas

Bloomberg Línea. (2026). Lula buscará vencer en Brasil a la nueva ola de derecha liderada por Milei y Bukele en Latam. https://www.bloomberglinea.com/latinoamerica/lula-buscara-vencer-en-brasil-a-la-nueva-ola-de-derecha-liderada-por-milei-y-bukele-en-latam/

Milei avizora un nuevo aliado regional tras el triunfo de la derecha en la primera vuelta en Colombia. (2026, 1 de junio). El Economista. https://eleconomista.com.ar/politica/milei-avizora-nuevo-aliado-regional-tras-triunfo-derecha-primera-vuelta-colombia-n95421

Milei respaldó la candidatura de Flávio Bolsonaro en Brasil y volvió a tensar la relación con Lula. (2026, 25 de julio). iProfesional. https://www.iprofesional.com/politica/460764-javier-milei-viajo-a-brasil-para-respaldar-a-flavio-bolsonaro-y-tenso-la-relacion-con-lula-da-silva

Pettovello, E. (2026, 5 de octubre). Resultados: quién ganó las elecciones 2026 en Brasil. La Nación. https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/resultados-en-vivo-de-las-elecciones-en-brasil-como-van-las-presidenciales-2026-nid04102026/

Simpson, X., Paravizo, G., y Jacobsohn, I. (2026, 5 de octubre). Brasil y sus dos maridos. Revista Anfibia. https://www.revistaanfibia.com/elecciones-brasil-mas-alla-de-lula-y-bolsonaro/

Asimismo, esta elección adquiere una relevancia histórica particular ante el fuerte debate sobre la necesidad de elegir a la primera mujer como Secretaria General tras ocho décadas de liderazgos masculinos, respetando además la tradición informal de rotación regional que señala que corresponde el turno a América Latina y el Caribe (Malcorra et all., 2026; Roy, 2026).

En esta línea, de las 5 candidatas mujeres, 4 aún continúan en carrera: la costarricense Rebeca Grynspan –quien lidera 3 de las 4 consultas realizadas–, la guyanesa Carolyn Rodrigues-Birkett y las ecuatorianas María Fernanda Espinosa e Ivonne A-Baki.

*Escrito por Lic. Santiago Soratti y María Florencia Ortíz

*Escrito por Lic. Santiago Soratti y María Florencia Ortíz

El día 19 de septiembre la quinta candidata, la expresidenta chilena Michelle Bachelet retiró su candidatura a la Secretaría General, modificando el panorama eleccionario. La decisión se produjo un día después del tercer sondeo informal del Consejo de Seguridad, en el que obtuvo 1 voto a favor, 11 en contra y 3 abstenciones, quedando en la penúltima posición entre los ocho candidatos que participaban de la consulta (BBC, 2026).

La candidatura de Bachelet había sido apoyada en febrero por Chile, Brasil y México, aunque el gobierno chileno encabezado por José Antonio Kast retiró su respaldo en marzo. Brasil y México, en cambio, mantuvieron su apoyo. Sin embargo, al anunciar su salida, la expresidenta afirmó “no me arrepiento de haber emprendido este gran desafío”, ya que su candidatura había contribuido a instalar en el debate internacional la necesidad de que una mujer latinoamericana llegue por primera vez a la Secretaría General de la ONU (Laborde y Pinto, 2026; TN, 2026). También reivindicó como ejes de su postulación la defensa del multilateralismo, el derecho internacional, la democracia, los derechos humanos y la lucha contra el cambio climático.

Con su retiro, la carrera quedó reducida a 7 candidaturas activas. Diez días después, el 29 de septiembre, el Consejo de Seguridad realizó un nuevo sondeo informal y no vinculante que volvió a colocar a Rebeca Grynspan al frente de la carrera. La costarricense obtuvo 10 votos a favor, 3 en contra y 2 abstenciones, mejorando su resultado respecto de la consulta anterior. La guyanesa Carolyn Rodrigues-Birkett quedó en segundo lugar, con 8 votos a favor, 6 en contra y 1 abstención, mientras que el argentino Rafael Grossi obtuvo también 8 a favor, 7 en contra y sin abstenciones.

Así, este resultado convirtió a Grynspan –opción más sólida para China y Rusia– en la candidata que más veces ha encabezado los sondeos realizados hasta ahora, al haber obtenido el mayor número de votos en la primera, tercera y cuarta consultas. Cabe destacar que estos sondeos no determinan quién será el próximo Secretario General, sino que se tratan de consultas confidenciales destinadas a medir el respaldo de los miembros del Consejo de Seguridad antes de avanzar hacia una decisión formal. Además, todavía no se conoce si alguno de los votos negativos recibidos por Grynspan provino de uno de los 5 miembros permanentes del Consejo –Estados Unidos, China, Rusia, Francia o Reino Unido–, cuyo rechazo puede impedir que una candidatura avance.

En adhesión, en estas cuatro rondas de votaciones “los miembros permanentes y no permanentes votaron con el mismo color de la boleta, que sirve para no identificar los vetos”. No obstante,

“a partir de la próxima votación [la quinta], Dinamarca, Grecia, Pakistán, Panamá, Somalia, Bahrein, Colombia, Letonia, Liberia y República Democrática del Congo, que son miembros no permanentes, votarían con una boleta blanca; mientras que Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido, que son miembros permanentes, lo harían con una roja o azul” (Infobae, 2026, párr. 23).

En pocas palabras, como el voto es anónimo, será el color de las boletas lo que permitirá saber con certeza si los votos en contra hacia los candidatos son rechazos de miembros permanentes o no permanentes.

Lo que resulta claro es que, en un mundo atravesado por la creciente puja de poder entre Estados Unidos y China, la elección del próximo Secretario General de la ONU tampoco escapa a esta dinámica de competencia bipolar. La cumbre que mantuvieron previamente Donald Trump y Xi Jinping en Washington no resolvió la designación del próximo Secretario General, lo que, según Infobae, “volvió a trabar” la votación realizada posteriormente en el Consejo de Seguridad (2026, párr. 7).

La disputa entre ambas potencias también aparece detrás de las posiciones respecto de las candidaturas. Según fuentes consultadas por Infobae en Nueva York y Washington, “Trump no permitirá que Xi ‘corone’ en las Naciones Unidas” a su candidata (Infobae, 2026, párr. 12). Esta afirmación permite interpretar que Estados Unidos podría estar detrás de uno de los votos negativos recibidos por Rebeca Grynspan, aunque su origen no ha sido confirmado oficialmente debido al carácter confidencial del sondeo.

No obstante, los resultados de la última consulta sí permiten observar la existencia de un posible bloqueo. Como se mencionó, Grynspan obtuvo 10 votos a favor, 3 en contra y 2 abstenciones. Como explica Infobae, esto “significa que en los 3 en contra –discouraged, en la jerga diplomática–, al menos hay un veto” (Infobae, 2026, párr. 11).

Por el momento, no se conoce oficialmente cuál de estos miembros permanentes votó en contra de Grynspan. Sin embargo, la información publicada por Infobae y las posiciones atribuidas a Washington y Beijing permiten observar cómo la competencia entre las grandes potencias puede condicionar incluso la elección del máximo representante de una organización creada precisamente para canalizar el diálogo y la cooperación entre ellas.

Por su parte, la candidatura de Carolyn Rodrigues-Birkett parece enfrentar mayores dificultades para ampliar su respaldo dentro del Consejo de Seguridad. La candidata guyanesa obtuvo 8 votos a favor, 6 en contra y 1 abstención, exactamente el mismo resultado que en el sondeo anterior. Esta reiteración de resultados ha sido interpretada como un indicio de estancamiento de su candidatura. Entre los factores que podrían dificultar su avance se encuentra su histórica cercanía política con Fidel Castro, a quien Rodrigues-Birkett calificó como un “visionario” (Infobae, 2026). Esta posición ha generado cuestionamientos entre algunos miembros occidentales del Consejo de Seguridad y podría explicar particularmente la resistencia de Estados Unidos, Francia y Reino Unido a su candidatura.

En cuanto al caso de Rafael Grossi, este se encuentra frente a una dinámica diferente. El candidato argentino cuenta con el apoyo explícito de Estados Unidos y mantiene excelentes relaciones diplomáticas con China y Rusia, dos actores cuyo respaldo resulta relevante para alcanzar una eventual designación, además de una valoración positiva por su liderazgo de la Organización Internacional de Energía Atómica, especialmente ante las crisis debido a los conflictos de Ucrania e Irán. Además, sus resultados mostraron una evolución favorable entre el tercer y el cuarto sondeo. El 18 de septiembre, Grossi había obtenido 5 votos a favor, 8 en contra y 2 abstenciones. Luego, once días después, alcanzó 8 votos a favor, 7 en contra y ninguna abstención. Esta mejora refleja un crecimiento de 3 votos favorables y una reducción de 1 en los votos negativos, aunque todavía mantiene siete votos en contra. En este escenario, el avance de su candidatura dependería en buena medida de la capacidad de negociación de Washington con los demás miembros permanentes.

Entre los factores que podrían incidir se encuentra la posición del Reino Unido, particularmente por la cuestión de las Islas Malvinas. Según Infobae (2026), Londres podría evaluar la eventual designación de un Secretario General argentino a la luz de la posición histórica de Argentina sobre la soberanía de las islas. Por ello, el respaldo estadounidense por sí solo no garantiza el avance de Grossi, que todavía debería superar las objeciones de otros miembros permanentes del Consejo. Lo que resulta innegable es que, “si Trump no convence al Primer Ministro británico Andy Burnham, es ‘game over’ para Rossi” (Infobae, 2026, párr. 21).

El 2026 representa un año decisivo para las Naciones Unidas. El fin del mandato de António Guterres se encuentra caracterizado por una gran complejidad sistémica y por la relevancia que podría significar que, tras ocho décadas de liderazgo masculino, pueda ser elegida la primera Secretaria General mujer, respetando además la tradición de rotación regional que en esta oportunidad favorece a América Latina y el Caribe.

Actualmente, tras la baja de Michelle Bachelet, 4 candidatas latinoamericanas siguen en la contienda, con la costarricense Rebeca Grynspan liderando los sondeos informales, junto a Rafael Grossi. Sin embargo, quien asuma la Secretaría General deberá afrontar el gran desafío de liderar una organización que requiere una profunda transformación para adaptarse a los nuevos desafíos presentes y futuros teniendo como alicientes una fragmentación geopolítica, fuertes presiones presupuestarias y una crisis de legitimidad tanto para con la sociedad internacional como con algunos miembros que empiezan a cuestionar su accionar y eficacia ante los crecientes conflictos en diferentes latitudes a nivel mundial.

Fuentes y Referencias Bibliográficas:

BBC News Mundo. (2026, 20 de septiembre). Las razones por las que Michelle Bachelet se retira de la carrera por la Secretaría General de la ONU. BBC News Mundo. https://www.bbc.com/mundo/articles/c52e0v8xxlk3o

Laborde, A., & Pinto, A. (2026, October 1). Bachelet, en un homenaje tras retirar su candidatura a la ONU: “Quienes pensaban que me iba a ir para la casa, les tengo una mala noticia”. EL PAÍS. Retrieved October 4, 2026, from https://elpais.com/chile/2026-10-01/bachelet-en-un-homenaje-tras-retirar-su-candidatura-a-la-onu-quienes-pensaban-que-me-iba-a-ir-para-la-casa-les-tengo-una-mala-noticia.html

Lejtman, R. (2026, 29 de septiembre). Rebeca Grynspan se consolida como la candidata con más votos para ser la próxima secretaria General de la ONU. Infobae. https://www.infobae.com/america/mundo/2026/09/29/rebeca-grynspan-se-consolida-como-la-candidata-mas-con-mas-votos-para-ser-la-proxima-secretaria-general-de-la-onu/

Malcorra, S., Bokova, I., & Clark, H. (2026). Not Any Person. Not Any Woman. Not Any Man. PassBlue. Retrieved October 4, 2026, from https://passblue.com/2026/03/09/not-any-person-not-any-woman-not-any-man/

Ortiz, J. (2026, 19 de septiembre). Michelle Bachelet retiró su candidatura para la Secretaría General de la ONU tras quedar penúltima en el último sondeo. TN. https://www.bbc.com/mundo/articles/c52e0v8xxlk3o

Roy, D. (2026, septiembre 21). Who Will Be the Next UN Secretary-General? Council on Foreign Relations. Retrieved October 4, 2026, from https://www.cfr.org/articles/who-will-be-the-next-un-secretary-general

Sin embargo, hoy en día, esta distinción parece estar siendo puesta en tela de juicio, ya que el desarrollo de Vaca Muerta modificó de manera acelerada la producción de petróleo y gas de Argentina y comenzó también a alterar su perfil exportador. En este contexto, Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, afirmó recientemente en entrevistas de televisión y canales de streaming que “vamos camino a ser un país petrolero” debido a que la empresa se encuentra en “máximos históricos de operación” (C5N, 2026, 6:25). Asimismo, afirmó que YPF podría llegar a posicionarse entre las 20 compañías más grandes del mundo y, específicamente en el sector de los hidrocarburos no convencionales, entre las 10 principales (C5N, 2026).

Detrás de estas declaraciones, existen procesos y dinámicas internacionales que exceden al sector energético argentino y por ende, merecen ser analizadas con rigurosidad. A su vez, cabe preguntarnos, ¿Argentina está realmente transformando su matriz productiva alrededor de los hidrocarburos, o simplemente atraviesa un período excepcional de expansión de la producción? Lo que resulta innegable es que este fenómeno podría significar una oportunidad para redefinir el lugar que ocupa Argentina en el Sistema Energético Global.

*Escrito por María Florencia Ortíz.

El Potencial de Vaca Muerta: de Reserva Estratégica a Motor Productivo

En definitiva, el cambio más notable fue el aumento de la producción. En julio de 2026, Argentina alcanzó un nuevo récord de 916.200 barriles diarios de petróleo, de los cuales 643.100 correspondieron a Vaca Muerta, es decir, cerca del 70% de la producción nacional (Secretaría de Energía, 2026).

Una dinámica similar se observa en el [gas natural], donde la formación neuquina alcanzó una producción de 96,5 millones de metros cúbicos diarios, frente a los 158,8 millones registrados a nivel nacional, lo que representa aproximadamente el 61% del total (Secretaría de Energía, 2026). Con estas cifras, Vaca Muerta dejó de ser considerada únicamente una formación geológica con enormes reservas de hidrocarburos no convencionales para convertirse en el principal motor de la expansión energética argentina.

La magnitud de esta transformación también puede observarse en los avances tecnológicos y productivos que acompañaron el desarrollo de la explotación no convencional. La extracción de hidrocarburos en Vaca Muerta requiere técnicas como la perforación horizontal y la fractura hidráulica, cuya aplicación se fue perfeccionando a medida que aumentó la experiencia en el desarrollo de la formación. Esto permitió ampliar las zonas consideradas aptas para la explotación en un 22%, aumentar los niveles de roca aprovechables en un 39% y extraer una mayor proporción del petróleo disponible (Secretaría de Energía, 2026).

Cabe destacar que estos avances hicieron que el [factor de recuperación] –el porcentaje del petróleo presente en la roca que efectivamente puede extraerse con la tecnología disponible– aumentara un 54% respecto de las estimaciones realizadas en 2013, contribuyendo a que los recursos técnicamente recuperables de Vaca Muerta prácticamente se duplicaran en poco más de una década (Secretaría de Energía, 2026).

El resultado es una industria que ya no se encuentra únicamente en una etapa exploratoria, sino que comenzó a operar a una escala capaz de generar excedentes exportables.

No obstante, la abundancia de un recurso no es lo que garantiza convertirse en una “potencia exportadora”. Más bien, esto implica transformar las reservas en una producción sostenida a lo largo del tiempo, y posteriormente, esa misma producción en infraestructura, exportaciones y divisas. Es precisamente en este punto donde adquiere especial relevancia el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

De la Existencia del Recurso a la Exportación: el Papel del RIGI

En palabras de Marín, “hay un círculo virtuoso porque el RIGI fue muy importante para que haya podido haber inversiones, [ya que el mismo] da estabilidad jurídica y fiscal… y esa inversión es extranjera” (C5N, 2026, 6:49).

Aunque el desarrollo de Vaca Muerta antecede al RIGI, –por lo cual sería incorrecto atribuir el crecimiento de la producción exclusivamente a la implementación del régimen– sí puede afirmarse que este busca resolver cómo transformar una expansión productiva en un proceso de inversión de largo plazo capaz de construir la infraestructura necesaria para exportar a gran escala.

Si bien los pozos tienen una elevada productividad inicial, también presentan una declinación relativamente rápida, por lo que mantener y aumentar la producción exige continuar perforando. Por esta razón, la explotación de hidrocarburos no convencionales requiere inversiones permanentes. A esto se le suma la necesidad de ampliar oleoductos, gasoductos, plantas de tratamiento, terminales portuarias y sobre todo, capacidad de almacenamiento y licuefacción.

El RIGI intenta ofrecer condiciones de previsibilidad y estabilidad para atraer inversiones de gran escala destinadas a proyectos considerados estratégicos. Para el sector energético, esto resulta particularmente relevante porque el principal límite para Vaca Muerta es la capacidad de transportar y colocar esa producción en los mercados internacionales.

El cambio de escala es significativo, ya que Argentina comenzó a proyectar no solamente mayores exportaciones de petróleo, sino también una expansión de su capacidad para producir y exportar gas natural licuado. En este sentido, el megaproyecto energético Argentina LNG, impulsado por YPF junto con la empresa italiana Eni y XRG, brazo internacional de inversiones energéticas de ADNOC (Abu Dhabi National Oil Company), propone desarrollar de manera integrada los recursos gasíferos de Vaca Muerta, desde su extracción hasta su transformación y exportación como GNL.

Para ello, contempla bloques productivos destinados exclusivamente al proyecto, un gasoducto dedicado para transportar el gas hasta las instalaciones de licuefacción y unidades flotantes de licuefacción (FLNG). Con una capacidad inicial proyectada de hasta 12 millones de toneladas anuales de GNL, ampliable a 18 millones, el proyecto busca convertir los recursos de Vaca Muerta en una nueva plataforma de exportación energética (Argentina LNG, 2026).

En agosto de 2026, Argentina LNG solicitó su adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para llevar adelante el proyecto, con una inversión acumulada estimada en US$51.000 millones durante todo su desarrollo, monto que lo convertiría en la mayor inversión privada de la historia argentina (La Nación, 2026).

La lógica detrás de la iniciativa es clara: Vaca Muerta aporta el recurso, las inversiones aportan capacidad productiva, la infraestructura permite transportarlo, y el GNL permite convertirlo en un producto energético comercializable a escala global.

Si este proceso logra consolidarse, la discusión sobre Argentina como “país petrolero” deja de referirse exclusivamente al petróleo, involucrando también al gas natural y, más ampliamente, a la posibilidad de que los hidrocarburos se conviertan en uno de los principales pilares de la inserción económica internacional argentina.

No obstante, si miramos globalmente, se observa una paradoja, ya que mientras que Argentina está intentando expandir su producción de hidrocarburos, buena parte del mundo desarrollado está intentando reducir su dependencia a ellos. Es en esta aparente contradicción donde asoma la dimensión internacional del fenómeno.

La Transición Energética también abre Oportunidades

La transición energética suele presentarse como un proceso de sustitución de los combustibles fósiles por fuentes renovables. Sin embargo, en la práctica, la transformación del sistema energético mundial es mucho más compleja. Si bien las economías avanzadas están aumentando la participación de energías renovables electrificando sectores de sus economías y estableciendo objetivos de reducción de emisiones, la realidad es que continúan necesitando petróleo y gas durante el proceso.

Europa constituye uno de los ejemplos más claros, donde fue la invasión rusa a Ucrania la que expuso hasta qué punto la energía también constituye una cuestión de seguridad geopolítica. En términos de Bordoff y O’Sullivan (2025) podríamos decir que se evidenció “el regreso del arma energética”. Los autores plantean que la competencia entre grandes potencias y la fragmentación económica han sido la causa del resurgimiento del uso de la energía como un mecanismo de coacción geoeconómica.

La elevada dependencia europea al gas ruso convirtió el abastecimiento energético en una vulnerabilidad estratégica. A partir de 2022, la Unión Europea aceleró la diversificación de sus proveedores y, al mismo tiempo, profundizó sus políticas de descarbonización. Empero, otro aspecto señalado por los autores es que la transición hacia fuentes renovables y la electrificación masiva producen nuevas vulnerabilidades.

A primera vista, esta decisión resulta aparentemente contradictoria, ya que Europa necesita reducir el consumo de combustibles fósiles, pero mientras lo hace debe garantizar el suministro de aquellos hidrocarburos que todavía utiliza.

Sin embargo, esta medida encuentra una explicación en una de las principales dificultades de la transición energética: la [intermitencia] de algunas fuentes renovables y la falta de coincidencia entre sus momentos de generación y los picos de demanda eléctrica. La energía solar, por ejemplo, solo puede generar electricidad durante las horas de disponibilidad de radiación, mientras que la demanda puede aumentar en momentos en los que la generación solar es limitada, como ocurre al comienzo de la mañana o durante la noche.

Esto hace necesario contar con [fuentes de energía de respaldo] que permitan responder con rapidez ante variaciones de la demanda y garantizar la estabilidad del sistema, entre las que actualmente se encuentran el gas natural, la energía hidroeléctrica y la nuclear. En consecuencia, aunque Europa avance en la incorporación de energías renovables y en la reducción de los combustibles fósiles, los hidrocarburos continúan teniendo un papel relevante durante el proceso de transición, particularmente como fuentes capaces de aportar estabilidad y capacidad de respuesta al sistema energético.

Dentro de este escenario, el gas natural ocupa un lugar particular, ya que combina una menor intensidad de emisiones de CO₂ que el carbón con la capacidad de aportar flexibilidad y resiliencia a los sistemas energéticos. Esto resulta especialmente relevante mientras las energías renovables continúen ampliando su participación, pero todavía enfrenten dificultades para garantizar por sí solas un suministro continuo. En este sentido, el gas puede funcionar como una fuente de respaldo capaz de responder a las variaciones de la demanda y complementar la generación renovable. Por ello, aun cuando su utilización también presenta desafíos ambientales, especialmente por las emisiones de metano asociadas a su producción y transporte, su papel dentro de la transición energética continúa siendo objeto de consideración como “combustible de transición”.

Esta función adquiere mayor relevancia si se considera la magnitud del desafío que implica transformar la matriz energética global. Como muestra el gráfico superior (Natural Gas Intelligence, 2015), al sumar la participación del petróleo, el carbón y el gas natural –que juntos superan el 82%–, se evidencia que los hidrocarburos todavía representan aproximadamente ⅚ partes de la matriz energética mundial. Por ende, avanzar hacia una economía de menores emisiones supone transformar una estructura profundamente dependiente de ellos.

Esta dinámica permite comprender la oportunidad que se abre para Argentina. El denominado “Trilema Energético”, basado en la necesidad de conciliar seguridad energética, acceso a energía a precios competitivos y sostenibilidad ambiental, evidencia que estos objetivos no siempre avanzan en la misma dirección (World Energy Council, 2024). La guerra en Ucrania profundizó esta tensión al convertir la seguridad del abastecimiento en una prioridad para Europa y acelerar la búsqueda de proveedores alternativos al gas ruso, al mismo tiempo que los compromisos climáticos europeos mantienen la presión para reducir progresivamente el uso de combustibles fósiles.

En este contexto, el gas natural de Vaca Muerta podría adquirir valor estratégico porque puede contribuir a sostener la resiliencia de los sistemas energéticos mientras que la transición energética avanza.

De esta manera, la oportunidad para Argentina surge de una de las tensiones centrales que atraviesa la transformación de la matriz energética global, esta es, la necesidad de conciliar seguridad energética y sostenibilidad ambiental.

En este punto, vuelve a resonar el planteo de Bordoff y O’Sullivan (2025), quienes señalan que la búsqueda de seguridad energética puede convertirse en un motor de la descarbonización incluso más potente que la preocupación climática por sí sola. La necesidad de reducir vulnerabilidades frente a proveedores externos, garantizar el abastecimiento y fortalecer la autonomía energética está llevando a los Estados a acelerar la transformación de sus matrices energéticas.

Argentina frente a una Ventana que NO será Permanente.

Uno de los aspectos del desarrollo de Vaca Muerta que no puede ser ignorado es que la oportunidad energética argentina está atravesada por una variable: el tiempo. Como se explicó, la transformación de la matriz energética global plantea un escenario futuro en el que la participación de los hidrocarburos podría reducirse progresivamente a medida que avancen la electrificación, la eficiencia energética y las fuentes renovables en los países importadores del recurso. En este contexto, la posibilidad de expandir la producción y las exportaciones de petróleo y gas no constituyen una oportunidad ilimitada, al contrario, se presenta como una ventana cuyo alcance dependerá de la velocidad con la que se transforme la demanda energética mundial.

Sin duda, una expansión sostenida del sector podría generar divisas, inversiones, infraestructura, puestos de trabajo y capacidades productivas con efectos que trasciendan al propio sector energético. Sin embargo, también existe el riesgo de que el crecimiento de las exportaciones de hidrocarburos profundice la concentración de la estructura exportadora argentina en recursos naturales, generando una mayor exposición a las fluctuaciones de los mercados internacionales de energía.

Desde esta perspectiva, Vaca Muerta representa simultáneamente una oportunidad y un desafío estratégico. La oportunidad consiste en aprovechar las condiciones actuales del mercado energético internacional para transformar los recursos disponibles en capacidad productiva, exportaciones y desarrollo económico. El desafío consiste en utilizar esa ventana temporal para construir una economía con mayores capacidades y diversificación, evitando que el auge de los hidrocarburos se convierta en una nueva forma de dependencia estructural.

Entonces, ¿Argentina será un País Petrolero?

La respuesta dependerá de qué entendamos por “país petrolero”. Si la definición se limita a la capacidad de producir grandes cantidades de hidrocarburos, Argentina se encuentra claramente avanzando en esa dirección, considerando que la expansión de Vaca Muerta ya modificó la producción nacional y comenzó a generar excedentes exportables.

Si, en cambio, ser un país petrolero implica que los hidrocarburos se conviertan en un componente estructural de la economía nacional, el proceso todavía está en construcción, por lo cual sería contrafáctico realizar afirmaciones. Para que eso ocurra será necesario sostener durante años los niveles de inversión, ampliar la infraestructura, desarrollar mercados externos y transformar los ingresos provenientes de los hidrocarburos en capacidades productivas que excedan al propio sector energético.

La experiencia internacional muestra que disponer de abundantes recursos naturales puede generar enormes oportunidades, pero también puede profundizar la vulnerabilidad frente a los precios internacionales, la concentración exportadora y los ciclos de auge y caída de las materias primas. La pregunta argentina, por lo tanto, no debería terminar en Vaca Muerta.

Argentina parece encontrarse ante una ventana de oportunidad excepcional. Vaca Muerta le ofrece los recursos, el RIGI busca generar las condiciones para movilizar capital y la transformación del mercado energético internacional abre nuevos espacios para exportar. Pero esta ventana no permanecerá abierta para siempre.

Quizá es por esta razón que la declaración del presidente de YPF de que “Argentina está camino a convertirse en un país petrolero” deba entenderse menos como una conclusión que como una [advertencia] para pensar el futuro.

El desafío nunca fue demostrar que Argentina tiene petróleo y gas, sino decidir qué lugar quiere ocupar con ellos en un mundo que, al mismo tiempo que todavía los necesita, también se prepara para dejarlos atrás.

Fuentes y Referencias Bibliográficas

Argentina LNG. (s. f.). Argentina LNG. YPF. https://argentina-lng.ypf.com/

Bordoff, J., & O’Sullivan, M. L. (2025). The return of the energy weapon: An old tool creating new dangers. Foreign Affairs, 104(6), 56–65.

C5N. (2026, 27 de agosto). “YPF puede llegar a ser una de las 20 compañías MÁS GRANDES del MUNDO” | HORACIO MARÍN en MINUTO UNO [Video]. YouTube.

Davis, C. (2017, September 27). LNG to dominate global natgas trade by 2035, says BP. Natural Gas Intelligence.

La Nación. (2026, 14 de agosto). YPF solicitó la adhesión al RIGI en un proyecto por US$51.000 millones.

Secretaría de Energía. (2026, 24 de agosto). La producción de petróleo registró otro mes de crecimiento en julio. Argentina.gob.ar.

Secretaría de Energía. (2026, 12 de agosto). Vaca Muerta aumentó en un 89% sus recursos de petróleo respecto de las últimas estimaciones de 2013.

World Energy Council. (2024). World Energy Trilemma 2024: Evolving with resilience and justice.

Nueva York vuelve a ser, durante estos días, el centro de la diplomacia internacional. Desde el 22 de septiembre, los líderes mundiales se reúnen en la sede de Naciones Unidas para participar del debate de alto nivel de la 81.ª Asamblea General. El lema elegido para esta sesión es “Restoring trust, managing transformation: a United Nations that delivers for all” —“Restaurar la confianza, gestionar la transformación: una Naciones Unidas que cumpla para todos”—. No parece casual que la confianza sea uno de los ejes principales. En un escenario atravesado por guerras, desigualdades, crisis humanitarias, cambio climático y una creciente competencia tecnológica, la capacidad de la ONU para responder de manera efectiva vuelve a estar en el centro de la discusión (United Nations, 2026).

La pregunta es incómoda, pero necesaria:

*Escrito por Ambar Alfonsina Ibarra Portanda.

Una estructura diseñada para otro orden internacional.

La organización nació al finalizar la Segunda Guerra Mundial, en un contexto marcado por la necesidad de evitar un nuevo conflicto a escala global. La Carta de las Naciones Unidas fue firmada en San Francisco el 26 de junio de 1945 y la organización comenzó oficialmente sus funciones el 24 de octubre de ese año. En ese momento eran 51 los Estados miembros. Hoy son 193 (United Nations, 2026).

Uno de los principales ejemplos se encuentra en el Consejo de Seguridad, el órgano encargado de mantener la paz y la seguridad internacional. Está compuesto por 15 miembros: diez no permanentes y cinco permanentes (Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido), estos últimos con derecho a veto. Para aprobar una decisión sustantiva se necesitan al menos nueve votos afirmativos y que ninguno de los cinco miembros permanentes vote en contra (United Nations Security Council, 2026).

Ahí aparece una de las principales contradicciones del sistema.

La ONU pretende funcionar como una organización universal, pero las decisiones más importantes en materia de seguridad internacional continúan dependiendo, en gran medida, de cinco Estados que obtuvieron su posición privilegiada en un contexto histórico completamente diferente. En 1945, gran parte del mapa político actual todavía no existía. Muchos Estados de África y Asia aún eran colonias y buena parte de los países que hoy forman el sistema internacional todavía no habían alcanzado su independencia.

Por eso, el problema no es solamente que el Consejo de Seguridad tenga cinco miembros permanentes. El problema es que la distribución de poder institucional no refleja completamente la distribución de poder y representación del mundo actual.

La propia ONU reconoce esta discusión. Durante la actual Asamblea General, la reforma del Consejo de Seguridad volvió a ocupar un lugar central. El secretario general António Guterres sostuvo este 22 de septiembre que la ausencia de una representación permanente africana continúa siendo difícil de justificar y reclamó una reforma de las instituciones internacionales. (Organización de las Naciones Unidas)

El reclamo tampoco se limita a África. América Latina y el Caribe, Asia y otros grupos de Estados también cuestionan desde hace años la composición del Consejo. Las negociaciones intergubernamentales sobre su reforma continúan discutiendo cuestiones como la ampliación de los miembros permanentes y no permanentes, la representación regional y el futuro del derecho de veto (United Nations General Assembly, 2026).

Pero existe una dificultad todavía mayor: reformar el Consejo implica modificar las reglas del mismo sistema que les otorga a las grandes potencias una posición privilegiada.

Y ahí es donde aparece el veto.

El veto como límite a la acción internacional.

El derecho de veto fue pensado en 1945 como una forma de garantizar que las principales potencias no quedasen obligadas por decisiones que fueran directamente contra sus intereses fundamentales. Sin embargo, con el paso del tiempo, ese mecanismo también se convirtió en uno de los principales obstáculos para alcanzar consensos frente a determinadas crisis.

Cuando uno de los cinco miembros permanentes vota negativamente una resolución sustantiva, esta no puede ser aprobada, aunque cuente con el apoyo del resto del Consejo. El mecanismo está establecido en la propia Carta y no constituye una anomalía dentro del sistema: fue diseñado de esa manera desde el comienzo (United Nations Security Council, 2026).

El problema aparece cuando las grandes potencias se encuentran enfrentadas.

En esos casos, el Consejo de Seguridad puede convertirse en el reflejo de las disputas del sistema internacional en lugar de funcionar como un espacio capaz de resolverlas. La discusión deja de ser únicamente jurídica o institucional y pasa a depender de los intereses políticos de los Estados con mayor capacidad de decisión.

La situación actual vuelve visible esta tensión. Mientras la guerra y las crisis humanitarias continúan ocupando buena parte de la agenda internacional, las divisiones entre las grandes potencias dificultan la construcción de respuestas comunes. En su último discurso ante la Asamblea General como secretario general, Guterres sostuvo que las “grietas” del sistema internacional se habían convertido en “cañones” y señaló cuatro grandes desafíos interconectados: guerra y paz, desigualdad, cambio climático e inteligencia artificial (United Nations, 2026). (Organización de las Naciones Unidas)

Esto también permite entender por qué la discusión sobre la ONU no puede reducirse a una pregunta sobre si la organización “funciona” o “no funciona”.

Porque Naciones Unidas sigue siendo necesaria.

La Asamblea General reúne a los 193 Estados miembros, cada uno con un voto, y constituye el principal órgano deliberativo y representativo de la organización. Allí se discuten conflictos, cuestiones económicas, derechos humanos, desarrollo, cambio climático y una gran cantidad de temas que afectan al sistema internacional. A diferencia del Consejo de Seguridad, la Asamblea General es un espacio de representación universal (United Nations, 2026). (Organización de las Naciones Unidas)

Además, la ONU continúa teniendo un papel importante en asistencia humanitaria, mantenimiento de la paz, cooperación internacional, desarrollo y protección de derechos humanos. Su importancia no desaparece porque no pueda resolver por sí sola todos los conflictos.

Quizás el problema sea otro.

El papel de Naciones Unidas en el escenario internacional.

La ONU puede generar espacios de negociación, construir acuerdos, aprobar resoluciones y coordinar respuestas internacionales. Pero no puede reemplazar la voluntad política de los Estados. En última instancia, la organización depende de sus miembros y, especialmente en materia de seguridad internacional, de la disposición de las principales potencias a cooperar.

Por eso, hablar de una “crisis de la ONU” puede resultar insuficiente. Lo que existe también es una crisis más amplia del multilateralismo: una dificultad creciente para que los Estados encuentren respuestas colectivas frente a problemas que, por su propia naturaleza, ya no pueden ser resueltos de manera individual.

Nuevos desafíos para el sistema multilateral.

Esto se vuelve todavía más evidente cuando aparecen desafíos que ni siquiera existían cuando se creó la organización.

La inteligencia artificial es uno de ellos. En 1945 no existían las redes digitales, los sistemas autónomos, las plataformas globales ni la posibilidad de que una tecnología pudiera influir simultáneamente sobre economías, sociedades y sistemas de seguridad de prácticamente todos los Estados. Hoy, en cambio, la regulación de la inteligencia artificial se convirtió en uno de los temas centrales de la agenda internacional. Guterres volvió a reclamar este 22 de septiembre una gobernanza internacional de la IA y mecanismos de supervisión independientes (Reuters, 2026).

Lo mismo sucede con el cambio climático, las nuevas formas de conflicto, la desinformación, la ciberseguridad o las transformaciones de la economía mundial. Son problemas globales que necesitan respuestas coordinadas, pero que se desarrollan dentro de una estructura internacional diseñada en otra época.

Por eso, la discusión actual no debería centrarse únicamente en si Naciones Unidas perdió relevancia. La pregunta más interesante es si sus instituciones lograron adaptarse al mundo que ayudaron a construir.

La propia organización parece reconocer que necesita hacerlo. Durante 2026 se desarrolló la iniciativa UN80, un proceso de reformas destinado a mejorar la eficacia, reducir fragmentaciones y revisar la forma en que funciona el sistema de Naciones Unidas. En mayo, un informe de la iniciativa sostuvo que el status quo era “insostenible” y que las reformas requerían decisiones políticas de los Estados miembros (United Nations, 2026). (Organización de las Naciones Unidas)

La cuestión, entonces, no es si la ONU debe desaparecer para dar lugar a otra organización. Después de todo, continúa siendo el único espacio donde prácticamente todos los Estados del sistema internacional pueden sentarse alrededor de una misma mesa.

El desafío es decidir qué tipo de organización necesita el mundo actual.

Una ONU para el siglo XXI.

Una ONU con mayor representación regional, un Consejo de Seguridad más acorde con la composición del sistema internacional y mecanismos capaces de responder a nuevos problemas podría recuperar parte de la confianza que hoy se encuentra cuestionada. Pero ninguna reforma institucional será suficiente si las grandes potencias continúan priorizando sistemáticamente la competencia por sobre la cooperación.

La 81.ª Asamblea General comienza, justamente, bajo la idea de “restaurar la confianza”. No es un detalle menor. La propia elección del lema reconoce que existe una distancia entre las expectativas que genera el sistema multilateral y su capacidad para producir resultados concretos (United Nations General Assembly, 2026).

Ochenta años después de la creación de Naciones Unidas, el mundo ya no es el de 1945. Cambió la cantidad de Estados, cambiaron los actores, cambiaron las amenazas y cambió la distribución del poder internacional.

Lo que todavía no cambió completamente es la estructura creada para administrar ese mundo.

Tal vez el verdadero desafío de Naciones Unidas no sea sobrevivir al siglo XXI, sino conseguir adaptarse a él. Porque, frente a crisis que ningún Estado puede resolver por sí solo, el mundo todavía necesita instituciones multilaterales. La pregunta es si esas instituciones están preparadas para responder a las crisis de un mundo que, hace tiempo, dejó de parecerse al que las creó.

Bibliografía

United Nations. (2026). High-level week 2026: General debate.

United Nations. (2026). History of the United Nations.

United Nations. (2026, September 22). Guterres: “Cracks have become canyons” as world faces four tests of power.

United Nations. (2026). Main bodies.

United Nations. (2026, May 26). UN80 Initiative: New report warns status quo is “untenable” as reforms enter decisive phase.

United Nations General Assembly. (2026). Priorities: Eighty-first session of the General Assembly.

United Nations General Assembly. (2026). General Assembly: Reform of the Security Council—Informal meeting of the plenary. United Nations Security Council. (2026). Voting system.

Reuters. (2026, September 22). UN chief calls for AI curbs and end to wars in his last assembly address.

En este escenario, la masiva presencia de flotas pesqueras extranjeras en las inmediaciones de nuestra Zona Económica Exclusiva representa una de las alertas más críticas para la Argentina. Año a año, una verdadera ciudad flotante de más de 500 buques se instala en la Milla 201, en las fronteras mismas de la jurisdicción nacional, con pabellones predominantemente asiáticos (China, Corea del Sur, Taiwán) y europeos. Esta depredación silenciosa supera lo puramente extractivo, rozando los límites de la sostenibilidad ecosistémica, pone a prueba la capacidad de patrullaje nacional e impacta de lleno en la soberanía. Aunque en alta mar la actividad no sea ilegal en sí misma, el foco de tensión está en la pesca no reglamentada y en el saqueo de especies transzonales que luego deberían ingresar a aguas argentinas.

Dicha problemática encuentra un estrecho vínculo con la disputa de soberanía sobre Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur, donde el Reino Unido administra unilateralmente licencias pesqueras que Argentina no reconoce. Por su parte, el Atlántico Sur se encuentra atravesado por la creciente competencia estratégica entre Estados Unidos y China. Para la Argentina, esta convergencia plantea un dilema estratégico acerca de cómo fortalecer sus capacidades de vigilancia, preservar sus recursos y defender sus intereses soberanos sin quedar reducida a un escenario pasivo dentro de una competencia geopolítica definida por actores externos.

Analizar la encrucijada de la Milla 201, por lo tanto, requiere comprender cómo la explotación de los recursos marinos se vincula con la soberanía, la seguridad, la sostenibilidad ambiental y la inserción internacional argentina.

Escrito por Carolina Favot

La problemática de la ‘‘Milla 201’’

Para comprender la problemática de la Milla 201 es necesario partir de la distinción jurídica establecida por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) a partir de la cual se define que la Zona Económica Exclusiva (ZEE) se extiende hasta las 200 millas náuticas desde las líneas de base y, dentro de este espacio, Argentina ejerce sus derechos soberanos sobre los recursos naturales (Eissa, 2022). Por ello, la pesca sin autorización o en incumplimiento de la normativa argentina constituye una actividad ilegal.

Cabe destacar que la magnitud de la actividad pesquera en esta zona resulta significativa. Siguiendo a El Eco de Tandil (2026), cada año, entre 400 y 600 embarcaciones, principalmente provenientes de China, Taiwán, Corea del Sur y España, forman una verdadera “ciudad flotante” de embarcaciones luminosas que puede ser observada incluso desde el espacio. Estas flotas extraen anualmente entre 1,5 y 3 millones de toneladas de recursos marinos, donde entre las principales especies objetivo se encuentra el calamar Illex argentinus, de gran importancia para el ecosistema y para la industria pesquera argentina. Su ciclo de vida relativamente corto y su sensibilidad a las condiciones ambientales hacen que una presión extractiva elevada pueda afectar la dinámica de sus poblaciones y, potencialmente, generar efectos sobre otras especies que dependen de él dentro de la cadena trófica.

A esta problemática se suman determinadas prácticas que dificultan la trazabilidad y el control de las actividades pesqueras. Entre ellas se encuentran la interrupción o manipulación de los sistemas de identificación automática (AIS) que puede dificultar el seguimiento de las embarcaciones y los transbordos de capturas en alta mar, que complejizan la identificación del origen de los recursos y el control de la cadena de comercialización. Estas prácticas no implican por sí mismas que toda actividad desarrollada en la Milla 201 sea ilegal, pero constituyen un desafío para la transparencia, la trazabilidad y la fiscalización de la actividad pesquera (Eissa, 2022).

En consecuencia, la Milla 201 representa un punto de tensión entre la libertad de pesca en alta mar y la necesidad de garantizar la conservación y el aprovechamiento sostenible de recursos biológicos que poseen una estrecha relación ecológica con el Mar Argentino. Esta situación evidencia las limitaciones de los mecanismos actuales de gobernanza y plantea la necesidad de fortalecer tanto las capacidades de monitoreo como los instrumentos internacionales destinados a prevenir la pesca INDNR y proteger los ecosistemas marinos.

Cuestión Malvinas y gobernanza pesquera en el Atlántico Sur

Esta dimensión ambiental y económica se encuentra estrechamente vinculada con la cuestión de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur, visto que en los espacios marítimos circundantes a las islas las autoridades británicas administran unilateralmente actividades pesqueras y otorgan licencias a empresas extranjeras, una política que Argentina no reconoce. Durante 2024, las capturas realizadas bajo licencias otorgadas por las autoridades británicas de las Islas Malvinas alcanzaron las 261.903 toneladas, consolidando a la actividad pesquera como uno de los principales componentes de la economía de las islas (El Eco de Tandil, 2026).

En este contexto, la gobernanza de los recursos pesqueros transzonales constituye uno de los principales desafíos regionales. A nivel internacional, las Organizaciones Regionales de Ordenación Pesquera (OROP) permiten que los Estados establezcan reglas comunes para administrar especies que atraviesan diferentes jurisdicciones y garantizar su conservación; sin embargo, la creación de una OROP para el Atlántico Sur presenta una particular complejidad debido a la disputa de soberanía sobre las islas (Revista Puerto, 2026).

Desde la perspectiva argentina, la participación del Reino Unido en un eventual mecanismo de ordenamiento que comprendiera los espacios marítimos adyacentes a las islas podría generar un reconocimiento implícito de una jurisdicción británica que Argentina no reconoce. Esta cuestión se encuentra estrechamente vinculada con la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional, que establece el carácter permanente e irrenunciable del reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur. En consecuencia, siguiendo lo expuesto por el Centro de estudios internacionales de la Universidad de Belgrano (2021), el desafío consiste en encontrar mecanismos de cooperación y conservación que permitan proteger los recursos pesqueros sin afectar la posición jurídica argentina respecto de la soberanía.

Esta complejidad también se refleja en la distribución de las flotas extranjeras ya que mientras una parte significativa de la flota china concentra su actividad en alta mar, particularmente en el área de la Milla 201, embarcaciones de Taiwán, Corea del Sur y España mantienen una presencia relevante en torno a las Islas Malvinas mediante licencias otorgadas por las autoridades británicas (Santos, 2025). Por lo tanto, la actividad pesquera del Atlántico Sur constituye un fenómeno que responde a diferentes marcos jurídicos y económicos que deben ser diferenciados para comprender integralmente la problemática.

Estrategia Argentina frente a la problemática

Frente a la dificultad de establecer una Organización Regional de Ordenación Pesquera (OROP) convencional en el Atlántico Sur, particularmente debido a las implicancias de la cuestión de las Islas Malvinas, Argentina ha buscado combinar distintos instrumentos jurídicos y mecanismos de cooperación internacional que permitan abordar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) sin comprometer su posición respecto de la soberanía.

Entre estos instrumentos se encuentra el Acuerdo sobre Subvenciones a la Pesca de la Organización Mundial del Comercio (OMC), orientado a limitar determinadas subvenciones estatales que contribuyen a la pesca INDNR y a la explotación de poblaciones sobreexplotadas. En este sentido, siguiendo a Laporte (2023), la reducción de incentivos económicos, incluidos aquellos vinculados con el combustible y la construcción y modernización de buques, puede contribuir a disminuir la rentabilidad de las flotas de aguas distantes que operan a miles de kilómetros de sus países de origen.

Otro mecanismo relevante es el Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto (AMERP o PSMA) de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) -agencia especializada de la ONU que encabeza los esfuerzos mundiales para erradicar el hambre y lograr la seguridad alimentaria-. Permite a los Estados controlar y, en determinados casos, denegar el acceso a sus puertos a buques vinculados con actividades de pesca INDNR; de este modo, el acuerdo busca dificultar el desembarque, transbordo y comercialización de capturas obtenidas de manera irregular, fortaleciendo el control sobre las cadenas internacionales de suministro pesquero.

A estos instrumentos se suma el Tratado Biodiversidad Más Allá de las Jurisdicciones Nacionales (BBNJ), es el primer tratado internacional jurídicamente vinculante creado para proteger la vida oceánica en aguas internacionales, destinado a la conservación y utilización sostenible de la biodiversidad marina en zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional. En el marco de la CONVEMAR, establece herramientas para fortalecer la protección de la biodiversidad en alta mar, entre ellas las áreas marinas protegidas y las evaluaciones de impacto ambiental; su implementación adquiere particular relevancia para espacios ecológicamente sensibles próximos a la Zona Económica Exclusiva argentina, como el denominado Agujero Azul, ubicado en el área de la Milla 201 (Fishery Progress, 2025).

Hay un punto en particular, conocido como Agujero Azul, que produce especial interés, ubicado a la altura de Comodoro Rivadavia, esta zona de la milla 201 es la única donde todavía hay plataforma continental. Al haber plataforma, la profundidad es menor y la biodiversidad es mayor. Dado a que se encuentra fuera de la ZEEA, los pesqueros internacionales tienen la posibilidad de capturar recursos sin ningún tipo de regulación del estado ribereño, amparados por una sumatoria de grises legales (Nöllmann, 2024, s.p)

En el plano nacional, estos instrumentos se complementan con el fortalecimiento de las capacidades de vigilancia, inteligencia y coordinación interagencial. De acuerdo a Fishery Progress (2025), la creación del Comando Conjunto Marítimo en 2021 junto con las capacidades de la Prefectura Naval Argentina, permitió profundizar el monitoreo de los espacios marítimos mediante herramientas electrónicas, satelitales y de seguimiento de embarcaciones. La utilización de estos sistemas permite reconstruir posiciones, velocidades y trayectorias de los buques y generar evidencia para eventuales investigaciones y sanciones, particularmente dentro de los espacios sometidos a jurisdicción argentina.

En este escenario, Argentina enfrenta simultáneamente la presión extractiva de las flotas de aguas distantes, la necesidad de proteger recursos biológicos estratégicos, la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas y la creciente competencia geopolítica entre Estados Unidos y China en el Atlántico Sur. Por ello, siguiendo a Almada & De Santis (2025) la vigilancia naval, la inteligencia satelital y las capacidades tecnológicas resultan indispensables, pero deben complementarse con una estrategia diplomática y multilateral orientada a fortalecer las normas aplicables a la alta mar y mejorar los mecanismos de cooperación.

La importancia de repensarnos en clave geopolítica

El análisis de la Milla 201 permite comprender que la problemática pesquera del Atlántico Sur trasciende la explotación de recursos y se inserta en una disputa más amplia por soberanía, seguridad y posicionamiento estratégico. La presencia de flotas extranjeras, la cuestión de las Islas Malvinas y la creciente competencia entre Estados Unidos y China configuran un escenario en el que los intereses económicos, ambientales y geopolíticos se encuentran estrechamente vinculados.

Frente a este contexto, Argentina enfrenta el desafío de fortalecer su presencia efectiva en el Atlántico Sur mediante mayores capacidades de vigilancia, control, producción de información y cooperación internacional. La protección de los recursos pesqueros y la defensa de los intereses soberanos requieren, por lo tanto, una política marítima integral que articule sostenibilidad ambiental, seguridad y estrategia internacional.

Referencias

Almada, S., & De Santis, L. (2025, 5 de junio). El control de la flota pesquera extranjera en la milla 201: mucho más que presencia en esta frontera marítima. Argentina.gob.ar.

Centro de estudios internacionales de la Universidad de Belgrano. (2021). El dilema argentino de la presencia británica en el Atlántico Suroccidental y la Antártida.

Eissa, S. G. (2022). Ni defensa ni seguridad. El mito de la pesca ilegal china en el Mar Argentino y la implementación de una política interagencial. Anuario Latinoamericano Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, 14, 107–133.

El Eco de Tandil. (2026, 6 de junio). Alertaron por el fuerte impacto de la pesca ilegal en aguas argentinas.

Fishery Progress. (2025, septiembre). Informe – Jornadas contra la Pesca INDNR. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Laporte, J. P. (Ed.). (2023). Revista de Investigación en Política Exterior Argentina, 3(6).

Nöllmann, M. (2024, 19 de junio). Agujero azul: el país firmó un acuerdo para regular la pesca extranjera en la convulsionada Milla 201. LA NACION.

Revista Puerto. (2026, 21 de mayo). Extraño acuerdo militar con Estados Unidos con la milla 201 como excusa.

Santos, C. E. (2025, 20 de marzo). China y la depredación del Atlántico Sur: amenazas económicas y ambientales para Argentina. La Patria.

ARMS RACE. Ilustración de Khahn Tran sobre la competencia geopolítica y tecnológica en un mundo interdependiente. (Fuente: Cybersecurity Visuals / UC Berkeley Center for Long-Term Cybersecurity).

Durante décadas, una de las grandes promesas de la globalización fue que una economía mundial cada vez más integrada, favorecería simultáneamente la eficiencia y la cooperación entre los paises. Empresas y Estados podían especializarse, importar desde donde resultara más barato y construir cadenas de producción distribuidas alrededor del planeta. La interdependencia era beneficiosa en términos económicos y aparentaba reducir el costo de los Estados a confrontarse, es decir, se reducía la lógica Geopolítica. Sin embargo, esta dimensión nunca desapareció, empezó a convivir con otra.

Ese supuesto empezó a mostrar límites. La transformación no ocurrió de un día para otro, sino que fue el resultado de una serie de procesos que se aceleraron en los últimos años. La pandemia de 2020 expuso hasta qué punto las economías dependían de cadenas de suministro extensas, concentradas y difíciles de reemplazar. La rivalidad entre Estados Unidos y China trasladó esa preocupación hacia la tecnología y la industria, mientras que la invasión rusa a Ucrania en 2022 mostró hasta qué punto una relación económica consolidada podía adquirir rápidamente una dimensión estratégica (Bordoff & O’Sullivan, 2025).

Desde entonces, la seguridad ganó peso en la evaluación de los vínculos económicos. Como plantea Andrew Hurrell (2024), la competencia entre grandes potencias ocurre dentro de una economía profundamente interconectada, donde comercio, tecnología, inversiones y cadenas de suministro pueden convertirse en fuentes de poder y vulnerabilidad. La pregunta ya no es sólo quién produce más barato, sino de quién resulta aceptable depender (Meckling, 2025).

Escrito por Sofia Reinoso

El giro Geoeconómico

La transición energética muestra con claridad este cambio. Jonas Meckling (2025) señala que la descarbonización ya no es sólo un problema de acción colectiva: también se convirtió en una carrera por capturar industrias, empleos, innovación y ventajas tecnológicas. Baterías, minerales críticos, vehículos eléctricos y paneles solares son herramientas climáticas, pero también activos industriales y estratégicos.

La apertura, además, nunca distribuyó sus beneficios de manera uniforme. Quah (2024) recurre al fenómeno “China Shock” para mostrar que la integración puede asociarse con pérdida de empleos industriales y debilitamiento de sectores productivos. Esa dimensión distributiva se cruza con otra: la seguridad. Cuando una relación de interdependencia empieza a percibirse como un riesgo, puede securitizarse y pasar a evaluarse también en términos de autonomía, vulnerabilidad y poder (Hurrell, 2024).

Japón y China: tierras raras, dependencia y seguridad económica

Durante años, Japón dependió fuertemente de China para abastecerse de tierras raras, insumos clave para sectores como la electrónica, la industria automotriz y la fabricación de imanes de alto rendimiento. A fines de la década de 2000, China concentraba alrededor del 85 % de las importaciones japonesas de estos minerales (Ministry of Economy, Trade and Industry [METI], 2025).

El punto de inflexión llegó en septiembre de 2010. Una colisión entre un pesquero chino y embarcaciones de la Guardia Costera japonesa cerca de las islas Senkaku/Diaoyu desencadenó una crisis diplomática entre Beijing y Tokio. En ese contexto, las interrupciones en los envíos chinos de tierras raras hacia Japón hicieron visible el riesgo de depender excesivamente de un solo proveedor para acceder a insumos difíciles de sustituir. El propio Ministerio de Economía japonés identifica aquel episodio como uno de los momentos que incrementaron la preocupación por la vulnerabilidad de sus cadenas de suministro y su dependencia de China para determinadas materias primas estratégicas (METI, 2025).

SENKAKU/DIAOYU. La disputa marítima de 2010 precedió las interrupciones en el suministro chino de tierras raras a Japón. (Foto: Reuters).

¿Qué hizo Japón?

La respuesta japonesa no consistió simplemente en buscar un proveedor más barato. Tokio comenzó a diversificar deliberadamente su cadena de suministro. En 2011, JOGMEC y la empresa japonesa Sojitz acordaron aportar US$250 millones a la australiana Lynas y asegurar para el mercado japonés un mínimo de 8.500 toneladas anuales de tierras raras durante diez años (Sojitz Corporation & JOGMEC, 2011).

Japón también llevó el conflicto al terreno multilateral. En 2012 recurrió a la Organización Mundial del Comercio para cuestionar las restricciones chinas sobre tierras raras, tungsteno y molibdeno. Beijing sostuvo que esas medidas buscaban conservar recursos naturales agotables y reducir los daños ambientales asociados a su extracción. Japón, Estados Unidos y la Unión Europea, en cambio, argumentaron que favorecían a las industrias chinas al garantizarles un acceso preferencial a materias primas estratégicas. Fue asi como el episodio de 2010 adquirio una dimensión geopolítica especialmente visible.

Para comprender esa dimensión resulta útil el concepto de economic statecraft. Baldwin (1985) a través de este concepto analiza cómo los Estados pueden utilizar instrumentos económicos (restricciones comerciales, sanciones, incentivos o el control de determinados recursos) para perseguir objetivos de política exterior. Kalantzakos (2017) interpreta el episodio de las tierras raras desde esa lógica: una posición casi monopólica sobre un recurso crítico podía adquirir valor estratégico y convertirse en una herramienta de presión.

El caso puede leerse también a través de la lógica de la weaponized interdependence. Farrell y Newman (2025) parten de la idea de que las redes económicas globales no distribuyen el poder de manera uniforme: algunos actores ocupan posiciones centrales o difíciles de sustituir y pueden aprovechar esa asimetría para ejercer presión sobre otros. En Japón, entonces, el problema no era solamente que China concentra una gran parte del suministro de tierras raras, sino que esa dependencia podría transformarse en capacidad de coerción. Una relación construida en torno a eficiencia y especialización empezó así a revelar otra dimensión: quien controla un punto difícil de sustituir puede obtener poder precisamente de la dependencia del otro.

La respuesta de Japón buscó reducir precisamente esa asimetría. Además de recurrir a la OMC, impulsó proveedores alternativos, reciclaje, sustitución tecnológica e inversiones en nuevas fuentes. La participación china en sus importaciones de tierras raras cayó del 85 % en 2009 al 58 % en 2020 (METI, 2025). La experiencia muestra cómo una relación económicamente conveniente puede comenzar a evaluarse de otra manera después de un shock político: el precio y la eficiencia siguen importando, pero dejan de ser los únicos criterios cuando la dependencia es percibida como una vulnerabilidad.

El caso adquiere todavía más relevancia con la transición energética. Las tierras raras no son una fuente de energía en sí mismas, pero resultan fundamentales para tecnologías como motores eléctricos, turbinas eólicas e imanes de alto rendimiento. Como advierten Bordoff y O’Sullivan (2025), el avance hacia tecnologías limpias puede reducir ciertas dependencias asociadas a los combustibles fósiles y, al mismo tiempo, generar otras vinculadas con minerales críticos, componentes y tecnologías.

Estados Unidos y China: evitar el shock antes de que ocurra

Una dinámica similar aparece en la cadena de baterías para vehículos eléctricos. Según la Agencia Internacional de Energía (2026), China produjo en 2025 más del 80 % de las celdas de baterías del mundo, cerca del 85 % de los materiales activos para cátodos y más del 90 % de los materiales para ánodos.

La respuesta estadounidense fue preventiva. A través del Inflation Reduction Act (IRA), Washington buscó fortalecer la producción doméstica y reducir su exposición a proveedores considerados estratégicamente riesgosos. Entre sus medidas incorporó restricciones vinculadas a las Foreign Entities of Concern (FEOC), categoría que incluye a China (U.S. Department of Energy, 2024). Aquí no hubo que esperar una interrupción: la política se orientó a reducir el riesgo antes de que se materializara.

El poder está en la red

¿Qué ocurre cuando una relación construida para facilitar el intercambio empieza también a ofrecer herramientas para ejercer presión?

Farrell y Newman (2025) explican que el problema no es sólo estar conectados, sino cómo está organizada esa conexión. Algunas redes concentran funciones estratégicas en pocos nodos. Estos autores identifican dos formas principales de aprovechar una posición dominante dentro de una red. Una permite observar lo que circula por ella y obtener información estratégica; la otra permite cerrar el paso o dificultar el acceso a un flujo indispensable. Los autores llaman a estos mecanismos panopticon effect y chokepoint effect, respectivamente.

Este último puede pensarse como un cuello de botella: el poder no está necesariamente en poseer el recurso, sino en controlar el punto estratégico por donde otros necesitan pasar. Eso cambia la forma de pensar el poder económico. No alcanza con preguntar quién posee litio, petróleo o gas. También importa quién puede procesar ese mineral, fabricar un componente indispensable, controlar una tecnología, administrar una red financiera o disponer de una infraestructura difícil de sustituir.

De-risking: reducir riesgos sin romper la interdependencia

¿Cómo se reduce una dependencia peligrosa sin desarmar una economía que necesita estar conectada para funcionar? Esa pregunta ocupa un lugar cada vez más importante en la política económica internacional.

Una de las respuestas que ganó terreno es el de-risking: reducir vulnerabilidades sin romper por completo los vínculos económicos. La Unión Europea utiliza esta idea frente a China. Su objetivo no es abandonar el comercio ni cortar la relación, sino evitar dependencias excesivas en sectores considerados críticos, diversificar proveedores y conservar, al mismo tiempo, espacios de intercambio y cooperación (European Commission, 2023).

La diferencia con el decoupling es importante. El desacople supone una separación mucho más profunda entre economías integradas: reducir deliberadamente vínculos comerciales, tecnológicos o productivos y reorganizar cadenas de suministro para depender menos de la otra parte. El de-risking, en cambio, acepta que la interdependencia seguirá existiendo y busca intervenir solamente allí donde una concentración resulta demasiado riesgosa.

El problema aparece cuando todos intentan reducir sus riesgos al mismo tiempo.

Estados Unidos puede subsidiar nuevas capacidades para depender menos de China; Beijing puede interpretar esas medidas como una estrategia de contención y responder con restricciones propias. Esa reacción, a su vez, refuerza en Washington la percepción de que aquella dependencia era peligrosa. Europa diversifica, otros países protegen industrias y una medida inicialmente defensiva puede terminar provocando otra.

Ahí aparece una de las paradojas de esta nueva economía política: buscar más seguridad puede generar más desconfianza. Cuando un Estado diversifica proveedores, subsidia producción doméstica o restringe el acceso de determinados actores, otros pueden interpretar esas decisiones como una amenaza y responder de la misma manera. Si esa dinámica se profundiza, puede reducir el comercio, favorecer la formación de bloques y aumentar la fragmentación internacional.

El problema se vuelve todavía más evidente cuando los Estados comienzan a pensar en términos de ganancias relativas: ya no importa solamente cuánto obtiene un país de una relación económica, sino también cuánto gana su competidor. Por eso, un gobierno puede aceptar mayores costos para evitar que un rival mejore todavía más su posición (Quah, 2024).

Comprar seguridad también tiene un precio

Diversificar proveedores o desarrollar producción doméstica puede aumentar la resiliencia, pero también implica costos: abandonar al proveedor más eficiente, subsidiar nuevas industrias o duplicar capacidades. Al mismo tiempo, esa competencia puede impulsar inversión e innovación en tecnologías limpias (Meckling, 2025). La paradoja es que las mismas políticas que reducen vulnerabilidades pueden acelerar la transición verde y, a la vez, aumentar el proteccionismo y la fragmentación.

Cuando utilizar una dependencia puede terminar debilitándola

Una posición dominante conserva poder mientras siga siendo difícil de evitar. Bordoff y O’Sullivan (2025) describen el arma energética como una “espada de doble filo”: cuanto más se utiliza una dependencia como instrumento de presión, mayores son los incentivos del actor vulnerable para buscar alternativas.

Japón muestra ese mecanismo. Las restricciones de 2010 aceleraron la búsqueda de nuevos proveedores y redujeron gradualmente la dependencia de China. Algo parecido ocurrió con la energía rusa en Europa: después de 2022, Europa diversificó rutas y proveedores y redujo su exposición al gas ruso (Van de Graaf & Sovacool, 2020).

El poder de un chokepoint funciona igual: depende de que no existan sustitutos sencillos. Si aparecen nuevas rutas, tecnologías o proveedores, su valor estratégico puede disminuir.

¿Hacia dónde vamos?

El futuro no parece ser un mundo sin interdependencia. Las economías seguirán necesitando comercio, tecnología, inversión y proveedores externos. Lo que está cambiando es qué dependencias los Estados consideran aceptables, cuáles buscan diversificar y cuánto están dispuestos a pagar para reducir aquellas que perciben como vulnerabilidades.

En ese escenario, el de-risking probablemente siga ocupando un lugar central. El desafío será reducir concentraciones excesivas sin avanzar hacia una fragmentación completa de la economía mundial. La interdependencia no desaparece: se vuelve más selectiva, costosa y política.

¿Dónde se concentra hoy el poder?

China sigue ocupando una posición central en el procesamiento de minerales estratégicos. Según la Agencia Internacional de Energía (2025), es el principal refinador de 19 de los 20 minerales analizados, lo que le otorga una posición especialmente relevante dentro de numerosas cadenas de suministro.

Pero China no es el único actor con capacidad de influencia. Indonesia tiene peso en el níquel y Kazajistán en el uranio, mientras que el poder también puede encontrarse fuera de las materias primas. La empresa neerlandesa ASML Holding N.V. concentra una tecnología indispensable para producir los semiconductores más avanzados, y Estados Unidos conserva posiciones centrales en redes financieras y tecnológicas (ASML, 2025; IMF, 2025; SWIFT, 2025).

También existen puntos de concentración físicos. El estrecho de Ormuz concentró en la primera mitad de 2025 alrededor de 20,9 millones de barriles diarios de petróleo y derivados y más del 20 % del comercio mundial de GNL (EIA, 2026). Su importancia no deriva de producir energía, sino de constituir una ruta difícil de reemplazar.

ESTRECHO DE ORMUZ. Uno de los principales cuellos de botella del comercio energético mundial. (Fuente: Magnum Logistics, 2026).

Estos casos muestran que el poder económico puede adoptar formas diferentes. Puede surgir del control de un recurso, de su procesamiento, de una tecnología indispensable, de una red financiera o de una ruta estratégica. Lo que tienen en común es la capacidad de afectar a otros actores cuando la alternativa resulta difícil, lenta o costosa de construir.C

Consideraciones finales

La globalización no está desapareciendo, pero sí está cambiando de lógica. La eficiencia y el bajo costo siguen siendo importantes, aunque ya no son los únicos criterios que ordenan las decisiones económicas de los Estados. La seguridad, la autonomía y la capacidad de reducir vulnerabilidades ocupan un lugar cada vez mayor.

El verdadero dilema de esta etapa no es elegir entre globalización o soberanía, ni entre mercado o Estado. Es decidir qué dependencias aceptar, cuáles diversificar y cuáles resultan demasiado riesgosas para dejarlas concentradas en manos de un solo actor.

La política de poder no está deshaciendo la economía mundial: está redibujando sus rutas, sus proveedores y sus puntos de control.

Fuentes y referencias

ASML Holding N.V. (2026). Annual report 2025: Based on IFRS. https://ourbrand.asml.com/m/6ea363f69344ebd4/original/asml-2025-annual-report-based-on-ifrs.pdf

Baldwin, D. A. (1985). Economic statecraft. Princeton University Press. https://press.princeton.edu/books/ebook/9780691204444/economic-statecraft

Bordoff, J., O’Sullivan, M.L. (2025) The return of the Energy Weapon. https://www.foreignaffairs.com/united-states/return-energy-weapon-bordoff-osullivan

Cheng, A.L., Fuchs, E.R.H. y Michalek, J.J. (2025). Author Correction: US industrial policy may reduce electric vehicle battery supply chain vulnerabilities and influence technology choice. https://www.nature.com/articles/s41560-025-01799-5

European Commission. (2023, April 18). Speech by President von der Leyen at the European Parliament plenary on the need for a coherent strategy for EU-China relations. https://cyprus.representation.ec.europa.eu/news/speech-president-von-der-leyen-european-parliament-plenary-need-coherent-strategy-eu-china-relations-2023-04-18_en

Farrell, H. Newman, A. (2025). The Weaponized World Economy. https://www.foreignaffairs.com/united-states/weaponized-world-economy-farrell-newman

Hurrell, A. (2024). Geopolitics and global economic governance. Oxford Review of Economic Policy https://academic.oup.com/oxrep/article/40/2/220/769146

International Energy Agency. (2025). World energy outlook 2025. https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2025

International Energy Agency. (2026). Global EV outlook 2026. https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2026

International Monetary Fund. (2025, 19 de diciembre). IMF data brief: Currency composition of official foreign exchange reserves. https://data.imf.org/en/news/imf-data-brief-december-19

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Kalantzakos, S. (2017). China and the geopolitics of rare earths. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oso/9780190670931.001.0001

Magnum Logistics. (2026, 14 de abril). Estrecho de Ormuz: el cuello de botella que está sacudiendo la logística mundial. https://www.magnum.com.co/2026/04/14/estrecho-de-ormuz-el-cuello-de-botella-que-esta-sacudiendo-la-logistica-mundial/

Meckling, J. (2025). The geoeconomic turn in decarbonization. Nature. https://www.nature.com/articles/s41586-025-09416-x

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Sovacool, B, K. Van de Graaf, T. (2020). Global Energy Politics. https://www.thijsvandegraaf.be/books/global-energy-politics/

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El orden global contemporáneo se caracteriza por una configuración cada vez más compleja, en la que conviven elementos propios de un concierto de grandes potencias con estructuras de alcance regional y multilateral. Esta combinación contribuye a una reconfiguración en la distribución del poder y de las capacidades dentro del sistema internacional, generando nuevos espacios de competencia, cooperación y disputa. En este escenario, los Estados que no concentran los mayores recursos materiales enfrentan el desafío de ampliar sus márgenes de autonomía y fortalecer su capacidad de incidencia frente a las grandes potencias, sin necesariamente recurrir a mecanismos de confrontación directa.

La configuración de un orden más multilateral también permite identificar la emergencia de potencias con capacidad de proyectarse más allá de su ámbito regional y participar activamente en la configuración del orden internacional. Hurrell (2006) señala cuatro características que permiten reconocer a las grandes potencias: la capacidad de contribuir a la construcción y mantenimiento del orden internacional; la existencia de un grado de cohesión interna que posibilite una acción estatal eficaz; la disponibilidad de poder económico, expresado en altos niveles de crecimiento o en la existencia de un mercado de gran escala; y, finalmente, el poder militar suficiente para competir con otras potencias dominantes en un conflicto convencional.

A partir de estas características es posible diferenciar las potencias -casi naturalmente- que disputan el juego dentro del campo global, de las potencias emergentes que, si bien poseen importantes capacidades económicas, políticas y diplomáticas, no necesariamente cuentan con recursos militares equivalentes a los de las potencias dominantes. Esta condición no supone una ausencia de poder, sino la necesidad de desarrollar mecanismos alternativos que permitan ampliar su capacidad de acción y reducir las asimetrías existentes. En este sentido, el poder puede proyectarse mediante la articulación diplomática, la participación en instituciones multilaterales, la construcción de coaliciones y la cooperación con otros Estados, generando capacidades de negociación e incidencia que trascienden los recursos materiales disponibles individualmente.

En la búsqueda por lograr una estrategia para adquirir relevancia en el sistema internacional ampliando los márgenes de autonomía sin contar con capacidades materiales equivalentes a las de las potencias dominantes y, simultáneamente, aspirar a ocupar un lugar de mayor relevancia en la estructura del poder internacional surge la aplicación de la estrategia de Soft balancing por parte de la república federativa de Brasil. Dentro de su política exterior como una potencia emergente se encuentra vinculada la dimensión de su economía, su peso regional, su capacidad diplomática y su participación en los principales espacios de gobernanza internacional.

Soft balancing: la estrategia de inserción internacional brasilera.

Históricamente, en la política exterior latinoamericana, la búsqueda de autonomía ha constituido uno de sus principales objetivos de los países de la región. En el caso de Brasil, como potencia emergente, esta búsqueda adquiere una particular complejidad debido a su posición dentro de la estructura internacional, ya que desarrolla su política exterior en dos ámbitos de poder que se encuentran estrechamente vinculados: por un lado, como actor situado entre el centro y la periferia del orden mundial; y, por otro, como conector entre la política internacional y la dinámica regional latinoamericana. Esta doble condición requiere el desarrollo de estrategias capaces de responder a diferentes niveles de poder y, al mismo tiempo, sostener el objetivo de ampliar sus márgenes de autonomía.

La aplicación del soft balancing como una estrategia de política exterior

“consiste en la utilización de las instituciones internacionales y de instrumentos legales y diplomáticos para frustrar o restringir el uso abusivo del poder y las acciones agresivas de las grandes potencias, así como para defender o hacer valer intereses propios”(Actis, 2014).

En este sentido, la estrategia brasileña se desarrolla principalmente mediante la articulación con otros Estados, la construcción de espacios de coordinación y la utilización de instituciones internacionales como ámbitos para incrementar su capacidad de negociación.

La cooperación Sur-Sur, la participación en el BRICS y la actuación dentro de organismos internacionales constituyen tres mecanismos claves a través de los cuales Brasil ha buscado fortalecer su posición frente a las asimetrías existentes en la distribución internacional del poder.

Cooperación Sur-Sur

La cooperación Sur-Sur constituye uno de los principales instrumentos mediante los cuales Brasil ha buscado ampliar sus márgenes de autonomía en el escenario internacional. Más allá de la cooperación entendida como una herramienta destinada exclusivamente al desarrollo económico o técnico, su utilización dentro de la política exterior brasileña también permite construir vínculos entre Estados que comparten determinados intereses y, a partir de ellos, incrementar su capacidad de acción colectiva.

Durante el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, la cooperación Sur-Sur adquirió una relevancia particular dentro de la política exterior brasileña. El fortalecimiento de los vínculos con países de América Latina, África y Asia permitió diversificar las relaciones exteriores de Brasil y reducir la dependencia respecto de los vínculos tradicionales con las grandes potencias. De esta manera, la cooperación funcionó no solamente como un mecanismo de acercamiento entre países del Sur Global, sino también como una herramienta para construir posiciones comunes y ampliar la capacidad de negociación de los Estados participantes.

Un ejemplo de esta estrategia puede observarse en la creación del Foro de Diálogo IBSA, integrado por India, Brasil y Sudáfrica en 2003. La iniciativa reunió a tres grandes democracias del Sur Global con el objetivo de profundizar la cooperación y coordinar posiciones en diferentes ámbitos de la agenda internacional. La articulación entre estos países permitió a Brasil incrementar su capacidad de incidencia en espacios multilaterales y promover una mayor participación de los países en desarrollo en las estructuras de gobernanza global.

El objetivo no consiste necesariamente en confrontar de manera directa a las potencias dominantes, sino en generar espacios de coordinación capaces de ampliar las alternativas disponibles para los Estados emergentes y, con ello, incrementar su margen de autonomía.

BRICS: la construcción de una coalición de potencias emergentes

La creación y posterior consolidación del BRICS constituye un eje fundamental en la construcción del soft balancing en la política exterior brasileña. La articulación entre Brasil, Rusia, India, China y, posteriormente, Sudáfrica permitió y permite construir un espacio de coordinación conjunta entre Estados con importantes capacidades económicas, territoriales, demográficas y políticas con el objetivo de generar un sistema de contrapesos en el juego de la arena global.

La importancia del BRICS, para Brasil, se centra en la posibilidad de coordinar posiciones frente a determinadas estructuras del orden internacional y promover modificaciones en instituciones que históricamente han reflejado una distribución del poder favorable a las potencias occidentales. La demanda de una mayor representación de los países emergentes en organismos como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas constituye un ejemplo de esta búsqueda.

La formación de esta coalición no supone, por lo tanto, una alianza destinada a confrontar directamente con las potencias dominantes, sino la construcción de un espacio desde el cual Brasil y sus socios pueden cuestionar determinadas asimetrías y aumentar su capacidad de incidencia.

Participación en organismos internacionales

Un tercer mecanismo mediante el cual Brasil desarrolla estrategias de soft balancing se encuentra en su participación activa dentro de los organismos internacionales. Además de la generación de una estrategia basada en la construcción de estructuras paralelas al orden existente, este mecanismo utiliza las propias instituciones internacionales como espacios desde los cuales disputar posiciones, promover reformas y construir acuerdos con otros Estados.

La participación brasileña en Naciones Unidas constituye un ejemplo central. Brasil ha utilizado históricamente los espacios multilaterales para promover una mayor representación de los países en desarrollo y defender una reforma de las instituciones de gobernanza global. Su reiterada reivindicación de un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas expresa esta búsqueda de un mayor reconocimiento de su peso internacional y de una participación acorde con las transformaciones producidas en la distribución del poder.

A su vez, la actuación brasileña en las negociaciones comerciales multilaterales permite observar otro aspecto de esta estrategia, ya que la participación en coaliciones de países en desarrollo dentro de la Organización Mundial del Comercio permitió incrementar la capacidad de negociación de Estados que, actuando individualmente, poseían una posición menos favorable frente a las grandes economías. La creación del G-20 comercial durante las negociaciones en la Ronda de Doha constituye un ejemplo de esta modalidad de articulación.

En estos casos, Brasil no busca modificar el equilibrio internacional mediante la confrontación directa, sino utilizar las instituciones, las reglas y las coaliciones diplomáticas existentes para aumentar su capacidad de negociación y cuestionar aquellas estructuras que reproducen las asimetrías de poder.

De esta manera, el multilateralismo se convierte en un instrumento mediante el cual una potencia emergente puede transformar sus capacidades diplomáticas y de coordinación en recursos de poder internacional.

La autonomía como búsqueda

El análisis de soft balancing como una herramienta de política exterior brasileña permite identificar de una manera tácita las estrategias que se utilizan dentro de las relaciones internacionales y que sirven como modelo hacia las demás potencias emergentes, en tanto busquen ampliar sus márgenes de autonomía y capacidad de incidencia dentro de un sistema internacional caracterizado por profundas asimetrías de poder.

A través de la cooperación Sur-Sur, la construcción de espacios de articulación como el BRICS y la participación activa en organismos internacionales, Brasil ha buscado transformar sus capacidades diplomáticas, económicas y políticas en recursos de poder capaces de incrementar su capacidad de negociación frente a las potencias dominantes.

Considerar al soft balancing como una estrategia permanente de la política exterior brasileña implicaría desconocer las transformaciones producidas por los cambios de gobierno. Si bien determinadas orientaciones vinculadas con la búsqueda de autonomía, el multilateralismo y la diversificación de las relaciones exteriores presentan una importante continuidad, la manera en que estas son interpretadas y utilizadas depende también de las prioridades de cada gobierno, de sus preferencias sobre la inserción internacional de Brasil y de las condiciones del sistema internacional.

Por lo tanto, el caso brasileño permite comprender al soft balancing como una estrategia flexible de inserción internacional: una forma de ejercer poder desde una posición que no dispone de capacidades materiales equivalentes a las de las grandes potencias, pero que tampoco se limita a aceptar pasivamente la distribución existente. Brasil busca, mediante la articulación de diferentes instrumentos, construir un espacio propio dentro del orden internacional y aumentar su capacidad para participar en la definición de sus reglas y dinámicas.

La relevancia de la estrategia de Soft Balancing radica, precisamente, en que permite pensar la autonomía no como una condición alcanzada de manera definitiva, sino como una búsqueda constante de mayor margen de acción dentro de un sistema internacional en permanente transformación.

Bibliografía

Flemes, D. (2010). O Brasil na iniciativa BRIC: Soft balancing numa ordem global em mudança? Revista Brasileira de Política Internacional, 53(1), 141–156. https://doi.org/10.1590/S0034-73292010000100008

Actis, E. (2014). Los tres ejes autonómicos de la política exterior de Brasil (2003-2013). Conjuntura Global, 3(1), 21-27.

Hacia el final de la serie terminamos identificando a esta ciudad como un territorio marcado por la sospecha política y la memoria colectiva de las disputas por la identidad, pero también como el hogar de numerosos viajes escolares, ropa limpia recién doblada en la mesa de la cocina y el recuerdo inocente de un primer amor.

Escrito por Sofía Landa Areses.*

La risa en tiempos de cólera

Para estas cuatro adolescentes de Derry y sus familias, la pesada política se inmiscuía en sus vitales quehaceres diarios.

Cuando un locutor de noticias informa sobre una amenaza de bomba que provoca el cierre de un puente, un personaje se queja de que eso hará que llegue tarde a su cita para hacerse el bronceado. Cuando las tropas británicas suben al transporte escolar de las chicas en un punto de control, una de las propias protagonistas afirma que algunos son hasta atractivos, “(…) I’m willing to admit it even if no one else will.” Y cómo olvidar al primo londinense de esta misma, James, quien debe quedarse en Derry por un tiempo.

La tía de James, con él al lado: “Hay veces en las que lo miro y siento… Bueno, odio puro. Tampoco lo voy a disfrazar.”

(McGee y McDonald, Derry Girls, temporada 1, episodio 5, 2018).

La serie convierte la vida adolescente en una ventana inesperadamente eficaz hacia The Troubles, el conflicto que atravesó Irlanda del Norte—o, el norte de Irlanda—durante casi tres décadas, y le permite al espectador contemporáneo un primer entendimiento sobre por qué la pregunta sobre el futuro del Reino Unido todavía está lejos de ser respondida.

La trama transcurre durante los últimos años de The Troubles, un conflicto que comenzó a fines de la década de 1960 y terminó formalmente con el Acuerdo de Viernes Santo de 1998. Su disputa central era constitucional. Por un lado, los unionistas o “loyalists”, mayoritariamente protestantes, defendían la permanencia de Irlanda del Norte dentro del Reino Unido; por el otro, los nacionalistas y republicanos, mayoritariamente católicos, aspiraban a una Irlanda unificada junto con la República de Irlanda (Mitchell, 2025).

Cabe aclarar que la distinción religiosa puede inducir a error. No se trataba de una guerra entre católicos y protestantes por motivos teológicos. Las identidades religiosas coincidían, en gran medida, con identidades nacionales y posiciones políticas. Ser protestante solía asociarse con sentirse británico y defender la Unión; ser católico solía vincularse con sentirse irlandés y cuestionar la partición de la isla. Sin embargo, esas correspondencias nunca fueron absolutas.

Fitzduff y O’Hagan en su artículo The Northern Ireland Troubles: INCORE background paper (CAIN Website, 2000) explican que, antes de la violencia, la minoría católica de Irlanda del Norte había sufrido discriminación en materia de vivienda, empleo, representación política y acceso al poder local.

El movimiento por los derechos civiles de fines de los sesenta reclamó igualdad, pero la respuesta estatal—incluidos el despliegue del ejército británico, los arrestos sin juicio y el internamiento—agravó la desconfianza. La protesta social se transformó en la excusa para violencia política, y el conflicto involucró al Ejército Republicano Irlandés (I.R.A., por sus siglas en inglés), a grupos paramilitares unionistas, y a fuerzas estatales. El resultado fue devastador: más de 3.500 víctimas mortales y decenas de miles de heridos, desplazados o afectados (Mitchell, 2025).

En Derry, la memoria de Bloody Sunday (bautizado así el 30 de enero, día en el que soldados británicos asesinaron a manifestantes civiles que se oponían a la partición en 1972) permanece como una herida central. Aun así, la serie no reconstruye ese episodio trágico ni trata de dar cátedra sobre el acontecimiento. McGee se limita simplemente a, de forma inteligente, humorística e irreverente, mostrarnos cómo una sociedad aprende a vivir y seguir cuando la violencia pública se cuela entre dramas domésticos.

La política de lo cotidiano

La gran operación política de Derry Girls consiste en negarse a presentar a sus protagonistas como símbolos solemnes. Erin no se piensa explícitamente como parte de “la juventud nacionalista”; es una adolescente convencida de que su diario contiene literatura trascendental y que se escandaliza cuando Michelle opina que algunos de los Orangemen (miembros de la Orange Order, unionista y protestante) son buenos prospectos amorosos.

Erin: “¡No te podés casar con un Orangeman, Michelle!”

Michelle: “Es una lástima, porque creo que hay algo muy sexy en el hecho de que nos odien tanto.”

(McGee y McDonald, Derry Girls, temporada 1, episodio 5, 2018).

En Michelle, el deseo está separado de posicionamientos ideológicos, y nunca desemboca en una reflexión explícita—casi siempre se nos señala lo consciente que es de la realidad política a través de bromas y quejas contra su primo inglés.

(Estudiando para su examen de historia)

James: Bueno, yo no puedo distinguir las rebeliones de los levantamientos.

Michelle: ¿Y de quién es la culpa? Si los tuyos dejaran de invadirnos durante cinco benditos minutos habría mucho menos que repasar, maldito inglés.

(McGee y McDonald, Derry Girls, temporada 1, episodio 3, 2018).

Clare lidia con su ansiedad y su sexualidad, mientras Orla parece vivir en un universo paralelo.

Esa banalidad, aunque funcional al tono ligero de gran parte de la serie, es inevitablemente política. Las preocupaciones de los cinco—exámenes, fiestas, castigos, romances y concursos escolares—ocupan el primer plano, mientras que los bombardeos, los controles de seguridad y las tropas británicas son un murmullo de fondo.

La perspectiva que propone se diferencia de la mirada habitual con la que los medios suelen abordar The Troubles. Por lo general, el conflicto político se presenta mediante informes sobre la violencia sangrienta y las tragedias, desde la carne de la confrontación (Cottle, 1997). Aunque esta mirada es importante, tiende a opacar otra igualmente relevante: la de los ciudadanos comunes y, en particular, la de los jóvenes que nacieron en medio del conflicto, crecieron afectados por él y deberán hacerse cargo de sus consecuencias en el futuro. La violencia no necesita aparecer en cada escena para ordenar la vida social. Basta con que todos sepan que podría aparecer, ofreciendo una experiencia emocional y social verosímil.

David Mitchell (2025), doctor en Ciencia Política y profesor de Resolución de Conflictos y Reconciliación en Trinity College Dublin, propone una lectura semejante desde los estudios de paz y conflicto. Para él, la televisión popular puede volver comprensibles procesos políticos abstractos al encarnarlos en personajes y situaciones concretas.

Trabajar la paz

Uno de los momentos más memorables de la serie ocurre en la temporada 2, episodio 1, donde toma lugar una actividad de convivencia entre las estudiantes del católico Our Lady Immaculate College y los estudiantes varones del protestante Londonderry Boys Academy (McGee y McDonald, Derry Girls, 2019). Uno de los coordinadores, un sacerdote católico, intenta que los jóvenes enumeren las semejanzas entre ambos grupos.

Para sorpresa de nadie, el pizarrón de las diferencias se llena, mientras que el de las similitudes permanece vacío. Los estudiantes ofrecen respuestas cómicamente específicas, desde los gustos musicales (a los protestantes no les gusta ABBA) hasta las pecas (los católicos tienen más), porque han aprendido a organizar mentalmente el mundo a partir de la separación.

La escena refleja la mentalidad de favoritismo hacia el propio grupo y de estigmatización del “Otro” que opera en todos los lugares afectados por conflictos. A pesar de ser de la misma ciudad y tener la misma edad, estos jóvenes han sido socializados con la creencia de que no tienen nada en común. El apellido, el barrio, el colegio, el equipo deportivo, el acento o la iglesia podían convertirse en indicios de pertenencia. Como explica Mitchell (2025), esas señales históricamente estuvieron asociadas al miedo, desconfianza y amenaza física.

La serie responde a esa división mediante una pequeña victoria. Cuando los tutores de los chicos son convocados por una pelea entre los adolescentes de ambas instituciones, Erin finalmente escribe “padres” en el pizarrón de las semejanzas. No es una solución mágica a ella, pero sí una grieta en la lógica de la separación.

El momento cúlmine coincide con el episodio final de toda la serie, “The Agreement”, ambientado durante el referéndum del 10 de abril de 1998 sobre el Acuerdo de Viernes Santo. El acuerdo estableció instituciones de gobierno compartido, reconoció la posibilidad de que las personas se identificaran como británicas, irlandesas o ambas, y consagró el principio de consentimiento: Irlanda del Norte continuaría dentro del Reino Unido mientras una mayoría de su población así lo quisiera, pero podría unirse a una Irlanda unificada si una mayoría votara por ello.

En ese mismo episodio, Erin afirma que si los sueños se rompen es necesario construir otros nuevos con los pedazos (McGee y McDonald, 2022).

El Acuerdo de Viernes Santo fue aprobado por referéndum el 22 de mayo de 1998 y recibió un apoyo mayoritario del 71,12% en ambos lados. Esta interpretación del Acuerdo de Viernes Santo como un arreglo constitucional disputado puede vincularse con el análisis de Jennifer Todd (2016), quien sostiene que sus principios fueron innovadores, pero que quedaron insuficientemente definidos y sujetos a interpretaciones contrapuestas. Su artículo Contested Constitutionalism? Northern Ireland and the British–Irish Relationship since 2010 sostiene que la raíz de las recientes crisis y del estancamiento político en Irlanda del Norte reside en un fallo en la redacción de las formalidades.

Vacíos y zonas grises en el Acuerdo de Viernes Santo

El acuerdo reafirmó el fundamento democrático popular de la soberanía, determinando que corresponde “exclusivamente al pueblo de la isla de Irlanda” ejercer su derecho a la autodeterminación “sin impedimentos externos”, “mediante acuerdo entre ambas partes, respectivamente” y “sujeto al acuerdo y consentimiento de una mayoría de la población de Irlanda del Norte” (párrafo 1ii).

Los principios de legitimidad, autoridad, igualdad y soberanía fueron los aspectos menos desarrollados. Así, por ejemplo, el constitucionalismo innovador del acuerdo se logró en parte mediante un desplazamiento en el concepto de “pueblo”—oscilando entre el pueblo de la isla de Irlanda y el pueblo de Irlanda del Norte—y, en parte, gracias a la distinción implícita entre el fundamento de la soberanía (basado en la autodeterminación) y el ejercicio de la misma (actualmente a cargo del Estado británico). Se declaró que la soberanía británica permanecía inalterada, aun cuando su significado parecía haber cambiado profundamente debido a muchas de las disposiciones del acuerdo.

Tampoco hubo una Carta de Derechos para Irlanda del Norte que hubiera podido desarrollar los principios del Acuerdo, ya que la Comisión de Derechos Humanos de Irlanda del Norte (NICHR) no logró recabar el consenso necesario para ello. Las disputas sobre el significado del acuerdo reflejaban la división entre unionistas y nacionalistas. Para los nacionalistas, la legitimidad de las nuevas instituciones y de la propia Unión se basaba ahora en el consentimiento expresado democráticamente por el pueblo de ambas partes de Irlanda.

Incluso para los unionistas partidarios del acuerdo, la percepción era que los nacionalistas habían aceptado la soberanía británica en aras de lograr la igualdad.

¿Qué está pasando en el Reino Unido hoy?

Varios portales online hicieron eco de la noticia el 13 de septiembre del año corriente. Según el artículo de la corresponsal política de la BBC en Gales Cemlyn Davies (2026), se sabía que Michelle O’Neill, primera ministra de Irlanda del Norte y dirigente del Sinn Féin, se reuniría el día de ayer en Cardiff con John Swinney, primer ministro de Escocia y líder del Partido Nacional Escocés, y Rhun ap Iorwerth, primer ministro galés.

La cumbre fue la primera reunión cara a cara de los partidos hermanos desde que Plaid Cymru (partido nacionalista-independentista de Gales) ganó las elecciones parlamentarias de mayo, que colocaron a los partidos separatistas en el gobierno de los tres países por primera vez. Los líderes se reunieron en su calidad de funcionarios del partido, más que del gobierno, para discutir la cooperación económica, energética e internacional, así como la autodeterminación (The Guardian, 2026).

La noticia no significa que el Reino Unido vaya a desaparecer de inmediato. “Memorando” no equivale a “referéndum”, y un referéndum no garantiza la independencia. Además, las situaciones de Escocia, Gales e Irlanda del Norte no son idénticas. La cuestión irlandesa está regulada por el principio de consentimiento del Acuerdo de Viernes Santo: la reunificación no depende únicamente de una proclamación nacionalista, sino de una mayoría democrática en Irlanda del Norte y del marco acordado entre los gobiernos británico e irlandés.

Aun así, la reunión resulta simbólicamente potente. Para Escocia y Gales, plantea el derecho de las naciones del Reino Unido a la autodeterminación. Para Irlanda del Norte, reactiva la posibilidad de cambiar el estatus constitucional a través de medios pacíficos, firme en la posición de evitar lo máximo posible recurrir a las armas.

El lado político de Derry Girls no transpira en la construcción de sus personajes como militantes de un bando u otro porque prefiere denunciar que la política lleva décadas fallando en hacer posible una vida no esté dominada por la incertidumbre y la violencia.

En el voto por la paz conviven el miedo, el cansancio, la responsabilidad y la esperanza, y la reunión que tuvo lugar el pasado lunes 14 de septiembre de 2026 en Cardiff nos recuerda que las venas abiertas de Irlanda continúan en busca de un vendaje a la medida.

*Licenciatura en Relaciones Internacionales en la Universidad Católica de Córdoba.

Referencias

• BBC News. (s. f.). First ministers of Wales, Scotland and Northern Ireland to meet in Cardiff. https://www.bbc.com/news/articles/c62enegxyl9o

• Cottle, S. (1997). Reporting the troubles in Northern Ireland: Paradigms and media propaganda. Critical Studies in Mass Communication.

• Fitzduff, M., & O’Hagan, L. (2009). The Northern Ireland Troubles: INCORE background paper. CAIN Web Service. https://cain.ulster.ac.uk/othelem/incorepaper09

• Gobierno de Irlanda. (10 de abril de 1998). Acuerdo de Belfast (Acuerdo de Viernes Santo). https://assets.ireland.ie/documents/good-friday-agreement.pdf

• McGee, L. (Guionista), & McDonald, M. (Director). (2019). Across the Barricade (Temporada 2, episodio 1) [Episodio de serie de televisión]. En L. McGee y M. McDonald (Productores ejecutivos), Derry Girls. Hat Trick Productions; Channel 4.

• McGee, L. (Guionista), & McDonald, M. (Director). (2022). The Agreement (Temporada 3, episodio 7) [Episodio de serie de televisión]. En L. McGee y M. McDonald (Productores ejecutivos), Derry Girls. Hat Trick Productions; Channel 4.

• Mitchell, D. (2025). Transition television: Teaching peace, conflict, and contemporary Northern Ireland using Derry Girls and Blue Lights. Politics. https://doi.org/10.1177/02633957251366913

• The Guardian. (14 de septiembre de 2026). Westminster’s time is coming to an end, say first ministers of UK’s Celtic nations. https://www.theguardian.com/politics/2026/sep/14/westminster-first-ministers-uk-celtic-nations-wales-northern-ireland-scotland

• Todd, J. (2016). Contested constitutionalism? Northern Ireland and the British–Irish relationship since 2010. Parliamentary Affairs, 70(2), 301–321.